La Fiscalía de Perú denuncia al presidente Castillo de "liderar una organización criminal"
Se lo acusa de obtener beneficios económicos por nombramientos en puestos clave y en el cobro de porcentajes de licitaciones ilícitamente obtenidas.
La Fiscalía de Perú presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal.
"Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal", anunció la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una comparecencia en Lima.
El Ministerio Público también acusa a Castillo de tráfico de influencias y colusión en tras casos diferentes. La denuncia "se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales", indicó la Fiscalía en Twitter.
En una primera reacción en un acto con público en el Palacio de Gobierno, Castillo dijo que está dispuesto a "entregar la vida" y a que su “sangre corra por la calle en beneficio del pueblo”.
Actualmente Castillo afronta junto a su esposa Lilia Paredes seis investigaciones fiscales, todo un récord para un presidente en ejercicio en el país sudamericano, por presuntamente liderar una red que otorga licitaciones de obras públicas de forma fraudulenta.
En Perú los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que tienen inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales. De ahí la relevancia de la actual denuncia constitucional, un procedimiento especial que se aplica en exclusiva a altos funcionarios del Estado y aforados (como el presidente de la República y congresistas).
La denuncia constitucional permite determinar si estos han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción. Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas.
De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.