Gas: empresas solicitaron porcentajes de aumentos y hubo una contra-audiencia
Se realizó la audiencia pública para analizar los ajustes a partir de abril. Entre quejas ciudadanas, el Gobierno aduce un tope del 30%.
En la ciudad de Buenos Aires, este martes tuvo lugar la audiencia pública, necesaria ante cada ajuste de tarifa en los servicios públicos, de cara a un nuevo aumento en el gas, que se producirá a partir del primer día de abril.
Allí las empresas encargadas de la prestación del servicio realizaron sus pedidos de subas, para trasladar a los consumidores, en virtud de los incrementos de costos y en el contexto de la sistemática quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional.
Encabezada por el titular del Ente Nacional Regulador del Gas, Mauricio Roitman, el cónclave se extendió varias horas y allí las firmas dieron a conocer su postura.
Días atrás, el secretario de Gobierno de Energía, Gustavo Lopetegui, dio a conocer que los nuevos costos no superarían el treinta por ciento de los valores actuales, aduciendo el complejo entramado mediante el cual se negaría a las firmas diversos ítems reclamados.
Con una tarifa dolarizada, el funcionario se había adelantado a la solicitud de las empresas, que, tal como se conoció en la audiencia pública, se ubicó por encima de esos valores. Uno de los condicionantes volvió a ser la pérdida que generó el alto proceso inflacionario.
En el acto legal hubo voces de organizaciones sociales que se siguen expresando en rechazo de una factura que está lejos de ser razonable.
Por caso Héctor Polino, de Consumidores Libres Cooperativa Limitada, se encargó en la audiencia de desmenuzar y desbaratar cada uno de los ítems en los que el Gobierno justifica las subas desde principios de 2016.
Hubo, también en Buenos Aires, en el Teatro Astros, una ‘contra-audiencia’ solicitando ‘Tarifas justas’, de la que fueron parte colectivos sociales y políticos, que intentan visibilizar la preocupación por “facturas impagables” y le intentan dar un marco legal a un reclamo conjunto.
Fernando Gray, presidente del PJ bonaerense, ubicó el reclamo en “entes de control que no dan respuesta” y funcionarios nacionales que “validan una desproporción entre lo que ingresa en una pyme y lo que puede pagar”.
