La subida del precio de los alquileres es una epidemia que se expande por diferentes puntos del mundo. La respuesta a este grave problema para los ciudadanos no es uniforme y depende de cada administración. En Andorra, la reacción ha sido la prohibición de la compra de viviendas a personas extranjeras.

Lo anunciaba el Gobierno andorrano que preside Xavier Espot hace unos días y ha sido aprobado por el Consejo General del Principado: se ha decretado una moratoria por la que se suspenden transitoriamente "las autorizaciones de inversión extranjera en inmuebles", es decir, se prohíbe temporalmente la compra de viviendas por extranjeros por un periodo desconocido pero que en ningún caso será menor a tres meses.

Tal y como explicó en un comunicado el Govern de Andorra, esta moratoria es el "paso previo necesario durante este otoño para el establecimiento de un tributo sobre la inversión extranjera en inmuebles", por lo que se mantendrá hasta que se diseñe una ley que apruebe un impuesto a la compra de viviendas por parte de extranjeros, un impuesto que podría llegar a alcanzar el 10%.

En paralelo, el Govern está diseñando otro impuesto que gravará las ventas de viviendas "antes de un periodo determinado", un periodo que podría ser de 10 años, pero que será negociado, al igual que el tributo destinado a la compra, durante este otoño.

Este paquete de futuras medidas tienen como objetivo principal combatir la especulación inmobiliaria que ha provocado un problema para los ciudadanos en el país andorrano: la creciente dificultad para encontrar una vivienda de alquiler y el alto precio de las viviendas en alquiler.

Durante la pandemia de coronavirus, el Govern de Andorra decidió congelar el precio de los alquileres y esa medida se ha mantenido hasta la actualidad (aunque se prevé esa descongelamiento de forma paulatina), aunque no ha tenido el impacto deseado porque ha traído como consecuencia la reducción de la oferta de alquileres y, por ende, el aumento de los precios.

Es por eso que, de acuerdo con la información del Govern, el dinero recaudado por los dos tributos que se han planteado se destinará en parte a la creación de un parque de vivienda pública de alquiler, crear infraestructuras y programas de diversificación económica, ya que la construcción es una de las actividades más desarrolladas en el país andorrano.

Fuente: El Economista (España).