Promulgan la ley que limita la deuda en dólares y acuerdos con el FMI
La normativa establece que el endeudamiento bajo ley extranjera requerirá aprobación del Congreso, como así también los acuerdos con el FMI.
A través del decreto 131, publicado este miércoles con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Gobierno nacional promulgó la ley 27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.
La normativa establece entre los puntos principales, el fortalecimiento institucional del Congreso, que será quien deba aprobar el endeudamiento en moneda extranjera, como así también los futuros acuerdos con el FMI y otros organismos internacionales de crédito.
Además, deja asentado que "dentro del presupuesto nacional, el ejecutivo deberá prever un porcentaje máximo para emitir títulos públicos en moneda y bajo jurisdicción extranjera respecto del monto total de emisiones autorizadas para ese año; y, en caso de que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso de la Nación que la autorice expresamente".
Cabe recordar que durante la presidencia de Mauricio Macri, se realizó el pago a los fondos buitres, se tomó deuda de cerca de 100 mil millones de dólares con acreedores privados y finalizó con el mayor préstamo de la historia del FMI por 44 mil millones de dólares.
Días atrás, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández había afirmado que Macri "solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional" y que Argentina se endeudó para "favorecer” su reelección, al costo de "la más asombrosa fuga de divisas que nuestro país registra". Lo hizo "con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso".
En esa oportunidad, el primer mandatario acusó a su antecesor de la "mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”, al endeudar a Argentina con 44.000 millones de dólares que se "han evaporado".
Asimismo, anunció que promoverá una "querella criminal" contra los responsables de una supuesta "administración fraudulenta" llevada a cabo por el Gobierno anterior.