La rebelión de los inundados: veinte naciones proponen suspender el pago de su deuda
La deuda total asciende a 685 mil millones de dólares y se proponen utilizarla para proteger sus territorios de los efectos del cambio climático, especialmente del crecimiento del nivel de los mares.
Los datos son definitivos: en los próximos años, digamos, a mediados de este siglo, naciones enteras como Maldivas, Tuvalu o Kiribati quedarán completamente sumergidas por el crecimiento del nivel de los mares. Vale la pregunta ¿desaparecerán del mapa como país? ¿Y sus ciudadanos? ¿Desaparece el “estado”?
La situación en reversa es bien conocida: nadie discute que los territorios ganados al mar en Países Bajos son de esa nación, pero la desaparición del territorio por inundación no tiene precedentes. Las guerras han borrado del mapa a algunos Estados, pero nunca hasta ahora un estado perdió completamente su territorio debido a un evento físico como el aumento del nivel del océano.
La Convención de Montevideo de 1933 sobre los derechos y deberes de los Estados, que suele tomarse como referencia dice que un Estado está constituido por un territorio definido, una población permanente, un gobierno y la capacidad de interactuar con otros Estados.
Si el territorio queda sumergido, o si nadie puede vivir en lo que quede de él, al menos uno de los criterios no se cumple.
Naciones poderosas, como China, erigen islas colosales, con aeropuertos y servicios para marcar territorios, pero son proyectos costosísimos. La mayoría de las naciones que se inundarán son verdaderamente pobres y no están en condiciones de afrontar ese tipo de proyectos. De hecho, son deudores significativos del sistema financiero mundial.
En estas naciones se debate si las inversiones privadas pueden solucionar el problema, pero, ya se sabe, esas inversiones no están destinadas a la población local, como lo prueba la reciente discusión por proyectos turísticos en Maldivas.
Frente a esta coyuntura, ante la posibilidad concreta de que sus ciudadanos se queden sin territorio, es que comienzan a madurar proyectos pensados para resolver el problema de la falta de recursos propios para hacer frente al calentamiento global.
Inundación o Rebelión
El viernes pasado, Mohamad Nasheed, expresidente de Maldivas, uno de los territorios afectados, advirtió que “veinte de los países más vulnerables al cambio climático están considerando suspender el pago de 685.000 millones de dólares en deuda con organismos internacionales que consideran una “injusticia”.
La advertencia ocurrión en el marco del cierre de las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington el domingo pasado.
La propuesta de Nasheed, que actúa como portavoz del conjunto, es mucho más radical que la formulada por los ministros de finanzas, que piden un canje de deuda por naturaleza, en el que parte de la deuda de una nación se condonaría con la condición de ser invertida en conservación del ambiente.
“Vivimos no solo con dinero prestado, sino también con tiempo prestado”, dijo Nasheed, quien ya atrajo la atención mundial sobre su nación archipiélago que se hunde en el Océano Índico al celebrar una reunión de gabinete bajo el agua en 2009. “Estamos bajo amenaza y deberíamos encontrar colectivamente una salida”.
Lo que se intenta poner de manifiesto con este planteo es la injusticia implícita en el hecho de que las naciones pobres deben pedir dinero prestado para protegerse del aumento del nivel del mar y otros efectos del cambio climático, solo para ver cómo la situación empeora por responsabilidad directa de los países que prestan y administran el dinero que piden prestado.
Esta discusión sobre deudas, condonaciones y ambiente se produce en las reuniones del FMI y el Banco Mundial mientras diplomáticos de casi 200 países se preparan para las negociaciones sobre el cambio climático global en noviembre en la 27° conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente (COP 27), que tendrá lugar en Sharm el Sheikh, Egipto.
Se espera que esta reunión se centre en gran medida sobre los mecanismos con que las naciones ricas, las verdaderas responsables de las emisiones que calientan el planeta, deberían compensar a los países pobres que están sufriendo los peores impactos. Ya en la COP 25 se asumieron compromisos de financiación que no se cumplieron.
Los países en desarrollo presionan para que se cree un fondo internacional que los compense por las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Estados Unidos, Europa y Japón se han opuesto a la creación de un fondo de este tipo, que vendría a reconocer que son legalmente responsables por los costos exorbitantes del desastre.
Kristalina Georgieva, directora del FMI, dijo el año pasado que “los canjes de deuda por ambiente” podrían ayudar a los países en desarrollo a abordar el cambio climático y se comprometió a trabajar con el Banco Mundial para "avanzar en esa opción" en la COP27.