El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas dijeron que la patrulla envuelta en el incidente en el río Ilave se dirigía anoche a una ciudad del a reforzar la seguridad luego de que manifestantes quemaran allí una comisaría y se enfrentaran con fuerzas de seguridad en otra protesta para exigir la renuncia de la . 

Los soldados fueron rodeados y atacados por cientos de manifestantes, y, para evitar una mayor confrontación, decidieron tirarse al río, cuyo caudal helado arrastró a seis de ellos, dijeron las autoridades. 

El Ministerio de Defensa reportó el hallazgo de los cuerpos de cuatro de los integrantes de la patrulla, tres oficiales y un soldado, y agregó que los otros dos estaban desparecidos. 

Los cuerpos de los dos inicialmente desaparecidos fueron encontrados por buzos de la Marina de Guerra, informó la cartera, según la agencia de noticias Andina. 

“Hoy colocamos nuestra bandera a media asta en señal de duelo y respeto en memoria de nuestros valerosos cabos del Ejército Franz Canazas, Alex Quispe Serrano, Elvis Pari y el soldado Elías Lupaca”, dijo esa cartera en Twitter.

Las otras dos víctimas fatales fueron identificadas como el cabo Carlos Quispe y el soldado Percy Castillo, según la radio limeña RPP. 

Asimismo, otros siete soldados fueron atendidos en un hospital local por presentar síntomas de hipotermia, informó el director de la Red de Salud de la provincia puneña El Collao, Fredy Cabana. 

De ellos, seis permanecían internados esta tarde, mientras el otro salió de alta por su voluntad pese a que le recomendaron que continuara hospitalizado en observación.

 En un video de la cartera de Defensa se ve a 15 militares sentados en círculo y arropados con mantas, dando parte a un oficial de lo sucedido en Puno. 

“Cruzamos el río porque no teníamos otra escapatoria para ningún lado, eran entre 800 y 900 personas que nos rodearon y nos empezaron a tirar piedras, la gente nos decía corruptos y asesinos”, narró un soldado de apellido Vilca. 

Según su versión, los militares intentaron hacer una cadena humana, pero fueron arrastrados por las aguas. 

“Ahí fue cuando la corriente nos llevó y allí empezaron a ahogarse algunos de la tropa”, dijo. 

El Ministerio de Defensa también detalló que se abrió una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y determinar, de ser el caso, las responsabilidades. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había adelantado anoche, en un comunicado, que “debido a las dificultades, al caudal del río y al ataque con piedras y otros objetos contundentes de un grupo de manifestantes, seis miembros de una patrulla fueron arrastrados por la corriente”. 

Además, había confirmado “el fallecimiento por ahogamiento del cabo Franz Canazas”. 

Un grupo de efectivos del Ejército se trasladaba desde la ciudad de Ilave con la finalidad de reforzar las acciones militares en busca de restablecer el orden en la ciudad de Juli, donde el sábado se produjeron enfrentamientos que dejaron al menos 16 heridos entre civiles y militares y una comisaría.

 “La patrulla fue interceptada por manifestantes radicales, impidiéndoles el paso abruptamente y de manera violenta, amenazando al personal militar con piedras, huaracas (hondas) y otros objetos contundentes”, indicó el texto. 

“Frente a esta situación y a fin de evitar confrontaciones con manifestantes que actuaban violentamente, amenazando al personal y sin proporcionar ninguna posibilidad de diálogo, la patrulla decidió tomar una ruta alterna, la cual contemplaba cruzar el río Ilave para evitar el enfrentamiento”, explicó el Comando. 

Perú vive una ola de protestas cotidianas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo luego de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales. En ese contexto murieron 54 personas (48 civiles, un policía y cinco militares) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los bloqueos de rutas, y al menos 1.301 resultaron heridas (incluidos 329 policías y seis militares), según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde, que no incluye a los dos soldados que entonces estaban desaparecidos. 

Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad, sobre todo en los departamentos Puno y Ayacucho, escenarios de los hechos más violentos. Por ese motivo, la Fiscalía de la Nación citó a Boluarte para que declare mañana y el Congreso interpelará el jueves al ministro del Interior, Vicente Romero.