Cómo acabar de una vez por todas con la democracia

En los comienzos de la guerra fría en 1947, EE.UU temía la expansión de la Unión Soviética y decidió establecer una estrategia de contención, que consistía en elaborar acuerdos regionales en diferentes partes del mundo.

Así surge la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a través de un acuerdo con los países europeos, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO por sus siglas en inglés, el Acuerdo Angloamericano del Petróleo de 1944, basado en negociaciones entre los Estados Unidos y Gran Bretaña sobre el control del petróleo de Medio Oriente, y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) con América Latina y el Caribe.

EE.UU consideraba que había dos grupos claves para contener la expansión de la izquierda en la región, uno el de los militares y el otro el de los intelectuales y académicos.

Se crea entonces una serie de programas especiales de entrenamiento para ambos grupos.

Para los militares, la Junta Interamericana de Defensa, la Escuela de las Américas, ejercicios conjuntos anuales realizados con las fuerzas de seguridad de EE.UU y las de los países de la región y operaciones de ventas de armamentos y equipamiento militar para las fuerzas de seguridad que deberían reprimir las manifestaciones populares en nuestros países.

En el terreno académico, empezaron con programas de becas y de intercambio, y de trabajos conjuntos de cooperación en el ámbito universitario que llevaron a miles de jóvenes a estudiar a los EE.UU, para volver más tarde como funcionarios de gobierno en sus países.

EE.UU fue perfeccionando el proceso hasta iniciar, hace un par de décadas y a través del Departamento de Estado, el programas de Buenas Prácticas que lleva a EE.UU a jueces y fiscales, académicos universitarios, legisladores y periodistas. Todos se especializan en sus respectivas profesiones siguiendo las normas de calidad que sugieren sus benefactores.

De ésta manera, en América Latina se ha formado una sociedad integrada por funcionarios del Poder Judicial, legisladores y periodistas, que son los protagonistas desde 2009 de los golpes de estado producidos en la región, reemplazando a la perimida costumbre de usar militares para tal fin.

Así se habría destituido a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a la propia Dilma Rousseff en Brasil y se encarceló al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas y a centenares de militantes de izquierda.

Una de sus acciones más importantes fue el proyecto “Puentes”, que consistió en asesorar a integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la región. El discípulo más destacado fue el juez Sergio Moro, impulsor de la “causa Lava Jato”, quien condenó a Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años de prisión.

Lawfare

Estos son los impulsores del Lawfare, contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica” lanzada oportunamente contra oponentes políticos, utilizando indebidamente los procedimientos legales pero dando apariencia de legalidad.

Este neologismo aparece por primera vez en un artículo de 1975, escrito por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, titulado “Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity”. Ambos consideraron que la búsqueda de la verdad había sido sustituida por una especie de “guerra” llevada adelante en los tribunales.

El documental brasileño traducido con el nombre de "Al filo de la democracia" “("Democracia em Vertigem"), de la realizadora Petra Costa, producido por Netflix, relata cuando el ex obrero metalúrgico y líder sindical Lula da Silva fue elegido presidente, develando la campaña contra el Partido de los Trabajadores (PT), la operación Lava Jato, el proceso judicial contra Lula y el juicio político contra Dilma, hasta desembocar en el crecimiento del ultraderechista Jair Bolsonaro, actual presidente del país.

Es muy saludable ver una y varias veces este documental en nuestro país, donde tenemos un dispositivo mediático y judicial que opera contra el gobierno de Alberto Fernández desde el inicio de su gestión.

Alberto Fernández tuvo que enfrentar la pandemia de Covid-19 a tres meses de haber iniciado su gobierno.

El 20 de marzo de 2020 anunció la instalación de una cuarentena de un mes para tratar de contenerla y sólo diez días después del comienzo, la oposición impulsó una serie de cacerolazos que siguieron hasta fines de mayo, cuando se dio a conocer una carta pública firmada por alrededor de 300 académicos, periodistas, actores, artistas y científicos del CONICET, que se tituló La democracia está en peligro, un duro documento contra el Gobierno que sostiene que la Argentina vive “una infectadura”. Esta carta deja expuesta la connivencia mediático-judicial tendiente a desestabilizar al oficialismo.

Los ataques de la oposición no cesan y continúan hasta hoy, con manifestaciones en las calles, escraches y movilizaciones en auto, acusando al gobierno nacional de no conseguir vacunas, sabiendo que escasean en todo el mundo.

Además, descalificaron algunas de las vacunas conseguidas por el gobierno aunque luego se haya logrado demostrar su real eficacia, como es el caso de la Sputnik V. 

Mintieron mediáticamente sobre la compra de la vacuna china Sinovac, de escasa eficacia, cuando la adquirida era la Sinopharm, de excelente calidad.

Ahora la batalla se plantea alrededor de la presencialidad en las escuelas.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se niega a obedecer el DNU del gobierno nacional e implementar medidas que puedan frenar los contagios.

La Corte Suprema de Justicia, una vez más, trata de horadar la autoridad del Gobierno Nacional sosteniendo su postura con la complicidad de un Poder Judicial que sigue respondiendo a la oposición.

Bienvenidos entonces los documentales como “Al filo de la democracia”, que nos permiten estar atentos en esta parte del mundo, donde a la hora de los golpes de Estado siempre hay un lacayo que deja la mesa servida.