Casi cuatro millones de jóvenes se suben a una moto o una bicicleta para hacer repartos de comida a domicilio, en el círculo de la economía informal de Brasil. Muchos trabajan a través de aplicaciones como Rappi o iFood, sin ningún derecho laboral. Con el estómago vacío, cruzan la ciudad para entregar comida a las familias de clase media.
La falta de protección de los repartidores terminó de hacer estallar un conflicto. La reglamentación de los confinamientos vigente en Brasil los considera trabajadores esenciales, libres para desplazarse (con mascarilla) durante el confinamiento. Pero cobran poco y corren riesgos: el de contraer el virus y los que conlleva tener un trabajo informal, ahora que no existe el habitual riesgo mortal del tráfico enloquecido de Brasil.

Cualquier accidente en la calle es responsabilidad suya. Muchos creyeron en el sueño del “emprendimiento” que vendía el liberalismo radical del Gobierno de Jair Bolsonaro. En realidad, cayeron en la uberización del trabajo, sin contratos ni garantías. “La revolución industrial destruyó empleos; la uberización destruye derechos”, advierte Galo, de 31 años, uno de los líderes de la protesta. “La idea de estas aplicaciones es concretar la propuesta fascista que Bolsonaro utilizó para ganar las elecciones: más empleos, menos derechos. Hay un batallón de repartidores en las calles, todos sin derechos”, sostiene.

Galo es el nombre artístico  de Paulo Lima que, además de sus dotes como rapero (canta desde que tenía 12 años), se ha convertido en una de las voces más representativas de Brasil en 2020 al crear y liderar en plena pandemia el Movimiento de Repartidores Antifascistas. El grupo reúne a los trabajadores informales de las aplicaciones y tiene representantes en varios Estados.

El movimiento ha salido a la calle para protestar en defensa de la democracia y reclamar derechos básicos. “¡Hambre!” es el grito que han elegido para el 1 de julio, día en que está prevista una huelga del colectivo. Una alerta para las empresas detrás de las apps y para la clase media, que no los ve. Desde la semana pasada, las motos y bicicletas de los repartidores circulan por São Paulo con una pegatina que anima a la huelga, convocada por subgrupos que surgieron durante las protestas antigubernamentales del último mes.

Para Lima, la gota que colmó el vaso llegó el 21 de marzo, el día de su cumpleaños. Se le pinchó una rueda de la motocicleta y no pudo completar una entrega. Entonces, la aplicación para la que prestaba servicio lo bloqueó. “Fue cuando pensé: ‘Ya basta, voy a denunciarlos’. No te explican por qué te bloquean. Te dicen que leas el contrato y que no tienen que explicarte nada”, insiste. Entonces comenzó a hacer repartos por su cuenta a los clientes que tienen su teléfono.

Dice que no tiene miedo de contagiarse de covid-19, pero sí de meter el virus en su casa, donde vive con sus padres, su esposa, su hija de tres años, su suegra y un cuñado. En marzo, Paulo lanzó una petición, que ya suma más de 550.000 firmas, para obligar a las empresas a ofrecer a los repartidores desayuno, almuerzo y cena, además de un kit de higiene. Fue la semilla del Movimiento de Repartidores Antifascistas. Poco a poco ganó apoyo y fortaleció el grupo, que ha reunido datos hasta calcular que la media que se cobra en esta actividad de riesgo asciende a 963 reales (unos 12.300 pesos a cambio oficial) al mes, trabajando 12 horas al día.

Paulo se formó políticamente conversando con sus compañeros de hip hop y leyendo libros sobre Malcolm X, Martin Luther King o el Che. Se define como un “político callejero”. Incluso le han propuesto presentarse a las municipales de São Paulo, pero lo ha rechazado. “Un político callejero puede cambiar mucho más que un político de tintero, principalmente porque el puño cerrado dice lo que la pluma tiene que escribir. Cerrar el puño en la calle es la política más importante del mundo”, destaca.
(Fuente: El País de España)