La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, ha denunciado que han muerto 18 personas este domingo en Myanmar (la antigua Birmania), en la jornada más violenta y sangrienta de las protestas contra el golpe de Estado que tuvo lugar el 1 de febrero y contra la junta militar que dirige ahora el país.
Según la Oficina de la ONU, que cita “información creíble recibida por este departamento”, además de las víctimas mortales, 30 personas han quedado heridas de diversa gravedad, en lo que supone una escalada de la represión policial y del Ejército contra los manifestantes.

“El día ha sido muy intenso. Están lanzando gases lacrimógenos por todas partes y disparando con armas de fuego. He podido llegar a casa a salvo, pero algunos de mis amigos y sus conocidos han sido detenidos”, cuenta Terry por mensaje desde Yangón, la mayor ciudad birmana, donde ha ido escalando la violencia desde la noche del jueves. Este estudiante de 20 años asegura que hay “gente encerrada en centros comerciales, con la policía haciendo guardia fuera para que no se escapen”.

Los peores incidentes, según los medios birmanos, parecen haber ocurrido en la ciudad de Dawei, en el sur del país, donde los disparos de las fuerzas de seguridad para disolver la concentración han dejado al menos tres muertos, según la agencia de noticias independiente Myanmar Now y la agencia AFP, y al menos una docena de heridos.
La agencia francesa cita a un voluntario de los servicios de asistencia, Pyae Zaw Hein, que asegura que los tres fallecidos fueron “alcanzados por disparos de fuego real”, y los heridos quedaron alcanzados por balas de caucho. Las imágenes de vídeo muestran violentas cargas de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

El periódico The Irrawaddy, por su parte, habla de seis posibles víctimas mortales por las armas de fuego de la policía: una en Mandalay, la segunda ciudad más poblada del país, al recibir un balazo en la cabeza; dos en la región de Bago, en las cercanías de Yangón, y otros tres -―dos jóvenes y una maestra― en la propia Yangón, la capital económica de la antigua Birmania.

También se han producido incidentes con heridos en las ciudades de Lashio y Taunggyi, según el digital Frontier Myanmar. Imágenes y retransmisiones en directo distribuidas por las redes sociales muestran cómo las fuerzas de seguridad han utilizado gas lacrimógeno contra los manifestantes en Yangón, y un cañón de agua en Mandalay. Al menos tres periodistas han sido detenidos, según AFP: un fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press, y dos de los medios locales Myanmar Now y Myanmar Pressphoto. 

Las manifestaciones de protesta contra la junta militar se suceden diariamente por todo el país desde el golpe del 1 de febrero que depuso al Gobierno civil de la Liga Nacional para la Democracia, encabezado de hecho por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. La policía y el ejército reprimen cada vez con mayor dureza las protestas, en las que hasta ahora habían perdido la vida tres manifestantes y un policía.

La resistencia generalizada a la junta militar se extiende a altas esferas. Este fin de semana, el embajador birmano ante Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, instaba por sorpresa a la ONU a utilizar “todos los medios necesarios” para neutralizar el golpe de Estado.
En un discurso ante la Asamblea General, que terminó con el saludo de los tres dedos que se ha convertido en el símbolo de las protestas, aseguró que hablaba en nombre del Gobierno depuesto al declarar: “Necesitamos la acción más firme posible de la comunidad internacional para poner fin de inmediato al golpe militar, para dejar de oprimir a la gente inocente y para restablecer la democracia”. El mismo sábado, la televisión estatal birmana anunciaba que Kyaw Moe Sun había sido cesado por los mandos militares del país.

La junta militar también ha incrementado su campaña de detenciones contra activistas y quienes participan en las protestas. Según la cadena de televisión estatal, 479 personas quedaron arrestadas este sábado por “protestar contra el Estado”. Su número se suma a las más de 850 personas detenidas, imputadas o condenadas por su implicación en las manifestaciones, según la Asociación de Ayuda a los Prisioneros Políticos (AAPP) de Birmania.

La escalada ha suscitado la condena de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. En un comunicado, la portavoz Ravina Shamdasani exigió a los militares el “fin inmediato de la fuerza contra los manifestantes pacíficos”. “El pueblo birmano tiene derecho a reunirse pacíficamente y exigir el retorno de la democracia. Estos derechos deben respetarse por parte del ejército y la policía, no ser recibidos con una represión violenta y sangrienta”.

“La clara escalada de las fuerzas de seguridad de Myanmar en el uso de fuerza letal en múltiples ciudades y localidades del país en respuesta a manifestantes contra el golpe, en su mayor parte pacíficos, es escandalosa e inaceptable, y debe detenerse de inmediato. El fuego real no debe utilizarse para controlar o dispersar protestas, y la fuerza letal solo puede usarse para proteger vidas o prevenir heridas graves”, ha declarado en un comunicado Phil Robertson, subdirector para Asia de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch.