La nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que el Ejecutivo llevó para su aprobación final al Consejo de Ministros esta semana, abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer, si lo desean, una tasa para la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones (ZBE).

La llamada “tasa de congestión” se aplica ya en algunas ciudades europeas como Estocolmo, Oslo, Gotemburgo (Suecia), Milán y Londres, y consiste en que los vehículos deben pagar para acceder al área central de la ciudad (con algunas excepciones: residentes, repartos y otras tareas de servicio, etc., etc.).
En Londres, por ejemplo, la cantidad diaria es ya de 15 libras (casi 20 dólares), una cifra que se ha ido incrementando en los últimos años.

Para que los municipios puedan crear este tipo de tasa era necesaria una habilitación con rango de ley, que se posibilitó con la nueva norma. Además, de esta forma se garantiza que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio español, aunque cada comuna podrá decidir si implementa el peaje o no.

¿Qué son las ZBE y las Etiquetas Ambientales?

Las ZBE son áreas, situadas en su mayoría en el centro de las ciudades, en las que se prohíbe el acceso a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. Para ello, se tiene en cuenta el sistema de etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT): mientras más contaminantes es el vehículo, mayores son las restricciones de acceso.
Los autos a nafta matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006 directamente carecen de etiqueta. La etiqueta B se corresponde con los nafteros entre 2000 y 2006 y los diésel de 2006 a 2013. La etiqueta C, es para de nafteros posteriores a 2006 y gasoleros posteriores a 2014. Eco: los híbridos en general. Cero: los eléctricos o los híbridos con una autonomía de más de 40 kilómetros.

En la actualidad tan solo existen dos ZBE en España, en Madrid y en Barcelona, pero la ley de cambio climático obliga a las 149 localidades de más de 50.000 habitantes —y a las de más de 20.000 más contaminadas— a crear áreas de este tipo antes de que acabe este mismo año.

Un paso más: la Tasa de Congestión

La “tasa de congestión”, en cambio, va un paso más allá, y apuesta por cobrar una cantidad a los vehículos que entren en un área (también se pueden contemplar excepciones). Normalmente, el dinero recaudado se suele emplear en mejorar el transporte público.

En Londres, una de las primeras ciudades que implantó la medida, cualquier vehículo que acceda entre las siete de la mañana y las seis de la tarde en días laborales paga una cantidad fija por la llamada "congestion charging", que arrancó en unos 6 dólares en 2003 y va llega a los 20. Los residentes obtienen un descuento del 90% y las personas con discapacidad pueden circular gratis.

El volumen de tráfico en la zona se ha reducido en más un tercio respecto al que suponía hace casi dos décadas. No es la única ventaja, quienes eligen circular, financian mejoras en los servicios de transporte.

En Barcelona ya se estudia la opción de poner en marcha un peaje o tasa de congestión si la actual zona de bajas emisiones no consigue reducir lo suficiente la contaminación.

Apuesta por la bicicleta

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte en España establece que las administraciones públicas se ocupen de incentivar y promover los medios y modos de movilidad menos contaminantes, como caminar, la bicicleta y el transporte público. “Se trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado y de transformar el modelo de movilidad urbana”, señalan en el Ministerio de Transportes.

El futuro texto señala que el Gobierno dispondrá de un Plan nacional de impulso al uso de la bicicleta, cuya elaboración, implantación, seguimiento y actualización corresponderá al Ministerio de Transportes. Un adelanto de ese plan se conoció el pasado junio con la presentación de la Estrategia Estatal por la Bicicleta. Este documento se centra en el impulso decidido a la movilidad activa y, en concreto, en el papel de la bicicleta en el sistema de transportes.

Además, la ley introduce la obligación de que las empresas de 500 trabajadores (o 250 por turno) dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo, que se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en la potenciación de este tipo de movilidad en el ámbito laboral.
No se exige a las empresas un contenido mínimo de los planes ni que estos deban incluir necesariamente ningún tipo de medidas obligatorias, y las opciones son amplias: impulso de la movilidad activa (a pie o en bicicleta), transporte colectivo, movilidad eléctrica, movilidad compartida o colaborativa, flexibilización de la hora punta, teletrabajo.

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