Los fabricantes que quieran vender en Estados Unidos tendrán que reducir las emisiones contaminantes de los escapes de los nuevos camiones, camionetas de reparto y colectivos por obra y gracia de una nueva regulación que la administración Biden lanzó la semana pasada. 

Las nuevas reglas representan un gran avance en materia de salud pública, especialmente para las comunidades de menos recursos que son las que están más expuestas a la contaminación de los combustibles diésel, aunque dista de ser lo que los defensores del aire limpio esperaban.

Como una parte de las emisiones de escapes no son gases (que se distribuirán en el aire de modo uniforme) sino partículas muy pequeñas, las comunidades que viven a la vera de las grandes vías de circulación de mercancías están mucho más expuestas a las fuertes emisiones del gasoil; son comunidades predominantemente pobres, negras y latinas, que sufren tasas más altas de asma, enfermedades cardíacas y muerte prematura.

Según cronica The Washington Post, después de más de dos décadas, el gobierno federal avanza con medidas más estrictas contra las emisiones, confrontando tanto con los fabricantes como con los sindicatos de transporte de cargas.

“Esta es una acción muy agresiva para proteger la salud de 72 millones de estadounidenses y personas que viven en estas rutas de camiones de carga”, dijo Michael Regan, administrador de la Agencia de Protección Ambiental, en el referido artículo. 
Regan dijo que esta reglamentación es la primera parte de un plan de tres pasos para reducir la contaminación y las emisiones de camiones y colectivos que contribuyen al calentamiento del planeta. Se complementará con un conjunto separado de reglas de gases de efecto invernadero para vehículos pesados que se publicaría en 2023.

En todo caso, los defensores del ambiente sostienen que está muy lejos de ser una medida “estricta”: entrará en vigencia 60 días después de su publicación, pero se aplicará a los modelos del año 2027 y posteriores. Adicionalmente, está por debajo del estándar que ya adoptó California y queda en ciernes un posible conflicto legal en cuanto a la interpretación de la potestad de los estados de la Unión para establecer normas sobre contaminación más estrictas que las federales.

La EPA exige con la nueva regla que los fabricantes de camiones reduzcan las emisiones de dióxido de nitrógeno que dañan los pulmones en un 80 por ciento por debajo del estándar actual. La regla de California exige un recorte del 90 por ciento.

En cualquier caso, si Estados Unidos cambia la norma, por su impacto sobre el mercado global de vehículos diésel, no es difícil anticipar que los fabricantes de todo el mundo comenzarán a fabricar con nuevos parámetros sus motores. 
También es razonable suponer que los saldos disponibles de motores más contaminantes terminarán en los países en dónde no se modifique la legislación por lo que quedarán más expuestas las naciones en dónde es mayor el poder de lobby de los fabricantes.

Como claro ejemplo, hubo en todo el proceso una fuerte presión de los fabricantes de vehículos y la norma puede verse como un compromiso de la administración Biden para tomar medidas contra la contaminación pero sin provocar una judicialización de los nuevos estándares.

El debate tiene en un extremo a los fabricantes, que demandaban que no se impongan nuevos límites y en el otro a los grupos ambientales que exigían que el planteo sea renovar completamente las flotas de transporte a vehículos con cero emisiones, eléctricos o a hidrógeno.

Los funcionarios de la EPA dijeron que los nuevos límites de contaminación evitarían hasta 2.900 muertes prematuras, 6.700 admisiones hospitalarias y visitas al departamento de emergencias, y 18.000 casos de asma infantil para 2045. 
En cambio, el informe de la American Lung Association estimó que cambiar a camiones de cero emisiones evitaría 66.800 muertes prematuras en los próximos 30 años.