En momentos en que la campaña de inmunización comienza a tomar vuelo, pero cuando aún estamos lejos de disponer de las dosis suficientes para pasar definitivamente la página desgraciada de la pandemia, vale la pena preguntarse por los criterios de prioridad a la hora de decidir quién se vacuna y quién no.

En una primera mirada, la respuesta parece simple: exposición (más chances de contraer el virus) y riesgo (más posibilidades de que el virus derive en una complicación letal). Sin embargo, cuando aterrizamos esta perspectiva a la realidad concreta de las personas las cosas comienzan a complicarse. El gobierno, a través de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), estableció un ordenamiento general que luego cada jurisdicción adapta a su realidad (1). Es el siguiente: personal de salud; adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos; adultos mayores de 60 años; personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de servicios penitenciarios; adultos de entre 18 y 59 años que presentan factores de riesgo; personal docente y no docente de los niveles educativos inicial, primaria y secundaria; poblaciones estratégicas, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de su libertad, migrantes.

La lista presenta algunos aspectos que vale la pena poner en cuestión.

En primer lugar, excluye, total y absolutamente, a las personas con Certificado Único por Discapacidad (CUD). Dentro de este universo amplio figuran por ejemplo aquellos argentinos que sufren Parkinson de comienzo juvenil y otras enfermedades neurológicas, que son más susceptibles de contraer enfermedades respiratorias, neumonía y otras posibles derivaciones de la Covid con riesgo de muerte. También están incluidas en este grupo las personas con síndrome de Down. A pesar de que las estadísticas confirman que la letalidad del virus es más alta en personas con CUD que en la población en general (2), hasta el momento no tienen ninguna prioridad.

En segundo lugar, la imprecisión a la hora de definir la categoría “personal de salud” crea injusticias flagrantes. Una vez vacunada la primera línea de lucha contra el virus (intensivistas, médicos que se desempeñan en “áreas Covid” de los hospitales, guardias y ambulancias), ¿es correcto que el resto tenga prioridad? Un pediatra que trabaja en un consultorio privado atendiendo niños pequeños que llegan acompañados por padres jóvenes, el encargado de informática recién recibido de una clínica, un cirujano plástico o un psicólogo matriculado que atiende básicamente por Zoom, ¿deberían, como sucede ahora, recibir la vacuna antes que una persona con dos by pass de 79 años (en la Ciudad de Buenos Aires) o de 69 (en la provincia)?

En tercer lugar, cabe preguntarse por el criterio para seleccionar a aquellos grupos priorizados por ser considerados esenciales o por su mayor exposición al contagio, como los policías y los docentes. ¿Un docente de primaria está más expuesto que un colectivero? ¿Es correcto vacunar antes a una maestra de 32 años que a una señora de 69 que trabaja en una mercería y se pasa el día ateniendo a clientas de su edad? El argumento de que los docentes deben inmunizarse antes porque fueron forzados a volver a clases es absurdo, porque lo mismo podría decir el colectivero o la empleada de la mercería. Dada la ausencia de hipótesis de conflicto bélico en el horizonte cercano, ¿en dónde reside la esencialidad de los militares?  ¿Un policía de 24 años que trabaja buena parte del día al aire libre debe recibir la vacuna antes que un fletero monotributista de 69 años? Las fotos que se multiplican en estos días en las redes sociales de docentes bonaerenses ostensiblemente jóvenes mostrando orgullosos su certificado de vacunación resultan chocantes.

Es cierto que la vacuna de Sinopharm aún no fue aprobada para mayores de 65 años, pero lo que falta determinar es el nivel exacto de efectividad, no el riesgo de que produzca algún daño, que está descartado. Y en todo caso, ¿un profesor de educación física que da clases al aire libre debería recibir la vacuna antes que un repositor que pasa ocho diarias expuesto al aire viciado del supermercado?

Por último, hay que considerar la cuestión de las desventajas previas. Peter Singer, profesor de bioética de la Universidad de Princeton, recuerda que las personas pertenecientes a los sectores sociales desprotegidos tienen una expectativa de vida menor que el promedio de la sociedad y que, por lo tanto, están sub-representadas entre quienes serán vacunados prioritariamente. Si se vacuna siguiendo solo un criterio de edad, la proporción de inmunizados de los sectores populares será más baja que la de la población en general. Así, por un lado, sumarán una discriminación más a la larga lista que los persigue desde que nacen. Pero además, para ser totalmente justos, habría que estimar a qué edad promedio –cuántos años antes– las personas de los grupos vulnerables comienzan a contraer enfermedades que los ciudadanos de clase media enfrentan más tarde, y vacunarlos antes. Tomando el caso de Estados Unidos, Singer sostiene que los afroamericanos deberían ser vacunados a los 72 años y los blancos a las 75 (3).

Luego de un par de semanas entretenidos en los casos de aquellos que, como los ancianos Eduardo Duhalde y Horacio Verbitsky, directamente se saltaron la fila, se impone la necesidad de abrir un debate amplio sobre la forma más justa de construir la lista del vacunatorio. En una nota en la revista La Tecla Eñe (4), el profesor y ensayista Alejandro Kaufman escribió que la inmunización es no una cuestión individual –un pasaporte– sino un esfuerzo colectivo, un tema poblacional, y que por lo tanto la metáfora adecuada no es la fila sino el rebaño; propone la imagen de la masa intentando entrar toda junta, aluvionalmente, a un tren. Nadie se saltó la fila, dice Kaufman, porque no existe tal fila. Pues bien: digamos entonces que algunos pegaron más codazos que otros, y que más allá de referencias y metáforas la discusión es la misma: a quiénes –individuos o grupos– vacunar primero, y a quiénes después.

La respuesta no es médica, ni política ni sociológica, aunque todas estas ciencias puedan aportar algo, sino ética, y debería por lo tanto trascender el ámbito específico de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para derramar en el conjunto social. De otro modo, corremos el riesgo de que médicos de clase media colegiados con poder de lobby, policías con capacidad de presión armada o gremios poderosos como los docentes se impongan sobre trabajadores desindicalizados, personas pobres sin influencia o grupos minoritarios irrepresentados como los enfermos de Parkinson. Tercerizar la solución no es la mejor forma de encarar un tema que merece un abordaje amplio, deliberativo y democrático.

1. https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/prioridad#:~:text=Adultos%20de%20entre%2018%20y,cardiovasculares%2C%20renales%20o%20respiratorias%20cr%C3%B3nicas.

2. https://www.asdra.org.ar/salud/covid19/estado-de-situacion-de-personas-con-discapacidad-confirmadas-con-covid-19/

3. https://www.project-syndicate.org/commentary/ethics-of-covid19-vaccine-priorities-by-peter-singer-2021-01/spanish

4. https://lateclaenerevista.com/27f-y-sus-alrededores-por-alejandro-kaufman/