El PSOE y Unidas Podemos, coalición en el gobierno de España, acordaron subir los impuestos para las grandes empresas y para las ganancias más altas de la escala. 
Han pactado una subida del impuesto de sociedades para los grandes grupos empresariales: tres puntos de aumento para rentas del capital de más de 200.000 euros, un número muy pequeño de contribuyentes pero con valor político y simbólico muy significativo en plena crisis. Además subieron dos puntos el impuesto a las ganancias para rentas del trabajo de más de 300.000 euros.

No hay aún datos precisos sobre cuánta gente está incluida en esta subida, pero para dar una idea de que son pocos alcanza saber que son solamente unos 112.000 contribuyentes que declaran ganancias superiores a los 100.000 euros, un 0,5% del total (20,6 millones de aportantes), según la Agencia Tributaria española.

También acordaron subir un punto el impuesto de patrimonio para los que tengan más de 10 millones de euros, aunque esto es de difícil aplicación porque está transferido a las autonomías (provincias). Sin embargo se cayeron del proyecto, dada la situación económica, algunas cuestiones estructurales que son parte del acuerdo básico de gobierno. El Ejecutivo ya había señalado que la gran reforma fiscal que tenía prevista quedará para un momento más propicio de recuperación económica.

En correspondencia a estas subas a los impuestos de grandes empresas y riquezas, la clave política del Presupuesto es su vocación expansiva. Tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, dejaron claro que con estas cuentas quedan atrás los recortes y la austeridad. “Hoy inauguramos una nueva etapa que deja atrás la senda neoliberal”, dijo Iglesias. “Dejamos atrás la etapa de los ajustes”, remata Sánchez. “Son unos Presupuestos progresistas, indispensables para la modernización de nuestro país”, insistió Sánchez. “Tras el durísimo golpe de la pandemia podíamos replegarnos con recortes, o salir adelante con energía”.

La inversión en educación aumentará un 70%, con un alza de 514 millones en becas y 1.500 millones en cuatro años para la modernización de la formación profesional. Asimismo, habrá una inyección de más de 5.000 millones adicionales en I+D+i, un 80% más; la inversión en infraestructuras tendrá 6.161 millones más, un alza del 115%; las partidas destinadas a industria y energía aumentarán en unos 5.700 millones. 

El presidente también explicó, entre otras medidas, que las ayudas a sectores especialmente dañados por la pandemia, como el comercio y el turismo y las pymes, crecerán un 150% con 1.300 millones más; para la cultura se prevé un alza del 25,6%; la agroindustria contará con recursos extra de casi 790 millones.
Ambos políticos parecían eufóricos este martes por el acuerdo, que ahora necesitará incorporar a los demás socios de su gobierno para salir adelante. 

“Son unos Presupuestos progresistas, excepcionales por la situación y por el volumen de inversión pública que movilizan. Su primer objetivo es reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis por la pandemia. El segundo, modernizar nuestro modelo productivo. Y el tercero, fortalecer nuestro estado del bienestar”, ha proclamado Sánchez.

Una de las grandes apuestas de los Presupuestos es la decisión de reforzar la sanidad pública, que la pandemia colocó en primer plano. “Destinaremos 3.064 millones de euros más a la sanidad, un 151,4% más. Una de las lecciones que debemos sacar es el robustecimiento de la sanidad pública”, señaló el presidente.

En el acuerdo de Presupuestos, aunque no esté en las cuentas, el PSOE y Unidas Podemos han incluido un pacto para regular el control de los precios del alquiler, un asunto con el que el grupo de Iglesias, que tiene en su seno a muchos dirigentes que vienen de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), lleva años presionando. “Debemos acelerar el objetivo que nos marcamos de intervenir el mercado de la vivienda para regular los precios del alquiler. Nos comprometemos a llevar al Congreso antes de cuatro meses una ley que permita establecer mecanismos de limitación o bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado, tanto en los nuevos contratos como en los existentes. España va a tener la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado de alquiler en Europa”, ha señalado Iglesias. 

Esa reforma llegará en unos meses pero las presiones de diferentes grupos económicos son muy fuertes y en el Gobierno hay una importante división sobre este asunto, así que aún queda mucha negociación para ver cómo queda finalmente la regulación.
Una vez remitido el anteproyecto de las nuevas cuentas al Congreso, se calcula que su primera votación en el Pleno del Congreso será la semana del 11 y 12 de noviembre.