El informe:

Se trata de un documento realizado por la "Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas", la cual integran tres abogados e investigadores de distintos países. La Presidenta de la Misión, la portuguesa Marta Valiñas (abogada experta en derechos humanos), el chileno Francisco Cox Vial (abogado penalista), y el británico Paul Seils (Director de Prácticas de Paz e Innovación en el Instituto Europeo de la Paz).

El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una "Misión Internacional Independiente" en la República Bolivariana de Venezuela, por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.

Cerca de un año después, el informe se presentó ante las autoridades y constó de alrededor de 430 páginas, en el que se investigaron 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque se reconoció la naturaleza de la crisis, las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno de Nicolás Maduro, agentes estatales y  grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela.  Además se Identificaron patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones.

En el documento se detalla que "El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes".

Cabe destacar que la conclusión del informe presentado al consejo radica en que las actuales autoridades competentes, como así también el Estado venezolano, deben exigir cuentas a los responsables de estas acciones, tales como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas, además de aquellos que en complicidad impidieron que se produzcan estos actos.

Negación y rechazo

 Desde el gobierno Bolivariano, rechazaron este documento presentado por la Organización de Naciones Unidas. El Ministro de exteriores Arreaza, desde su cuenta de Twitter expresó que fue una misión fantasma dirigida contra el país venezolano y controlada por gobiernos subordinados a Washington. Además argumentó que carece de sentido alguno y está "plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno".

Un hito

Ante el impacto de la publicación y difusión de este documento, la  directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, expresó: “Amnistía Internacional denunció la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en mayo de 2019. Esto es un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país. Compartimos el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición.”