México se encamina hacia una ruta no explorada. La bancada en el senado de Morena —el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador— presentó este lunes por la noche una iniciativa para regular el funcionamiento de las redes sociales.
La reforma, a la que aún le queda al menos tres meses de recorrido parlamentario, supone un golpe de timón al intentar garantizar que los usuarios a los que les hayan suspendido o cancelado sus perfiles puedan impugnar y pelear esa resolución privada de las compañías tecnológicas ante la Justicia mexicana.

Tras las numerosas reacciones de rechazo sobre la reforma, el senador Ricardo Monreal informó este martes que pospondrá tres semanas la presentación oficial de la propuesta para permitir la discusión de la misma.

El primer dique, en todo caso, le corresponderá levantarlo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano administrativo de carácter técnico que cobrará un inmenso poder a través de un control doble. Por un lado, podrá fiscalizar la normativa interna entre los usuarios de las redes y las empresas, que deberán contar con una autorización previa.

Por otro, desarrollará una supervisión concentrada en los motivos para la cancelación de cuentas. Las compañías argumentan motivos  relacionados con noticias falsas, mensajes de odio o derechos de la infancia, pero no siempre son claros los argumentos y no existe en el mundo derecho a reclamo; las empresas son juez y parte.
El nuevo sistema exigiría incluso la creación de departamentos específicos en las empresas para atender las quejas de los usuarios, incluye multas a las tecnológicas y ensancha la vía de llegada hasta los tribunales para los usuarios.

Con las recientes cancelaciones de las cuentas de Donald Trump de fondo y las elecciones intermedias de junio en el horizonte, México ha decidido dar un paso adelante en el tenso equilibro entre las grandes tecnológicas y la capacidad de los Estados para regular la circulación de información en Internet.
El objetivo oficial declarado es “la protección a la libertad de expresión en las redes sociales”, aunque juristas y organizaciones de la sociedad civil subrayan el deficiente diseño legal de una iniciativa exprés, sin debate previo con especialistas y los agentes sociales, de difícil aplicación y que podría precisamente cercenar las libertades en la red.

La reforma establece un primero filtro a la hora de definir las redes sociales que caerán bajo el paraguas de la regulación: las plataformas con un millón o más suscriptores o usuarios, dada su capacidad “de generar un impacto mayor en procesos de comunicación social y en la esfera jurídica de los ciudadanos”. Las grandes tecnológicas —Twitter, Facebook, Google— tendrán que someter su normativa interna con los usuarios (los llamados términos y condiciones del servicio) a la legislación mexicana de cara a pasar la autorización previa del IFT.
En concreto, a las leyes relacionadas con la protección “de los derechos de los menores de edad, la eliminación de la difusión de mensajes de odio, la propagación de noticias falsas y la protección de los datos personales”.

Comienza ahora una significativa batalla en que de un lado estarán las grandes tecnológicas y del otro el poder político. La pregunta es si los usuarios, los supuestos beneficiarios de este enfrentamiento, tendrán voz y serán escuchados.