Una semana cargada de situaciones conflictivas han vivido los productores rurales que desarrollan sus actividades en la zona sur y sudeste la provincia.

Por un lado deben afrontar una escalada en (aún presuntos) delitos contra los campos y sus producciones. Al incremento en los ataques contra los granos almacenados en silobolsas se han sumado incendios que traerán complicaciones a sus futuras cosechas.

Por otro lado continúa prácticamente vedado el tránsito desde y hacia la provincia de San Luis, restricción que también afecta el abastecimiento a los pueblos serranos ubicados cerca del límite conjunto.

El pasado lunes la Sociedad Rural de Río Cuarto, la Sociedad Rural de Vicuña Mackenna, el Centro de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero 158 de Achiras presentaron un amparo en la Justicia Federal ante lo que consideran un blindaje por parte del gobierno puntano.

Dicha presentación solicitaba "se restablezcan derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional, violentados por el Gobierno de San Luis al decidir bloquear sus fronteras impidiendo el ingreso desde Córdoba a la provincia de San Luis".

El juez federal de Río Cuarto decidió hacer lugar al amparo. Sin embargo, horas después, un par puntano avaló lo actuado por la administración de Alberto Rodríguez Saa.

"Hoy sigue cerrado el paso de los productores. En 100 días pudimos pasar dos veces nada más. Es muy complicado el paso de los camioneros, que deben cumplir protocolos bastante severos. Los gobiernos se tienen que poner de acuerdo porque así no podemos seguir", señala David Tonello, titular de la Sociedad Rural riocuartense. 

Previendo la continuidad de la instancia judicial, el productor destaca que no cuentan con los recursos para afrontarla. "Los animales tienen que comer y la cosecha se tiene que levantar. Si hoy está complicado imaginen en dos meses si tenemos que sembrar", afirma.

Más rigor

A comienzos de semana informes elaborados por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señalaron que durante el primer semestre del año se registraron más de 60 casos de ataques a silobolsas, lo que se traduce en más de 5.700 toneladas de granos dañadas.

Junto a tales ataques se han registrado incendios de superficies. Uno de los últimos contra el campo que Tonello posee en cercanías de Achiras.

"Es difícil cuantificar porque el daño varía mucho. En el caso nuestro se quemaron rastrojos de soja y maíz. La cosecha ya estaba levantada, pero se perdió toda la capa fértil y la materia orgánica joven que tenemos en el campo. Por cuatro o cinco años esa tierra rendirá muy por debajo del promedio. Eso significa menos entrada de dólares para el país", resume el dirigente rural.

"Respecto de la rotura de silobolsas es un daño inmanejable. Son las reservas para animales y también ingreso de divisas para el país. A eso se suma un líquido que arrojan sobre el maíz. Son pérdidas cuantiosas", añade.

En ese marco, Tonelli celebra la elaboración de proyectos que endurezcan penas contra este tipo de ilícitos, hasta aquí no precisados en el Código Penal.

"Estamos de acuerdo que deben ser castigados. Pero el problema es que no se agarra a nadie. Ya no sabemos la cantidad de roturas de silobolsas y de incendios, pero no hay nadie preso. No conocemos que nadie sea investigado siquiera", reflexiona.