Primer caso público de un inquilino que ha logrado que la Administración sancione a un propietario por haberle cobrado un alquiler superior al que establece la ley catalana que regula los precios. El afectado interpuso una reclamación al Ayuntamiento de Barcelona y el consistorio ha cerrado ya el expediente con una sanción de 9.000 euros para el arrendador. 

El inquilino es Ramon Casas, afiliado al Sindicato de Inquilinas de Barcelona, que comparte piso junto a otras dos personas en el barrio de Sant Antoni. En diciembre del año pasado estaban buscando una vivienda de alquiler y a través de los portales de anuncios encontraron una por 1.300 euros. "Les dijimos que no podíamos pagar tanto y al final lo acabamos cerrando en 1.200 euros", explica este barcelonés. 

Lo que fija la normativa, aprobada en septiembre de 2020, y que afectó desde el principio a 61 municipios catalanes –entre ellos, Barcelona–, es que las mensualidades en los nuevos contratos no pueden ser superiores a los del contrato anterior. Incluso se debe reducir el precio si éste está por encima del índice de referencia de la Generalitat.

En el caso de este inquilino, comprobó que en el anuncio del piso no constaba la referencia del precio del anterior contrato (algo que también debe aparecer por ley y que ha sido motivo de apertura de varios expedientes sancionadores). Entonces pidió la documentación al Institut Català del Sol (Incasòl) y estos le respondieron que la fianza depositada correspondiente al anterior contrato era de 950. Esta mensualidad, 250 euros inferior a la que les ofrecieron, es la que debería haber constado en el contrato de acuerdo con la ley catalana de precios del alquiler. 

"Fuimos a hablar con ellos y nos respondieron que la ley es injusta y que no cambiarían el precio", relata Casas. Fue entonces, en marzo de 2021, cuando él y sus compañeros de piso decidieron poner una reclamación a través del Ayuntamiento de Barcelona. El expediente sancionador contiene una propuesta de multa de 9.000 euros, el mínimo que fija la ley para estos casos. Es el primer caso que se encuentra el consistorio de una denuncia por un contrato que incumple la normativa.

Fuente: eldiario.es