Los asesinatos de defensores del medio ambiente y la tierra alcanzaron un nuevo récord el año pasado, ya que la violenta apropiación de recursos en el sur continuó sin cesar a pesar de la pandemia.

Nuevas cifras publicadas por Global Witness muestran que 227 personas murieron en 2020 mientras intentaban proteger bosques, ríos y otros ecosistemas de los que dependía su sustento. Del total, 164 crímenes fueron perpetrados en América Latina.

No hubo ninguna muerte en Estados Unidos ni en Europa. Los autores del reporte señalan que los conflictos relacionados con el medio ambiente y la crisis climática, afectan de manera desproporcionada a las naciones de menores ingresos. Las comunidades indígenas sufrieron más de un tercio de los asesinatos, a pesar de que representan solo el 5% de la población mundial.

La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente retratados por Global Witness en 2018

“En promedio, nuestros datos muestran que cuatro defensores han sido asesinados cada semana desde la firma del acuerdo climático de París [en 2016]”, dice el informe. 
"A medida que la crisis climática se agrava, los incendios forestales arrasan zonas del planeta, la sequía destruye las tierras agrícolas y las inundaciones dejan miles de muertos, la situación de las comunidades y los defensores de la Tierra está empeorando".

El recuento anual de víctimas ha aumentado durante los últimos dos años y ahora ya es el doble que en 2013. Y se tiene la certeza que las cifras no dan cuenta del total porque el cálculo depende de la transparencia, la libertad de prensa y los derechos civiles, que varían considerablemente de un país a otro.

Como en años anteriores, América del Sur y Central, hogar de la biodiversidad y el bosque intacto más ricos del mundo, fue la región más mortífera para quienes intentaban resistir la minería, la tala y la agroindustria.

Por país, empezando por América Latina

Colombia encabezó la lista con 65 muertes, continuando una tendencia agravada desde el acuerdo de paz de 2016 que alivió el conflicto entre el gobierno y los rebeldes de las Farc, pero abrió franjas del país a las industrias extractivas y una mayor tensión por los recursos. 

Las víctimas incluyen al biólogo Gonzalo Cardona, a quien se le atribuye haber salvado de la extinción al loro orejudo, asesinado por una banda criminal, y al guardabosques Yamid Alonso Silva, asesinado cerca del parque nacional El Cocuy. Es tal el nivel de violencia e intimidación que un niño de 12 años, Francisco Vera, ha recibido amenazas de muerte anónimas en Twitter por su activismo.

La segunda nación en este triste listado fue México, donde 30 defensores perdieron la vida. Entre ellos se encontraba Óscar Eyraud Adams, un indígena del territorio Kumiai en México, quien protestó cuando sus cultivos se secaron luego de que la fuente de agua comunitaria fuera desviada hacia áreas más ricas y una fábrica de Heineken. Fue baleado el 24 de septiembre en Tecate, Baja California por sicarios que llegaron a esta casa en dos vehículos con parabrisas polarizados.

El tercero fue Filipinas con 29 muertos. También sufrió la mayor cantidad de masacres desde que existe el registro. El más impactante ocurrió el 30 de diciembre cuando el ejército y la policía masacraron a 9 indígenas tumandok que se habían resistido al proyecto de una gigantesca represa en el río Jalaur, en Panay.

Brasil fue el siguiente en el ranking mundial con 20 asesinatos. El número de muertos en Brasil ha disminuido ligeramente en los últimos años, aunque el conflicto se ha escalado bajo el presidente Jair Bolsonaro, adquiriendo nuevas formas.

En lugar de ataques ilegales a pequeña escala a nivel local, el asalto a los defensores ahora toma la forma de proyectos de ley y leyes en el Congreso que socavan las protecciones ambientales y territoriales. “En los últimos años en Brasil, hemos visto políticas de expansión agresiva”, dijo la coautora Rachel Cox. “Están utilizando mecanismos legales. Es un tipo de ataque diferente: la criminalización y el socavamiento de los derechos políticos de los defensores”.

Nicaragua, con 12 asesinatos, fue el país con la tasa más alta se asesinatos per cápita y uno de los puntos críticos de más rápido deterioro, con más del doble de asesinatos que el año anterior. 

La pandemia no los detuvo

Las cuarentenas y medidas restrictivas por la pandemia parecían haber proporcionado un pequeño respiro a los defensores del ambiente, pero al mismo tiempo abrió un nuevo territorio para los acaparadores de tierras y los cazadores furtivos. 

“Se suponía que 2020 sería el año en que el mundo se detuvo, pero esto no se tradujo en menos ataques”, dijo Madden. “En algunos países se cerraron las protestas mientras se permitía que las industrias continuaran. Lo vimos con la minería en Filipinas y una mayor invasión en el Amazonas ".
En algunos casos, el bloqueo puede incluso haber empeorado las cosas al facilitar que los asesinos sepan dónde encontrar sus objetivos y al hacer que los activistas sean más vulnerables a los ataques digitales.

El veterano activista medioambiental Bill McKibben culpó a la explotación de recursos por parte de empresas de países ricos. En un prólogo del informe, escribió: “Las corporaciones deben ser más responsables y deben tomar medidas. Sobre todo porque las personas que habitan estos lugares nunca comparten realmente las riquezas que allí se producen: el colonialismo sigue siendo fuerte, incluso si está disfrazado con logotipos corporativos o escondido con cuentas bancarias en el extranjero. Mientras tanto, el resto de nosotros debemos darnos cuenta de que las personas asesinadas cada año por defender sus lugares locales también están defendiendo nuestro planeta compartido.”.

El reporte de Global Witness 2020 ya mostraba un escenario preocupante para la defensa del ambiente. Imagen: portada reporte Global Witness.
El reporte de Global Witness 2020 ya mostraba un escenario preocupante para la defensa del ambiente. Imagen: portada reporte Global Witness.