El Nunca Más de las Locas: resistencia y deseo en la última dictadura

La dictadura había terminado y la promesa de felicidad que traía la democracia avivó la esperanza de maricas, travestis y lesbianas de caminar libres finalmente. Apenas asumido, el gobierno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín anunció un plan para juzgar a los militares que habían tomado el poder entre 1976 y 1983. Pero para juzgar, primero había que tener una lista de los crímenes, y así nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (conadep). La Comisión se creó cinco días después de la asunción de Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, y tuvo a su cargo entrevistar a quien quisiera denunciar las vejaciones, torturas y desapariciones de los años anteriores.

Alfonsín derogó la “ley de autoamnistía” y ordenó, con los decretos 157 y 158/83, enjuiciar a las tres primeras Juntas Militares de la dictadura a la par que a siete jefes guerrilleros, lo que equiparaba responsabilidades en una supuesta guerra donde no se reconocía el poder de las maquinarias del Estado. Esta posición fue conocida como la “teoría de los dos demonios” y tuvo su eco en el prólogo a la primera edición del Nunca Más que comienza diciendo “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”.

Para trascender las grietas del momento, Alfonsín llamó un grupo de personalidades para integrar la conadep. En ese entonces, se presentaban fuertes tensiones entre el peronismo y el antiperonismo. Estaban aquellos que señalaban a la Triple A como iniciadora de la dictadura y denunciaban la complicidad civil, frente a otros grupos que denunciaban al gobierno de Jorge Rafael Videla como autor intelectual de las violaciones a los derechos humanos y preferían juzgar primero a los militares. A excepción de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (apdh), “los organismos rechazaron la conadep sosteniendo que el parlamento era el ámbito ‘natural’ de investigación y que solo una comisión bicameral tendría atributos coercitivos para citar a los militares a declarar, realizar inspecciones sin aviso y condenar políticamente al terrorismo de Estado”.2 Alfonsín no quería una bicameral para esquivar tensiones entre los flamantes legisladores y las Fuerzas Armadas, pero como demostración de voluntad incluyó a tres representantes de cada Cámara a participar del Informe.

Podes leer Putos, gay, tortilleras, invertidos: un libro sobre los excluidos de la historia oficial

Por parte de Madres de Plaza de Mayo había rechazo a la forma en que se avanzaba en los juicios. Repudiaban la creación de la conadep en vez de una bicameral y desconfiaban sobre el hecho de dejar una lista que pudiera volverse en contra si caía en manos vengativas. La presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, criticaba en particular la postura de Alfonsín, ya que la consideraba funcional a los intereses de los genocidas: “Nosotras le dijimos que no se olvidara que él es presidente por voluntad del pueblo, no de los militares, y que será el pueblo, del que nosotras las madres somos parte, quien tendrá que defenderlo a él y a la democracia si es que los militares nuevamente, tal como es su costumbre, se deciden a violentar las instituciones”.3 El 20 de septiembre de 1984, cuando se organizó una marcha para acompañar la entrega del Nunca Más al presidente, las Madres se movilizaron al Parque Lezama manifestando su repudio.

Otro de los miembros era el rabino Marshall Meyer, fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos y reconocido por ayudar dentro de su comunidad a quienes sufrían persecución por la dictadura.

Meyer fue el único dentro de la CONADEP que habló de una violencia específica a las personas LGBT+ durante esos años. Eso mismo repitió en una entrevista publicada por la revista NX, en marzo de 1996: “La Comisión había detectado en su nómina de diez mil personas desaparecidas a cuatrocientos homosexuales. No habían desaparecido por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento, como el de los detenidos judíos”.

En nueve meses la Comisión recibió 7000 testimonios, documentó 8961 desapariciones y reunió pruebas de 365 centros clandestinos de detención y tortura. Hicieron un documental que se transmitió por Canal 13 y tuvo un récord para la época: lo vieron 1 600 000 personas. Al comienzo del programa habló el entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli, que argumentó con la teoría de los dos demonios. “Una orgía de sangre y muerte donde el único lenguaje era el del fuego y de la muerte”, fueron las palabras del ministro, en referencia a los enfrentamientos y secuestros previos a la dictadura.

Para la comunidad lgbt+ todo lo que podía ser primavera quedó marchito con Tróccoli, que representaba a la facción más conservadora del gobierno alfonsinista. Su idea de la democracia estaba asociada al orden moral y fomentaba las razias a la comunidad lgbt+, dando el visto bueno para la aplicación de los edictos 2F y 2H (escándalo público: incitación al acto carnal y vestir prendas contrarias al género). Incluso hay quienes dicen que durante los primeros años de democracia la persecución por parte de la policía y las “brigadas de moralidad” empeoró, ya que según el ministro todo era válido para terminar con la desviación de los valores naturales. “La homosexualidad es una enfermedad y nosotros pensamos tratarla como tal”, diagnosticó en una entrevista.

En septiembre de 1984 la conadep presentó el informe de las denuncias y de sus inspecciones a los centros clandestinos. Por sugerencia del rabino Meyer lo llamaron Nunca Más,6 un lema que ya había usado el Gueto de Varsovia para repudiar al genocidio nazi. El acto fue en Casa Rosada y al lado de Alfonsín, en primera plana, estaba Tróccoli. Es probable que muchas de las desapariciones y arrestos no tuvieran un solo motivo y por eso se haya invisibilizado. Por ejemplo, el periodista Enrique Raab figura en la lista de desaparecidos que armó la conadep con el número de legajo 276, pero al ser militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo (prt-erp), ¿cómo saber cuál fue el motor de su secuestro?

Raab era un periodista todo terreno: escribió igual de puntilloso la temporada teatral de Mar del Plata para el diario La Opinión y los artículos de la revista Nuevo Hombre, que era parte del prt-erp. El Nunca Más lo pone en el apartado de periodistas desaparecidos y cuenta que el 16 de abril de 1977 rodearon su casa del bajo porteño, ametrallaron la puerta y “encapucharon a ambos residentes, Raab y Daniel Girón”. El dato que falta es que Raab y Girón vivían juntos porque eran orgullosamente pareja, y todo su entorno (y muy probablemente la Comisión que redactó el informe) lo sabía. A la semana del secuestro, Girón fue liberado de la Escuela de Mecánica de la Armada (esma) y Raab permaneció desaparecido. El 21 de abril una publicación del diario El País de España difundió en solitario otra versión: “El cadáver del periodista argentino Enrique Raab apareció ayer en los suburbios de Buenos Aires”.

Para algunos militantes de la época, como Héctor Anabitarte –uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual (flh)–, la persecución no se iniciaba por motivos relacionados al género o la sexualidad, aunque no ser heterosexual podía empeorar las cosas. “Yo no estoy seguro de que haya habido una persecución específica contra  los homosexuales. Enrique Raab desapareció… estaba en el erp. Yo creo que desapareció porque estaba en el erp, no porque fuese homosexual. De todas maneras, me parece que es un agravante ser homosexual”, dijo Anabitarte en una entrevista.

En el modelo de ciudadanía de la dictadura lo que a simple vista no sumaba, debía borrarse. No había espacio para el deseo, y ahí es donde entró la persecución a las personas que con sus prácticas cuestionaban la norma heterosexual. Desde los primeros meses del gobierno militar los centros de detención específicos para presos políticos empezaron a mezclarse con personas que llegaban por otras razones. Las travestis y trans que denunciaron persecución durante la dictadura son una prueba: en el centro de Rosario, por ejemplo, donde hoy está la casa de gobierno, existió un piso reservado para personas “amorales”.

“Había una policía especial que nos perseguía, la división de Moralidad Pública. Era una constante, se paraban con los Falcon verdes en la puerta de la pensión y hacían guardia hasta que saliéramos. Nosotras íbamos a comprar el pan y si nos agarraban no volvíamos más: nos daban hasta 120 días de arresto”, contó Carolina Boetti el día que le entregaron la pensión por haber sido detenida durante la última dictadura.11 Al momento, solo en Santa Fe, hay más de veinte casos registrados similares al de ella. Y a nivel nacional, en 2022, se dieron las primeras pensiones que reconocen el terrorismo sexogenérico.

Valeria estuvo detenida en el Pozo de Banfield en 1976 y 1977, a donde la llevaban después de levantarla en la ruta donde hacía parada. “En ambas detenciones en el Pozo de Banfield el aislamiento fue total, ni siquiera pude ver a mis compañeras, estaba incomunicada. Las únicas personas que vi eran policías, vestían uniformes y el trato con ellos era solo para violarme”, dice su declaración.

Historias de exilio hay muchas. A fines de la década de los setenta, Brigitte Gambini escapó primero a Uruguay y después estuvo radicada en París. En 1989 el diario Clarín le hizo una entrevista,13 donde denunció diecisiete compañeras trans desaparecidas por la dictadura, entre ellas, su amiga Jeannette Derganz: “Todo ello a causa del travestismo y nada más, pues nosotras podíamos probar el ser artistas auténticas, no ejercer la prostitución ni provocar escándalos públicos y, lo más importante, jamás habíamos tenido ideas ni vinculaciones políticas”.

Si bien el circuito contravencional y el de las desapariciones no se cruzaba todo el tiempo, los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (dippba) son un documento que prueba persecución específica por motivos sexogenéricos. En las fichas de la dippba se marcaba si las personas eran “homosexuales”, “invertidos”, de “comportamientos amanerados”, “afeminados”, “lesbianas” o “marimachos”, entre otras clasificaciones. Los archivos de la dippba no se limitan a la dictadura –de hecho, muestran que la persecución se inició con anterioridad y, luego, se mantuvo–, pero sientan una prueba de que entre 1976 y 1983 los motivos sexuales convivían con los argumentos políticos para encarcelar.

Mientras travestis y maricas eran detenidas con la aplicación de edictos, el pensamiento falocéntrico asignaba otro rol a las lesbianas, tanto desde las organizaciones revolucionarias como dentro del aparato represor. Si de un lado estaba la perversión incurable, que veía en homosexuales a enfermos o sádicos, del lado lésbico había esperanza: se decía que “podían ser curadas, seguramente no habían probado un buen hombre”. Pocos pronunciaban el término “lesbiana”, como si fuera una palabra prohibida, y aunque estuviera claro que dos mujeres juntas eran una pareja, por lo general, se forzaba la interpretación para percibir que se trataba de “amigas íntimas”, borrando todo potencial sexual.

Las islas del Tigre, con sus dificultades de acceso y la potestad jurisdiccional de Prefectura, fueron un espacio elegido por muchos para camuflarse. Y no solo eso: varios testimonios le imprimen un tono de leyenda a las fiestas y carnavales que se hacían en plena dictadura, cuando algunas ramas del Delta del Paraná se habían poblado de parejas y comunidades que resistían lejos del horror a tan solo una hora de viaje.

Para la Junta Militar la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas fue un último intento para quedarse ocupando un poder que en la práctica ya no estaba legitimado por la sociedad. La revuelta nacionalista que generó el anuncio de la recuperación del territorio ocupado, y el acompañamiento mediático que convirtió a la guerra en una gesta heroica, nada tenía que ver con las condiciones a las que fueron expuestos los combatientes. Violaciones y torturas hechas por sus propios jefes de mando quedaron silenciados por la naturalización de las “leyes de la guerra”, y tampoco fueron un capítulo del Nunca Más.

Este libro parte del trabajo que inicié en 2013 en la Agencia Nacional de Noticias Judiciales Infojus Noticias, espacio cuyo lema era “detrás de los expedientes hay personas”. En esa redacción, donde se intentaba dar una impronta narrativa y accesible a las noticias de los tribunales –y sumarse así al intento de “democratizar la justicia”–, tuve un acceso frecuente a los archivos desclasificados de la dictadura y los juicios de lesa humanidad. También escuché por primera vez en una marcha la frase de los 30 400, que fue usada por muchas organizaciones para visibilizar la falta de perspectiva lgbt+ al analizar la historia reciente. Aportaron a estas páginas las notas hechas para el Suplemento SOY del diario Página/12, las investigaciones publicadas en la agencia LatFem y la Red Latinoamericana de Periodismo Judicial Cosecha Roja.