Presentado como un "aporte solidario" pero obligatorio, en mayo pasado la Legislatura Unicameral sancionó la ley 10.694, que significaba para alrededor de 25.000 jubilados y pensionados una pérdida de alrededor del 20 por ciento.

Puntualmente, lo sufrían quienes percibían dos haberes y superaban los $ 102 mil.

En ese camino, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró "inconstitucional" a la normativa en un fallo publicado este jueves, y se aguarda una pronta resolución, vía juicio abreviado.

Mientras tanto, los montos ya recortados por el Gobierno deberán ser resueltos, y no podrán continuar efectuándose.

Los afectados eran diferentes núcleos de trabajadores públicos, quienes llevaron adelante el amparo. Desde bancarios, docentes e integrantes de Luz y Fuerza hasta el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de la ciudad de Córdoba.

Ahora, en los próximos tres meses se juntarán las adhesiones de afectados para llevar adelante el proceso judicial.