La historia del Tribunal Supremo de USA cuenta con grandes casos, pero el que comenzó a tratar este martes por la mañana constituye, por sus diversas implicaciones, un proceso histórico.

Los jueces se pronunciarán sobre la legalidad de la decisión de la Administración Trump de cerrar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege contra la deportación y otorgó permisos de trabajo a personas que llegaron ilegalmente al país siendo niños y han hecho de Estados Unidos su hogar. Los famosos “dreamers”.

El futuro de cientos de miles de jóvenes, y los derechos que adquirieron y les sacaron de las sombras, está en juego.

El caso supone una nueva y crucial batalla en la cruzada del presidente Trump contra la inmigración. Y obligará a la más alta instancia judicial del país a pronunciarse sobre los límites de los poderes presidenciales.

La resolución, que se espera para el próximo verano boreal, seguramente impactará con fuerza en la recta final de la campaña para la reelección de un presidente que ha convertido la mano dura con la inmigración en uno de los cimientos de su mandato.

El propio presidente calentaba la mañana con un tuit en el que defendía que “muchos de las personas bajo la DACA ya no son muy jóvenes y están lejos de ser ángeles”. “Algunos son criminales muy duros y reincidentes”, añadía Trump, ignorando que uno de los requisitos para acogerse al programa, introducido por la Administración del demócrata Barack Obama en 2012, es precisamente carecer de antecedentes penales.

Ante las escaleras de la corte, cientos de ciudadanos desafiaban al frío arropando a los dreamers, llegados de todo el país, que defendían pacíficamente su derecho a conservar su estatus legal y a perseguir sus sueños en el único hogar que han conocido. “Nuestra esperanza es que los jueces vean nuestra humanidad, nuestros valores y cómo hemos contribuido a este país, que es nuestro hogar”, decía ante las escaleras del Supremo la dreamer Eliana Fernández, una de las demandantes, llegada desde Nueva York.

En el interior del tribunal, en una sesión que se prolongó durante una hora y media, los jueces conservadores, dos de ellos nombrados por el presidente Trump y que se imponen por 5 a 4 a los progresistas, mostraron indicios de que están dispuestos a apoyar al presidente en su deseo de poner fin al programa.

La DACA ofrece a los dreamers protección contra la deportación y permiso de trabajo. Deben renovarlo cada dos años y no constituye un camino a la plena ciudadanía. A pesar de que Trump había expresado en el pasado simpatía hacia los dreamers, en 2017 decidió poner fin al programa. Pero lo hizo alegando un solo motivo: que Obama, como presidente, no tenía la competencia para ponerlo en marcha. Un argumentación extraña para un presidente que desafía permanentemente los límites republicanos en materia de poder ejecutivo.

Esta justificación permitió a Trump eludir las consecuencias políticas de terminar con un programa que goza de un abrumador apoyo en la sociedad según todos los sondeos y le pasó el problema a la justicia.

Varios de los jueces conservadores se mostraron escépticos con que el tribunal pueda revisar la decisión de la Administración de poner fin a la DACA. Incluso el presidente de la sala, el juez John Roberts, que sería decisivo en un hipotético empate, cuestionó que pudiera añadirse más razonamientos a los ya aportados por la Administración.

Los jueces progresistas hicieron hincapié en el número de beneficiarios del programa, y en el daño que supondría su eliminación para negocios e instituciones que dependen de ellos. La jueza Sonia Sotomayor pidió al abogado de la Administración que aclarara si habían tenido en cuenta todo el daño que causaría poner fin a la DACA y si era solo “una elección para destruir vidas”.

Como quiera que sea, aceptar el tratamiento de la cuestión, preanuncia una posible victoria de Trump, que se producirá en lo más álgido de la campaña electoral 2020.