El Senado de México aprobó este martes una reforma a la Ley Minera que establece que en adelante el litio es patrimonio de la Nación y lo declara de utilidad pública, por lo que cesarán las concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para su exploración y explotación, que quedará reservada al Estado.

El oficialismo impuso su mayoría para aprobar la iniciativa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que completó el proceso legislativo que había empezado el lunes con el visto bueno de Diputados.

Por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado hizo lugar a la iniciativa que el Gobierno jugó como carta de revancha por la decisión de Diputados de rechazar, el domingo, su propuesta de reforma constitucional del sector eléctrico que planteaba revertir la liberalización del sector.

La iniciativa considera al litio como patrimonio de la Nación y reserva su explotación y aprovechamiento en manos de una empresa del Estado, a crearse, sin participación de privados, sean nacionales o extranjeros.

Aunque gobiernos anteriores otorgaron al menos ocho contratos a firmas privadas, esos acuerdos serán revisados, adelantó en su conferencia de prensa matutina López Obrador, reseñaron los sitios de varios diarios de Ciudad de México.

México tiene proyectos de litio en fase exploratoria, pero según expertos aún se debe determinar si son rentables y podría tomar hasta dos décadas su explotación.

Lo aprobado este martes por el Senado –que esta misma mañana fue votado en comisión- implica la modificación de 4 artículos de la Ley Minera.

Por la mañana, y con tiempos inusualmente ajustados, las comisiones de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos Segunda habían aprobado bajo el mecanismo de “fast track” la propuesta presidencial.

El texto, según la propuesta de López Obrador, “tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética”.

La reforma incluye la creación de un organismo público descentralizado que se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento del mineral, clave para las llamadas nuevas tecnologías y en la industria automotriz.

El texto establece que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará a ese organismo descentralizado encargado de la explotación en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables.

La iniciativa afirma que en la exploración y explotación se protegerá y garantizará la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.