Como consecuencia del desastre nuclear de Fukushima hace casi una década, Japón cerró su programa de energía nuclear y la opinión generalizada era que sería reemplazado por “energías limpias”. 

Sin embargo, en reemplazo de la energía nuclear, Japón planea construir hasta 22 nuevas plantas de energía que quemarán carbón, una de las fuentes de electricidad más contaminantes, en 17 localizaciones diferentes en los próximos cinco años, justo en el momento en que el mundo necesita reducir las emisiones de dióxido de carbono para luchar contra el calentamiento del planeta.

Juntas, las 22 centrales eléctricas emitirían casi la misma cantidad de dióxido de carbono que todos los automóviles de pasajeros que se venden anualmente en los Estados Unidos. La construcción contrasta con el esfuerzo de Japón de presentar los Juegos Olímpicos de este verano en Tokio como los más ecológicos de la historia.

El proyecto Yokosuka, como se denominó la iniciativa, ha provocado un reacción inusual en Japón, donde los grupos ambientalistas centraban sus objeciones en la energía nuclear. Ahora algunos residentes locales están demandando al gobierno por su iniciativa para las plantas de carbón.

El gobierno japonés, dicen los demandantes, aprobó el proyecto sin una evaluación ambiental adecuada. La objeción argumenta que la planta no solo degradará la calidad del aire localmente sino que también pondrá en peligro a toda la comunidad al contribuir al cambio climático.

Lo cierto es que Japón ya está experimentando graves efectos del cambio climático. Una ola de calor en 2018 culminó con más de mil personas fallecidas y los científicos dicen que no habría sucedido sino fuera por el cambio climático. 

Actualmente la preocupación por el calor es tal que el Comité Olímpico Internacional se vio obligado a trasladar las competencias de fondo de los Juegos Olímpicos (como la maratón) desde Tokio a una ciudad más fresca a casi 1000 kilómetros al norte.

Japón aprovecha los Juegos Olímpicos para subrayar su transición a una economía más amigable con el clima, mostrando innovaciones como carreteras que reflejan el calor. Los organizadores aseguran que la electricidad para los Juegos provendrá de fuentes renovables.

Claramente, las inversiones en plantas que quemarán carbón van directamente en contra de ese mensaje.

En el acuerdo de París Japón se comprometió a controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 26 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 2013, un objetivo que ha sido criticado por ser "altamente insuficiente".

"Japón promociona unas Olimpiadas de bajas emisiones, pero en el mismo año, comenzará a operar cinco nuevas centrales eléctricas de carbón que emitirán muchas veces más dióxido de carbono que cualquier cosa que las Olimpiadas puedan compensar", dijo Kimiko Hirata, directora internacional de Kiko Network, un grupo que aboga por la acción climática.

La política de Japón lo distingue de otras economías desarrolladas. Gran Bretaña, cuna de la revolución industrial, programa eliminar la energía originada en carbón en 2025, y Francia cerrará sus plantas de carbón incluso antes, en 2022. En los Estados Unidos, las empresas de servicios públicos están retirando rápidamente de esta tecnología y, aún con Trump, no se están desarrollando  nuevas plantas.


El apetito de Japón por el carbón no se reduce únicamente a Fukushima. El consumo de carbón ha aumentado durante décadas ya que el país se apresuró a abandonar el petróleo extranjero después de las crisis petroleras de la década de 1970. Japón es pobre en energía y dependía de las importaciones para la mayor parte de sus necesidades energéticas; así fue como se desarrolló el ambicioso plan nuclear: llegó a suministrar hasta un tercio de la generación de energía de Japón. Después de Fukushima, se desplomó al 3 por ciento y se reducirá a cero a medida que salgan de operación las centrales que aún operan.

Lo notable es que los analistas señalan que  ya en 2025 podría ser más rentable para los operadores japoneses invertir en energía renovable, como la eólica o solar, que operar plantas de carbón. Y aún así el gobierno mantiene la creencia de que las empresas de servicios públicos del país deben seguir invirtiendo en combustibles fósiles para mantener una mezcla diversificada de fuentes de energía.