Nicolas Sarkozy se expone a una condena ejemplar si el tribunal que lo juzga por corrupción y tráfico de influencias acepta la petición formulada el martes por la Fiscalía Nacional Financiera. La fiscalía solicitó cuatro años de cárcel —dos firmes y el resto en libertad condicional— para el expresidente y los supuestos cómplices en la trama: su amigo íntimo y abogado Thierry Herzog y el fiscal jubilado Gilbert Azibert.

Sarkozy, presidente de la República entre 2007 y 2012, y Herzog están acusados de haber orquestado a principios de 2014 un “pacto corrupto” junto a Azibert, que entonces ejercía de abogado general en la Corte de Casación. Sarkozy y Herzog, según la acusación, ofrecieron a Azibert ayuda para conseguir una plaza que este anhelaba como miembro del Consejo de Estado de Mónaco. El cargo en Mónaco era la contrapartida por las informaciones que Azibert les habría ofrecido sobre una demanda de Sarkozy para que la Corte de Casación le devolviese sus agendas, incautadas durante otra investigación.

Si fuese condenado a la pena requerida por la fiscalía, Sarkozy podría cumplirla con medidas restrictivas de la libertad —como un brazalete electrónico—, pero sin ingresar en prisión. El último jefe de Estado encarcelado en Francia fue, tras la Segunda Guerra Mundial, el mariscal Pétain. Jacques Chirac, mentor de Sarkozy y antecesor suyo en el palacio del Elíseo, fue condenado en 2011 a dos años de prisión por malversación de fondos públicos y abuso de confianza, pero los jueces le eximieron de cumplir la pena por su edad y estado de salud.

Lo que está en juego en este proceso quedó claro en la primera jornada de los alegatos. El propio jefe de la Fiscalía Nacional Financiera, Jean-François Bohnert, que en ningún momento había comparecido ante el tribunal, acudió para defender esta institución creada en 2013 y repetidamente vilipendiada por Sarkozy. “Un proceso no es una venganza privada, pública o institucional. Nadie aquí intenta vengarse de un antiguo presidente de la República”, dijo Bohnert.

El lunes, en un interrogatorio de más de tres horas, Sarkozy declaró: “Jamás he cometido el más mínimo acto de corrupción. ¡Jamás!” Pero admitió que se había pasado la vida haciendo pequeños favores a amigos y a amigos de amigos, sin ser consciente al parecer de que en ocasiones estos favores podrían despertar sospechas o transgredir barreras éticas y legales.

La acusación se basa en las escuchas realizadas por los investigadores en una línea telefónica secreta que Sarkozy y Herzog contrataron después de concluir que la línea oficial estaba pinchada. En la línea secreta, ambos hablan de la posibilidad de obtener informaciones de la Corte de Casación gracias a Azibert, que era amigo de Herzog. “Yo le haré subir… le ayudaré”, prometía Sarkozy en alusión a las ambiciones de Azibert en Mónaco, que nunca se cumplieron.

Y Sarkozy vio rechazada su demanda ante la Corte de Casación de recuperar las agendas. La pena máxima para el delito del que se acusa al expresidente de la República es de 10 años de prisión y un millón de euros de multa. El proceso concluirá el jueves.