El camino hacia el Nunca Más: una comisión para buscar a las y los desaparecidos
Cinco días después de asumir, Alfonsín firmó un decreto que ordenaba la conformación de una comisión de notables para “esclarecer” las desapariciones de personas. El Córdoba, a partir de testimonios de algunas víctimas, surgieron los primeros detalles de lo sucedido La Perla, La Ribera, la Casa de Hidráulica y otros centros clandestino. Este informe es parte del libro Si te dicen que no es cierto: Menorías de la Conadep Córdoba.
El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de jurar como presidente constitucional de Argentina, Raúl Ricardo Alfonsín firmó el Decreto 187 que creaba la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
La Conadep debía averiguar el destino de miles de personas que tras ser secuestradas por fuerzas de seguridad en los años de la dictadura militar que entre 1976 y 1983 sembró el terror en la Argentina, habían desaparecido.
La Conadep debía determinar además dónde estaban los niños y las niñas, hijos de desaparecidos, sustraídos a sus madres y padres en el momento de su secuestro. Recibiría denuncias y pruebas y las remitirá a la Justicia.
Y a los 180 días entregaría un informe con todo lo investigado.
Dos días antes, el 13 de diciembre, el flamante Presidente había firmado otro decreto trascendental: el 185, donde disponía que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgara a los comandantes de las tres primeras juntas militares que se sucedieron en el gobierno a partir del golpe de 1976 y que poco antes entregar el gobierno se habían autoamnistiado. Cuando el Consejo Supremo respondió que las acciones ejecutadas por los comandantes eran inobjetables, el juzgamiento pasó a la Justicia Federal donde se inició un proceso sorprendente en la historia de los crímenes contra la ciudadanía cometidos desde el Estado; un proceso comparable con los juicios de Nüremberg donde fueron condenados los criminales de guerra nazi. Para fortalecer su legitimidad, al frente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas se nombró a personalidades de la cultura, la defensa de los derechos humanos, la ciencia, los credos y el Congreso Nacional.
El escritor Ernesto Sábato, autor de Sobre Héroes y Tumbas e Informe sobre ciegos, que marcaron a varias generaciones de lectores, fue elegido presidente por el resto de los miembros. Lo acompañaban el médico René Favaloro, el matemático y filósofo Gregorio Klimovsky, los obispos Carlos Gattinoni (metodista) y Jaime de Nevares (católico) y el rabino Marshall Meyer. El radical Eduardo Rabossi, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, los ex rectores de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Colombres e Hilario Fernández Long y los diputados radicales Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte.
La Comisión funcionó en instalaciones del Centro Cultural San Martín, en Sarmiento 1551 de la ciudad de Buenos Aires. El personal del Ministerio del Interior designado para recibir los testimonios no resistió las aberraciones narradas por quienes se acercaron a denunciar. Renunciaron. Entonces, los Organismos de Derechos Humanos ofrecieron a sus jóvenes militantes, que completaron la tarea.
Unas semanas después de constituirse la Conadep, su presidente viajó a Córdoba. La provincia, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército que el general Luciano Benjamín Menéndez dirigió con ferocidad carnicera, había sido una de las más castigadas por el terrorismo de Estado.
Ernesto Sábato fue recibido por el gobernador Eduardo César Angeloz, a quien los Organismos de Derechos Humanos reclamaban por sus familiares.
Ernesto Sábato visitó los Tribunales Federales para informarse de las causas que allí se tramitaban, fue al cementerio de San Vicente; se reunió con familiares de las víctimas.
A los pocos días, el 16 de febrero de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas creó la Delegación Córdoba, cuyas actividades comenzaron a mediados de marzo.
Como en Buenos Aires, a la Conadep Córdoba la presidió un comité de notables: el arquitecto Luis Armando Rébora, del partido Demócrata Progresista. Rodolfo Barraco Aguirre, del partido Demócrata Cristiano, y del mismo partido, el ex candidato a gobernador Ángel Manzur; Albino Serafín, del Partido Intransigente. Rubén Arroyo, de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre y el Partido Comunista; Bernardino Taranto, decano de la Facultad de Arquitectura; el escribano radical Narciso Ceballos. Gustavo Monayar, ex presidente del Colegio Médico. Y los religiosos José Nasser e Ignacio Sahade (católicos), Felipe Yafe (judío) y Nélida Ritchie (metodista, y única mujer del comité de notables).
Apenas creada surgieron las dudas acerca de los recursos con los que se trabajaría. Si los proveería el gobierno provincial, o el Estado nacional. Finalmente, las autoridades de la Conadep informaron en una conferencia de prensa que el jueves 15 de marzo comenzarían a recibir las denuncias. El presidente Luis Rébora confirmó entonces que se había resuelto el problema de los recursos: se haría cargo la Nación.
Pero no tenían dónde funcionar. El gobierno de Angeloz dijo que no disponía de un sitio apropiado; que analizaba otras alternativas. Mientras, los integrantes de la Comisión recalaron en una sencilla casa prestada de Catamarca 137, propiedad de la Iglesia Metodista donde se reunía el Centro Ecuménico por los Derechos Humanos. Una situación transitoria que sin embargo se extendió hasta el final de sus funciones.
En Córdoba, a partir del testimonio de algunas de las pocas las víctimas que fueron dejadas en libertad después de vivir secuestradas en campos de concentración, se conocía la existencia de sitios como La Perla, La Ribera, la Casa de Hidráulica. Y se sospechaba de enterramientos clandestinos en fosas comunes del cementerio San Vicente.
Durante los años de la dictadura, una gran mayoría de la sociedad cordobesa había permanecido indiferente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por algo será, una frase que responsabilizaba a las víctimas y justificaba las atrocidades que padecían, se había instalado en la cultura argentina. Antes del golpe de 1976, la prensa informaba de los secuestros perpetrados por el parapolicial Comando Libertadores de América −versión local de la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A−, pero a partir de marzo de ese año, la única versión que sin preguntar publicaban los diarios eran los comunicados militares. Textuales. Nada se decía en ellos de los miles de ciudadanas y ciudadanos secuestrados y alojados en campos clandestinos, pero no podían ocultarse los fusilamientos en lugares públicos: los militares aseguraban entonces que esas muertes habían ocurrido en enfrentamientos o intentos de fuga.
Hacia el fin de la dictadura se hacía cada vez más difícil silenciar el reclamo de los familiares; algunas de sus demandas comenzaron a ser publicadas. Cuando la Conadep inició su trabajo, la información sobre campos de concentración, exhumaciones clandestinas, tormentos a detenidas y detenidos, ejecuciones, robo de niñas y niños y saqueo en las casas de los secuestrados subió a las cabeceras de los medios que en la nueva etapa constitucional fueron la divulgación amplificada de los horrores que se ventilaban en la sencilla casa de calle Catamarca.
Junto al comité de notables trabajó un grupo de funcionarios en la recepción de denuncias, chequeo de información y presentaciones ante la Justicia Federal, amén de las tareas administrativas.
Allí estuvieron María Elena Mercado, Miguel Apontes, María Pía Annone, Luis López, Mirta Mansilla, Erio Vaudagna, Francisco Lucas Delgado, Carlos A. Mahieu, Oscar Motta, Patricia del Valle Tasso, Jorge Galante, Silvia Chaves, Felipe Sipowicz y Ramón Oscar Alderete.
En Si te dicen que no es cierto, editado por la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, María Elena Mercado, Miguel Apontes, Silvia Chávez y Oscar Motta recuperan Memorias de la Conadep Córdoba, un libro homenaje a los 40 años de la democracia. Contra el negacionismo y la reivindicación de los crímenes del terrorismo de Estado.