El sector de la discapacidad no da más. Están pidiendo a gritos que se declare la emergencia para que se garanticen los derechos establecidos por ley en Argentina. 

Con la llegada de Javier Milei al Gobierno y la puesta en marcha de su plan de ajuste, la situación ha empeorado. Hay retraso en la actualización de los aranceles de las prestaciones, cuyos pagos se retrasan hasta 120 días, y por tanto, hay más de doscientas mil personas sin poder acceder a sus tratamientos. Además, aseguran que tanto la “Ley Bases” como el DNU, los afecta negativamente al vulnerar sus derechos. 

Para conocer más sobre esta preocupante problemática, el programa Redacción Abierta, convocó a Juan Guardatti, integrante de la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI); Federico Galíndez, de Fundación Bonino y Federación Converger; Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de ATI; y Mirna Álvarez, mamá cuidadora. 

“Cuando el Estado no desarrolla políticas públicas que promuevan el desarrollo de las prestaciones de salud, viola la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, dijo Guardatti. 

Los pagos de las obras sociales por las prestaciones son diferidos, entre 60 y 90 días, aunque hoy están alcanzando los 120 días. Además, está atrasada la actualización de los aranceles de las prácticas, hubo un aumento en marzo del 12% cuando para equiparse debería haber sido de al menos el 120%. 

“Esto ha sido acumulativo y provocó la naturalización de los pagos diferidos que no están correlacionados con el aumento de la inflación. Esto hace que cada vez más las prestaciones se sostienen a costa de los trabajadores y las familias”, explicó Domínguez.

“Todo se ve resentido. Los profesionales se están yendo, porque los honorarios no les alcanza. Entonces, cambia el humor y la predisposición al trabajo, las faltas aumentan. Esto repercute no sólo en cada uno de los prestadores sino, además, en las personas que requieren el tratamiento y las familias”, agregó Galíndez. 

Este panorama, para Guardatti, genera una cadena negativa que afecta a todo el sistema. “El trabajo de los prestadores en discapacidad es muy importante porque son quienes ayudan a la otra parte del sistema de apoyo, que son las familias, en que puedan guiar a la persona en el desarrollo de sus capacidades. 

En terapia, una persona con discapacidad conoce su cuerpo, sus límites y lo que puede hacer”, detalló quien es usuario de silla de ruedas. 

Por su parte, Álvarez señaló: “Con los recortes en discapacidad recae todo en las familias, sobre todo por las condiciones económicas en las que estamos. Se caen los sistemas de apoyo, pero también no se aprueban cuestiones vitales, como una silla, o no se entregan medicamentos, y para encontrar alguna respuesta hay que judicializar todo”.

Mientras que la psicopedagoga agregó: “Si se resienten las prestaciones, empeoran las discapacidades”. 

En ese marco, los cuatro invitados expresaron que el sector está pidiendo se declare la emergencia en discapacidad. “Significa que se cumplan los derechos establecidos por ley”, aclaró Galíndez.  

Emergencia en Discapacidad: el sector no resiste el ajuste, en Redacción Abierta