Dentro de las medidas “de alivio” que Mauricio Macri anunció apenas consumada la devaluación que generó tras las elecciones primarias, apuntaba a quitar el 21% del IVA que cargaban un núcleo de productos de la canasta básica.

La idea era mitigar el proceso de inflación, y la decisión era que el gobierno nacional y las provincias asuman los costos por la reducción de ingresos.

Una buena parte de las administraciones, aunque no estaba Córdoba, realizó un reclamo en tal sentido.

Sin embargo, la Corte Suprema falló rápidamente a favor de los distritos, que se oponían a la decisión unilateral de la gestión central.

Este viernes, vía Boletín Oficial, el Gobierno salió a ampliar el decreto en cuestión, aclarando que “el Estado nacional financiará con recursos propios y cargo a Rentas Generales, respecto de todas las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los efectos fiscales” de tal medida, “mediante la transferencia de montos estimados con base en proyecciones de consumo”.