Luego de la decisión del gobierno nacional de de retirar los subsidios a los combustibles, quedaba pendiente establecer el impacto de esta medida sobre los medios de transporte público, que incluyen colectivos urbanos, intercantonales y el Metro de Quito.

Originariamente la Agencia Nacional de Tránsito había elevado las tarifas, estableciendo de ese modo que todo el impacto del aumento sería absorbido por los usuarios; sin embargo, debió ayer dictar una nueva resolución para salvar cuestiones administrativas para la implementación del aumento, dada la existencia previa de una complicada red de subsidios nacionales y comunales. Concretamente, dispuso que las tarifas pasesen de un costo promedio de 0,25 dólares a una nueva tarifa de 0,35 dólares, es decir un 40% de aumento.

Entretanto, el transporte público continó paralizado, en algunos casos por decisión de los propietarios dada la falta de garantías para la circulación, y en otros casos por decisión de los conductores, plegados a las protestas.

A estas horas existe un intenso debate sobre el problema del transporte y la posibilidad de normalizar su funcionamiento.

Por ejemplo el alcalde de Quito Jorge Yunda dijo que en estado de excepción, la ciudad debe acatar la disposición nacional, pero aclaró que aún está pendiente tratar el proyecto de ordenanza sobre la política tarifaria, que lleva al menos dos años en carpeta, una muestra significativa de los problemas estructurales del transporte público.

Yunda subrayó además que se evalúan sanciones por que “el Municipio tiene “evidencias de que siete operadoras no salieron deliberadamente a trabajar”, con el fin de “boicotear el servicio”. Por ello se evaluarán sanciones administrativas o incluso el retiro de la frecuencia, según cada caso.

Entre tanto, Ney Yépez, gerente deuna de las concesionarias del servicio, consideró que la reforma de la ANT llegaba tarde, pues en esa empresa intentaron acogerse a la nueva tarifa desde el sábado. Sus colectivos han funcionado pero con restricciones porque hubo problemas graves en el servicio en algunos puntos conflictivos. Señaló que se dispuso que paulatinamente se sumen todos los servicios, pero solicitó contar con resguardo policial o militar hasta que paren las protestas.

Además, se ha mantenido en contacto con el resto de dirigentes del transporte y mencionó que han hablado de regularizar el servicio a partir de este jueves, si es que existen garantías para hacerlo de forma segura.

Tanto las organizaciones de trabajadores como las organizaciones indígenas han reafirmado su voluntad de continuar con las protestas hasta que el gobierno desista de las medidas adoptadas, luego del acuerdo con el FMI.