Preocupación por la persecución y detención de activistas de ONG venezolana
El sábado pasado detuvieron al director general de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, y a los activistas Rafael Tarazona y Omar García. Fueron imputados por los supuestos delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio.
Según la ONG, los agentes de inteligencia los arrestaron cuando acudieron a la Fiscalía en la ciudad de Coro, estado Falcón para denunciar que eran víctimas de "acoso y persecución por funcionarios" de la policía regional. Fundaredes acusa al gobierno de Maduro de amparar a líderes de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano.
Hace algunas semanas el mismo Javier Tarazona relataba lo que sucedía en Venezuela en La Perra Vida de Radio Universidad.
Al mismo tiempo y consultado por Radio Universidad el abogado penalista y defensor por los DDHH, Alonso Médina Roa, dijo que a “raíz de los acontecimientos ha habido mucha solidaridad con Javier Tarazona, un docente y académico muy respetable e intachable. De esa manera se ha usado el sistema judicial para acallar a la oposición político”.
Médina Roa explicó que existe una “fuerte presión social y política contra el accionar de Nicolás Madura y que ha unido a amplios sectores en defensa de los Derechos Humanos. No sólo en Venezuela si no también a nivel internacional como Naciones Unidas y la OEA”.
En concordancia la ex presidenta chilena y alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó así a Caracas a permitir "el acceso urgente [a los detenidos] de abogados defensores de su elección" y a revisar el actual marco legal, en concreto "la fiscalización desproporcionada a la sociedad civil".