Maine se convirtió en el primer estado en Estados Unidos en exigir a las empresas que entregan envases a consumidores que paguen los costos de reciclarlos, luego que la gobernadora Janet Mills (D) firmase un proyecto de ley el martes estableciendo un programa de “responsabilidad extendida del productor” (EPR por sus siglas en inglés).

La legislación sobre EPR para envases cobrará a los grandes productores de envases por recoger y reciclar cajas de cartón, envases de plástico y otros materiales de envasado, así como por desechar los envases de materiales no reciclables. Los ingresos generados se utilizarán para apoyar los esfuerzos de reciclaje en las comunidades locales que durante mucho tiempo han dependido exclusivamente del dinero de los contribuyentes.

“Esta nueva ley asegura que todas las comunidades de Maine que ayudan con el reciclaje y la reducción de la carga de impuestos a la comunidad están en camino”, dijo la patrocinadora del proyecto de ley, la demócrata Nicole Grohoski, en un comunicado.

Sarah Nichols, directora del Programa de Maine Sostenible en el Consejo de Recursos Naturales de Maine, predijo que muchos otros estados pronto seguirán su ejemplo. En todo el país, 10 estados, incluidos Nueva York y California, han considerado una legislación similar este año. En Oregón, un proyecto de ley que establece la EPR para el embalaje espera la firma de la gobernadora demócrata Kate Brown.

"Somos la primera pieza de dominó en caer", dijo Nichols.

La EPR para envases se ha puesto en práctica en toda Europa y en varias provincias canadienses, incluido el vecino de Maine, Quebec. En América Latina, Chile es el único país que avanzó hasta ahora con esta legislación.

En EE. UU. este tipo de reglamentación se abre paso lentamente por la férrea oposición de las empresas, pero algunos estados ya cuentan con programas de EPR para productos que son difíciles de desechar, como baterías, colchones y medicamentos.

Maine se ha ganado la reputación de ser líder en la legislación medioambiental desde que aprobó uno de los primeros proyectos de ley sobre botellas en la década de 1970. Hace casi 20 años, el estado aprobó las primeras leyes que exigen que los fabricantes paguen por el reciclaje de productos electrónicos, incluidas computadoras y televisores. Y en 2019, la legislatura de Maine prohibió los envases de plástico expandido (como el clásico vaso térmico), que terminará de entrar en vigor en el curso de este año.

Algunos grupos empresariales, incluida la Asociación de Productores de Alimentos y Comerciantes de Maine, se opusieron a la nueva legislación sobre envases: les preocupa que pueda afectar la cadena de suministro y aumentar el costo de los comestibles. La ley incluye exenciones para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro.

Nichols, quien dijo que las estimaciones del Departamento de Protección Ambiental del estado muestran que los contribuyentes desembolsan al menos 16 millones de dólares anuales para reciclar o desechar los empaques, dijo que espera que las empresas pronto se vean obligadas a asumir la carga de otros desafíos ambientales.

En nuestro país, el manejo de los residuos urbanos es habitualmente el principal componente de los presupuestos municipales, involucrando no menos del 15% de los recursos disponibles.

"Las empresas de combustibles fósiles deben asumir la responsabilidad", dijo Nichols, "no solo decirle a la gente que conduzca automóviles eléctricos o apague las luces".

Los programas de reciclaje de Estados Unidos, montados para exportar residuos a China, se vieron profundamente afectados por la decisión de 2018 de China de prohibir la importación de residuos. En muchas comunidades esto condujo al cierre abrupto de las plantas de reciclaje de última generación.
El propósito de la nueva legislación es, precisamente, disponer de fondos para promover las actividades de reciclaje y la economía circular.

Fuente: The Washington Post