La cochera del terror: un centro clandestino en las entrañas de la Municipalidad de Córdoba

La ciudad está minada de huellas que dejó el terrorismo de Estado. Hay algunas ignoradas, solapadas, inadvertidas para la mayoría de transeúntes. Pocos saben, por ejemplo, que en el subsuelo del Palacio Municipal y bajo las baldosas de la explanada del Paseo Sobremonte, donde miles de jóvenes se reúnen cada fin de semana, funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. 

Todavía hoy, en la esquina de Cañada y 27 de abril, un portón marca el ingreso a las entrañas del edificio de Gobierno de la ciudad: la cochera. Ese fue el lugar elegido por el Coronel Héctor Romanutti, interventor municipal en esos años, para montar salas de interrogatorio y tortura por donde pasaron centenares de empleados municipales, antes de ser cesanteados y, en algunos casos, enviados a otros centros clandestinos como La Perla, o las comisarias del interior. 

El velo de olvido sobre lo que pasó en ese lugar se va corriendo de a poco gracias a la persistencia de los sobrevivientes. Un caso es el de Miguel Pereyra. Tenía 22 años en 1976 y trabajaba en las oficinas de Estudio y proyecto de alumbrado público, en el octavo piso del Palacio 6 de Julio. Una pesada intuición le decía que la intervención militar podría incluir una razzia de empleados peronistas, como él,  pero no midió, dice ahora, el peligro que corrían.

Un día de septiembre, cinco hombres vestidos de fajina subieron a buscarlo y lo arrastraron hasta el ascensor. Miguel gritó su nombre, quería que todos lo escucharan, otros compañeros habían sido detenidos en absoluto silencio. El ascensor frenó en el subsuelo, en la cochera. Pero no fue trasladado a ningún lugar. Ese era su destino. 

En la cochera, junto a una pared del fondo, Miguel vio que habían montado pequeñas cabinas o box para separar a los detenidos. “Me metieron en un uno y me pusieron un soldado de custodia”, cuenta Miguel a Cba24n. Al lado, podía escuchar que estaba torturando a una mujer. “Estuve así hasta las cinco de la madrugada. Después llegó un superior que comenzó a interrogarme y a golpearme —dice—. Yo quedé muy mal, muy afectado por la ferocidad de las torturas, pero escuchaba que al lado mío, en otros box, estaba pasando lo mismo con otra persona”  

Miguel es uno de los tantos empleados que pasó por esa catacumba del terror. En la fiscalía federal que conduce Facundo Trotta, hay un expediente que acumula denuncias de los sobrevivientes de la cochera. Hasta el momento, la causa tiene 13 víctimas constituidas, aunque trabajan en la ampliación a raíz de otras 35 personas que pasaron por ese lugar. 

Fuentes de la fiscalía explicaron que el lugar funcionó como centro clandestino de detención desde marzo de 1976 y hasta, por lo menos, mediados de 1978. Todavía no hay personal operativo identificado ni imputado, aunque estuvo bajo el control de “las fuerzas de seguridad”, señalaron desde la fiscalía. 

Los sobrevivientes hablan de interrogatorios y torturas impartidas por “policías y soldados”. También mencionan la colaboración de personal civil, empleados del municipio, pero desde la fiscalía indican que ningún civil pudo ser identificado.

En la esquina de Cañada y 27 de abril hay una placa que recuerda a los sobrevivientes y señala el sitio. En agosto de 2020 fue destruida. “En este lugar que ahora es una área de servicio y fue un lugar oscuro, un calvario que solo ustedes sobrevivientes pueden recordar, vale la pena llevar a cabo acciones como esta para confirmar que aquí no hay olvido, acá hay memoria y queremos que se haga justicia", dijo Daniel Passerini, viceintendente de la ciudad, en el acto realizado para reponer la placa. 

En Córdoba funcionaron alrededor de 400 centros clandestinos de detención durante la dictadura Algunos fueron verdaderas máquinas de aniquilación, como La Perla, La Rivera, El D2 de Informaciones. Otros simplemente fueron espacios robados por el ejército y utilizados como casas operativas. Algunos ejemplos son la casa de barrio Observatorio donde funcionó la imprenta del PRT, o la quinta de barrio Guiñazú robada a la familia Viotti, escenario del juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 2. 

El estacionamiento de la Municipalidad de Córdoba era un espacio poco conocido. La primera en hacer una denuncia fue la ex empleada Beatriz Arguello, detenida el 29 de abril de 1976 y liberada a los pocos días. Recién en 2018, durante la gestión de Ramón Mestre, el lugar fue reconocido mediante la Ordenanza 12.669. 

Jorge Rafael Videla estuvo en la cochera y fue fotografiado junto a las autoridades locales. Fue, creen algunas fuentes, el viernes 2 de junio de 1978. Un día después, el seleccionado de Perú goleó 3 a 1 al conjunto de Escocia, en lo que fue la inauguración oficial del estadio Chateo (hoy Mario Kempes). El viaje a Córdoba del dictador fue aprovechado para dar por inauguradas varias obras. Una de ellas fue la remodelación del estacionamiento del municipio. Es posible que, para entonces, los box improvisados para detener y torturar ya no formaban parte del mobiliario. En la visita, Videla fue fotografiado mirando los detalles de la obra. Los negativos fueron rescatados por el Archivo Fotográfico Municipal y serán expuestos en una fototeca. 

La ruta Romanutti

La cochera no fue un sitio para “guardar” detenidos desaparecidos. Fue, más bien, un retén o un pasillo de distribución hacia otros centros clandestinos, cárceles y comisarías. Miguel Pereyra, que pasó un largo tiempo detenido durante la dictadura, es un incansable buscador. Luego de hablar con decenas de sobrevivientes, tiene una hipótesis: “Muchos de los trabajadores municipales que pasaron por la cochera después fueron trasladados a las distintas comisarías del territorio controlado por Romanutti, como Unquillo o Jesus María. Él era un hombre del departamento Colón”, explica Pereyra. 

Fue el caso de Juan Alberto Ferreyra, militante peronista y empleado de la Policía Municipal. El 2 de junio de 1977 Juan trabajaba junto a su cuadrilla en un control de Plaza Las Américas, cuando fueron víctimas de una trampa: “un hombre en una renoleta, sin documentos, intentó sobornarlos”, dice. Con ese pretexto, al rato llegó la policía y se llevaron a los siete trabajadores municipales.  “Primero a una oficina de la Municipalidad, un oficial nos hacía el apriete por el soborno, nos pegaron por todos lados. Después a la cochera y siguió la cosa”; cuenta a cba24n. Juan fue derivado a Unquillo, donde pasó diez días. Los otros compañeros a Salsipuedes y Jesús María. 
 

Otros empleados pasaron por La Perla o el penal de barrio San Martín. La cochera de la Municipalidad sirvió, en esos casos, como “lugar de liberación”. Es decir, era un portal de entrada y salida en el limbo de la desaparición. “Muchos compañeros pasaban tiempo en La Ribera o La Perla y después fueron puestos en libertad desde acá”, explica Pereyra. 

Lo que siguió, en el caso de los empleados, era el miedo, la clandestinidad, el desempleo, la persecución laboral en muchos casos. Cientos fueron cesanteados. 

El propio Interventor designado por Luciano Benjamín Menéndez habla de las cesantías en una entrevista brindada a Canal 10. 

 —Señor intendente se rumorea a nivel público en nuestra ciudad que se han producido importantes cesantías de empleados en la municipalidad de córdoba ¿Cuál es la verdad de este tema?

Romanutti, incómodo, contesta:

 — Bueno. Yo no sé a qué le llama importante usted. 

 —El comentario de la calle señor coronel, extraoficial por supuesto, hablaba de más de 500 cesantías.

 —Bueno se han producido, yo no sé si son importantes o no. Se va racionalizando con justicia. Son 197— acepta. 

Durante la gestión de Luis Juez, con Luis “Vitín” Baronetto como secretario de derechos humanos, hubo varias políticas para tratar de reconocer a los empleados perseguidos y cesanteados. Pero no alcanzó a todos. Pese a que la Municipalidad de Córdoba fue reconocida como centro clandestino de detención en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), muchos sobrevivientes siguen esperando el beneficio reparatorio del Estado nacional.