Luego de un profundo trabajo de investigación se concretó la presentación de una carta al Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por parte del CELS y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC junto a distintas organizaciones, con el objetivo de transmitirle la preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses y solicitar información sobre la adopción de medidas políticas e institucionales de fondo, orientadas a controlar y profesionalizar esta fuerza policial, y al mismo tiempo, mejorar sus condiciones laborales.

En ese sentido, se solicitó se convoque a una mesa de actores estatales y no estatales a los fines de avanzar en la articulación de acciones concretas en este preocupante tema.

En la misiva dirigida a la máxima autoridad de la Provincia de Córdoba se consignaron los antecedentes que se creyeron pertinentes e importantes como base del estudio.

Aunque en la Provincia hubo avances importantes en los últimos años respecto a la reducción de detenciones contravencionales, advertimos que no disminuyó la estigmatización de los barrios pobres y de las/os jóvenes que los habitan; e incrementaron las prácticas de hostigamiento.

Según el registro registro, en los años 2016 y 2017 murieron al menos 35 personas en la Provincia por acción u omisión de agentes de fuerzas de seguridad con asiento en el territorio provincial. De estas personas, 8 en 2016 y otras 8 en 2017, murieron por balas de efectivos de la Policía de la Provincia en diversas situaciones que pueden ser caracterizadas como ejecuciones extrajudiciales. En el año 2018, según La Voz del Interior, “10 sospechosos de delitos terminaron abatidos por disparos de la Policía en enfrentamientos callejeros.”

Respecto de la Violencia institucional en pandemia se verificó que el contexto de la pandemia profundizó las prácticas de violencia institucional tanto de la Policía de la Provincia de Córdoba como en todo el territorio nacional debido a las facultades de control de la restricción de circulación delegadas a las fuerzas de seguridad.

Desde que se decretó el ASPO se han denunciado siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con particulares muertos: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28 años); en Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años) fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho; en barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez murió tras enfrentarse con un policía retirado; hace pocas semanas, enterraron a José Ávila (35 años) asesinado en Villa El Libertador por dos policías. Y en la Ciudad de Córdoba, el pasado 6 de agosto a la madrugada, policías de la provincia fusilaron a Valentino Blas Correas, un pibe de 17 años que viajaba en auto con sus amigos. El mes de agosto terminó con un caso más: en la localidad de Alta Gracia, según la versión oficial, hubo una persecución policial y se produjo un “disparo accidental” con la detención e imputación del sargento primero Marcelo Barrionuevo. A estos casos fatales debemos agregar un caso en la localidad de Bell Ville (el 29 de marzo) y otro (el 21 de agosto) en la localidad de San Francisco, donde policías de la Provincia dispararon a jóvenes en el marco de controles callejeros en los que las víctimas resultaron ileso, uno y con heridas, el otro.

Todo esto da cuenta de que el uso de la fuerza letal por parte de efectivos policiales, lejos de ser una medida extrema y de respetar criterios de estricta proporcionalidad, constituye una práctica abusiva y reiterada por parte de integrantes de la policía cordobesa.

Venimos señalado en diversos pronunciamientos y publicaciones, por un lado, la pericia y rapidez de la Policía de la Provincia de Córdoba para alterar escenas de crimen (donde aparecen y desaparecen armas para justificar y/o disminuir la responsabilidad policial en los hechos). Y por otro, el hecho de que efectivos policiales imputados por delitos vinculados con su labor policial continúen desarrollando actividades operativas en el territorio. Además, tal como consta en el Relevamiento sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en Córdoba - Junio 2020, que elaboramos en conjunto entre las organizaciones sociales que integran la Comisión “Seguridad y Derechos Humanos” del Consejo Social de la FCS.

Estos casos de violencia letal se inscriben en un contexto de aumento y profundización de prácticas de hostigamiento policial tanto en barrios de sectores populares como en las “nuevas interacciones” policiales, en barrios y con sectores sociales no habituados a estas intervenciones policiales, como lo son los sectores medios y altos.

En la carta al Gobernador se plantea la necesidad de reformas de fondo mencionando que “Consideramos urgente la re-conducción política sobre la política policial y la implementación de reformas policiales de fondo, considerando que además de sus prácticas violentas, la policía de Córdoba tiene antecedentes de haber estado involucrada en redes de narcotráfico y criminalidad, como surge de los informes periodísticos e imputaciones jurídicas a los altos mando de drogas peligrosas en el 2013.”

Más adelante plantean “La necesidad de garantizar una mejor conducción política y herramientas más eficaces de control de la actuación policial, en tanto el respeto por los derechos humanos debe convertirse en un indicador central de la eficacia policial.”

Finalmente se señalan algunas recomendaciones: ”Fortalecer el control civil y político a las fuerzas, desarmando los mecanismos de delegación de las decisiones estratégicas y del diseño de políticas al poder policial, asumiendo mayores tareas desde el ejecutivo provincial y en articulación con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Córdoba.

Avanzar en la redacción y publicidad de protocolos de actuación de prácticas policiales, respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Mejorar la información sistematizada sobre el estado de las causas penales y suspender de las tareas operativas a quienes se encuentren imputados/as.

Producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público sobre el funcionamiento de las policías.

Revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento que apunten a la profesionalización y a la utilización de la fuerza letal como recurso de última ratio.

Solicitar a la Legislatura provincial la creación normativa de un mecanismo local contra la tortura, necesario para integrar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (Ley 26.827) .

En declaraciones a Canal 10, la Lic. Victoria Darraidou del Equipo de Investigación en Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, detalló que “están a disposición de las autoridades para aportar todos los datos necesarios y llevar adelante juntos un diagnóstico de la situación para desarrollar criterios de abordaje y soluciones." 

Al ser consultada sobre si habían recibido alguna respuesta del Gobierno Provincial, la Licenciada Darraidou dijo que "entiendo que hubo una primera respuesta así que lo deseable es que esto sea un comienzo de una conversación que finalmente posibilite es desarrollo de transformaciones en esta materia." 

En el Documento se remarcan:

“II. Necesidad de reformas de fondo

En esta línea, es que consideramos urgente la re-conducción política sobre la política policial y la implementación de reformas policiales de fondo, considerando que además de sus prácticas violentas, la policía de Córdoba tiene antecedentes de haber estado involucrada en redes de narcotráfico y criminalidad, como surge de los informes periodísticos e imputaciones jurídicas a los altos mando de drogas peligrosas en el 2013.

Los hechos de estas últimas semanas reafirman la necesidad de encarar un cambio urgente y profundo en el gobierno y conducción de la policía provincial, en su formación y en el funcionamiento de los mecanismos de control. Las provincias de Santa Fe y Chaco están iniciando procesos que pueden orientar los cambios, en tanto buscan garantizar una mejor conducción política y herramientas más eficaces de control de la actuación policial, en tanto el respeto por los derechos humanos debe convertirse en un indicador central de la eficacia policial.

A partir de este diagnóstico, solicitamos conocer qué medidas se tomaron o se prevé tomar para avanzar en reformas de fondo que permitan trabajar para modificar las prácticas institucionales que favorecen la comisión de hechos de violencia policial.

Recomendaciones

Como aporte al proceso de cambio, es posible señalar algunas cuestiones que son condiciones necesarias (aunque seguramente no suficientes) para un cambio del trabajo policial en el sentido de una mayor profesionalización y respeto por todas las personas:

Fortalecer el control civil y político a las fuerzas, desarmando los mecanismos de delegación de las decisiones estratégicas y del diseño de políticas al poder policial, asumiendo mayores tareas desde el ejecutivo provincial y en articulación con el

Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Córdoba. En este punto resulta central ampliar las atribuciones del Tribunal de Conducta Policial y su articulación con otros órganos de control para fortalecer su autonomía de la fuerza policial y agilizar los procesos de investigación y sanción a los efectivos que cometan faltas graves. 

Avanzar en la redacción y publicidad de protocolos de actuación de prácticas policiales, en general y en particular, en el marco del control de la restricción de circulación decretada por el COVID 19, con criterios claros de intervención policial respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Mejorar la información sistematizada sobre el estado de las causas penales iniciadas en contra miembros/as de las fuerzas de seguridad en relación a su desempeño, y suspender de las tareas operativas a quienes se encuentren imputados/as11.

Producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento de las policías (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos comunes).

Revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento que apunten a la profesionalización y a la utilización de la fuerza letal como recurso de ultima ratio.

Solicitar a la Legislatura provincial la creación normativa de un mecanismo local contra la tortura, necesario para integrar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (Ley26.827) y que permitirá el control en las interacciones policiales, sobre todo en lugares de detención, como lo establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (tratado fue suscripto por la República Argentina y ratificado por el Congreso de la Nación a través de la ley N° 25.932).

Por todo lo expuesto, además de reiterar nuestra preocupación por los hechos de violencia policial y la falta de respuesta adecuada, apelamos a su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e instamos que aborde estos problemas del modo en que la democracia exige. Es por ello que solicitamos que se convoque a una mesa de actores estatales y no estatales a los fines de avanzar en la articulación de acciones concretas en este preocupante tema.

Nos referimos a que desde el PE se reglamente el no cumplimiento de tareas operativas en la calle mientras dure el proceso, ya que en el caso de Valentino Blas Correa, como en otros casos anteriores como lo fue el caso de Were Pellico, los agentes imputados tenían causas en proceso por mal desempeño en sus funciones.”

Todos los días por Canal 10 te informamos desde Canal U con el equipo de Data Universitaria: Mónica Reviglio y Sergio Antoniazzi.

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