Según un informe brindado por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), el presidente Daniel Ortega y su candidata a vice Rosario Murillo del Frente Sandinista de Liberación Nacional alcanzaban el 74,99% de los votos con el 50% de las mesas escrutadas y se encamina al quinto mandato de cinco años al frente del país centroamericano.

Brenda Rocha, presidenta del CSE proclamó como ganadora a la fórmula y estimó la participación en 65% del padrón electoral, lejos de las estimaciones que hicieron otros organismos, como Urnas Abiertas. El observatorio ciudadano que monitorea el proceso electoral, realizó una proyección que indica una abstención de entre 79% y 84%; con un promedio nacional de 81,5% de abstencionismo.

La legitimidad de estas elecciones ha sido cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, dado que las autoridades impidieron la participación de la principal coalición opositora y, en lo que va del año, fueron detenidos al menos 30 dirigentes políticos, entre ellos siete precandidatos presidenciales.

De acuerdo a los datos oficiales, detrás de la fórmula Ortega-Murillo se ubicaron ubicó el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el diputado Walter Martínez, con un 14,4 % de los votos. Luego sigue el también diputado y reverendo Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), con el 3,44 % de los votos.

Más de 4,4 millones de nicaragüenses estaban habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Estados Unidos y Costa Rica ya adelantaron que no reconocerán el resultado de las elecciones mientras la  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó después del cierre de las urnas, y sin dar más detalles, que estaba recibiendo denuncias de detenciones y allanamientos.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), sfirmó que “es fundamental redoblar la presión internacional para exigir la liberación de los presos políticos y que se restablezca la democracia”, al tiempo que destacó las masivas deficiencias del proceso electoral.

Con 14 años en el poder, Ortega es acusado por sus opositores de "nepotismo" y de instaurar una "dictadura", mientras que el exguerrillero asegura que su Gobierno es del "pueblo" y defiende la soberanía de su país de los "ataques" de Estados Unidos.