El 24 de marzo de 2020, a pocos días del inicio de la cuarentena, Córdoba puso en marcha el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). El objetivo era centralizar y coordinar todas las acciones tendientes a controlar la expansión del COVID-19 en la provincia. En la sede central del complejo Pablo Pizzurno confluían profesionales de la salud, funcionarios provinciales, representantes de la sociedad civil y del sector privado.

Al personal de planta de los distintos ministerios, secretarias, municipios u otros organismos involucrados, el COE sumó poco más de 50 personas en áreas estratégicas y una verdadera legión de voluntarios integrados por 5000 profesionales de distintas disciplinas.

Poco a poco el COE se transformó en la referencia ineludible que guiaba diariamente las acciones de los cordobeses. A la labor especifica de seguimiento sanitario, se sumaron las tareas de bajar a nivel local las disposiciones nacionales respecto de circulación de la población y control de las pocas actividades que en los comienzos de la pandemia se podían realizar. La Policía, el Ejercito, la Gendarmería, todos se referenciaban en el COE.

Para traer un hijo al mundo en Córdoba el COE tenía un protocolo. Para morir, también.

Cuando la circulación se transformó en comunitaria Córdoba fue pionera en establecer cercos sanitarios, llamados Operativos Identificar. Se testeaban y abordaban integralmente zonas donde el virus comenzaba a circular exponencialmente.

Sin dudas el punto más oscuro de la gestión del organismo, fue la aparición de Ignacio Martín, el falso médico que, con apenas 19 años, logró infiltrarse en el COE de Río IV y llegó a ocupar lugares en la mesa de toma de decisiones y hasta diagnosticó y medicó pacientes. 

Si bien el caso está judicializado y Martin detenido, las responsabilidades políticas de su ascenso nunca quedaron claras.

El COE Córdoba, una especie de Gran Hermano Pandémico bajo cuyas decisiones transcurrimos durante el primer año de pandemia.