El gobierno de Alberto Fernández sumó un nuevo punto de tensión en la región, en esta oportunidad con el Gobierno de Chile. El ministro de Justicia de la administración de Gabriel Boric, Luis Cordero Vega, calificó de “impertinente” una declaración del presidente argentino, quien firma una misiva confeccionada por el Grupo de Puebla, en la que acusa al Poder Judicial chileno de “perseguir opositores”. 

“Impertinente e impropios”, calificó el ministro trasandino, al desestimar las afirmaciones del mandatario argentino

En una entrevista con la TV chilena, Cordero Vega manifestó su rechazo a las definiciones de Alberto Fernández, quien acusó a la Justicia chilena de ponerse “al servicio de quienes persiguen opositores”, en relación a la extensión del caso contra el ex candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami. Ominami fue uno de los referentes del Grupo de Puebla que el martes pasado, junto a Cristina Fernández de Kirchner, estuvo presente en el III Foro por los Derechos Humanos.

“Nosotros tenemos un Poder judicial independiente, una autonomía garantizada del Ministerio Público y un sistema institucional sobre el cual podemos tener comentarios o críticas”, Cordero Vega

“Uno debe ser respetuoso de las instituciones nacionales”, dijo Cordero Vega en diálogo con Tele 13 Radio, y fue un poco más allá: “Para mí, sería igualmente incorrecto pronunciarme sobre la controversia que el presidente Fernández tiene con la Corte Suprema de su país”.

Alberto Fernández junto a Baltasar Garzón. El presidente recibió a los miembros del Grupo de Puebla que participaron del III Foro Mundial de Derechos Humanos. Foto: Télam.
Alberto Fernández junto a Baltasar Garzón. El presidente recibió a los miembros del Grupo de Puebla que participaron del III Foro Mundial de Derechos Humanos. Foto: Télam.

Los cruces diplomáticos se dan luego de la decisión de los tribunales de Santiago de aplazar el juicio del caso SQM, que involucra al excandidato presidencial, el ya mencionado Ominami, miembro también del Grupo de Puebla.

El texto del Grupo de Puebla encuadraba la investigación contra el dirigente Ominami como otro “caso de lafware” y atribuía su avance al hostigamiento de fiscales vinculados con el expresidente Sebastíán Piñera.