Este lunes, el International Swaps and Derivatives Association (ISDA) hizo público el resultado de sus revisiones para determinar si Argentina incurrió en un “evento de crédito” que habilita la activación de los Credit Default  Swaps (CDS) -seguros contra default, en castellano-.

Aunque el plazo de negociaciones con los acreedores del país se extendió hasta el 12 de junio y ya hubo un incumplimiento por USD 503 millones, ninguno de los tenedores de deuda de la Argentina solicitó la cesación de pagos, el Comité de Derivados para la región de América definió esta tarde que el país entró en default y habilitará el pago de los seguros.

De esta manera, luego de 48 horas de conversaciones y varios días de espera, por los encuentros remotos en el marco de la pandemia, los 14 bancos que conforman el ISDA determinaron que el país incurrió en un default y ahora los acreedores podrán acceder a sus seguros cuyo monto, según la agencia Bloomberg, alcanza los USD 1.500 millones.

Especialistas aseveran que esto no afecta económicamente al país, sino que se trata de un problema entre privados. 

Una vez que el ISDA define que un país está en default, hay un plazo de 10 días en el que se fija una fecha para realizar una subasta. A los 30 días, el tenedor del seguro cobra en efectivo. Esto no tiene nada que ver si, en el lapso de esos 30 días que define la entidad, Argentina alcanza un acuerdo con sus acreedores que le permite levantar el default. Al declararse la cesación de pagos, el que tiene el seguro va a cobrar y después volverá a cobrar lo que sea de los bonos. Así lo detalló un informe de hoy de Reserch for Traders.