Dos consignas, dos marcos para fotos de perfil en las redes sociales, dos mundos políticos enfrentados. Una de las consignas es: “No fue golpe, fue fraude”. La otra: “No es venganza, es justicia”. Ambas son fórmulas negativas: se plantean como refutación de los ataques implícitos de un rival: para rechazar el ser “golpistas”, en un caso, y “autoritarios”, en el otro.

El primer bando

El primero de estos lemas es esgrimido por los enemigos de Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). No se trata de una contradicción real. En teoría, la caída de Morales en noviembre de 2019 podría haber sido un evento que incluyera un fraude, primero, y un golpe de Estado, después. Esta incongruencia lógica se debe a que sus defensores no se atreven a evocar la verdadera dicotomía que sería: “no fue golpe, fue levantamiento”, pues de todas formas tendría implicaciones antidemocráticas. En este relato, el derrocamiento de Morales no presenta ningún aspecto violento. Muchos opositores no aceptan siquiera que se hable de un “derrocamiento”. Según ellos, Morales renunció la tarde del 10 de noviembre porque se asustó del enojo que había causado en el “pueblo” por su constante deseo de reelección, y no porque fuera a pasarle algo a él, sino por “cobarde”. Luego huyó del país.

Para este bando, por lo tanto, no hay nada en los acontecimientos de noviembre de 2019 que merezca ser tratado por los tribunales de justicia. Así lo ha dicho uno de sus líderes, el ex presidente Carlos Mesa: “La persecución ha comenzado [sobre] la tramoya de inventar un supuesto golpe de Estado inexistente”.

Si la premisa es que no hubo golpe, y tampoco siquiera una insurrección popular, entonces la conclusión puede ser amplia: se considera injustificado el procesamiento de los militares que “sugirieron” a Morales renunciar. Y aún mucho más injustificada la incorporación en el mismo juicio de la ex presidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores más cercanos, que se beneficiaron de la renuncia de Morales sucediéndolo en el poder.

El segundo bando

Un segundo bando, por otra parte, rechaza que hubiera habido fraude en las elecciones de octubre de 2019, que oficialmente ganó Morales, y lo considera un invento de la oposición, los medios de comunicación y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Desde este punto de vista, el fraude fue un invento orientado a provocar un caos social en medio del cual los conspiradores pudieran hacer dos movimientos estratégicos: amotinar a la Policía y el ya mencionado “pronunciamiento militar”.

Estos dos actos son punibles en Bolivia como en cualquier parte del mundo. Poco después de la llegada del MAS al poder, comenzaron a ser juzgados en un proceso contra los jefes militares y policiales comprometidos con ellos; se denominó “caso golpe de Estado”. Por las razones mencionadas, fue objetado por la oposición, pero estaba basado en hechos objetivos, grabados en video, que fueron vistos y discutidos por millones de bolivianos. Sin duda se podían hacer diversas interpretaciones sobre sus causas pero, desde el punto de vista del positivismo jurídico, constituían una base razonable para que la justicia actuase. En este proceso estaba mencionado, aunque no acusado, Luis Fernando Camacho, el líder de las protestas cívicas contra Morales, pues se sospechaba que su padre, un conocido empresario de Santa Cruz, había financiado –en parte o en todo– el motín policial.

Sin embargo, tal como estaba planteado, este juicio resultaba insuficiente para el MAS. El proselitismo del “golpe de Estado” requiere que todas las acciones opositoras de fines de 2019 formen parte de una única conspiración articulada. Por lo tanto, el “caso golpe de Estado” no se quedó ahí, sino que creció. Inopinadamente, no lo hizo en dirección de Camacho, que entretanto se convirtió en gobernador de la próspera y conservadora región de Santa Cruz, ganando las elecciones del 7 de marzo con el 55% de los votos. Los fiscales prefirieron respetarlo, dando un primer indicio de que las cosas se manejarían políticamente.

La acción contra Áñez

La ampliación del juicio siguió un camino más cuestionable desde una perspectiva jurídica. Sorprendiendo a la ex presidenta, que no tuvo tiempo de exiliarse, avanzó sobre Áñez y sus cinco ministros más cercanos. Dos, los más “duros”, ya estaban fuera del país. Otros dos cayeron con su ex jefa. Hoy están en prisión. Todavía no se conoce la ubicación del último, que continúa prófugo.

Los motivos de esta selección son, a primera vista, inobjetables. Durante el gobierno de Jeanine Áñez se movilizó permanentemente a las fuerzas conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía: hubo eventos muy serios de represión de las protestas populares que causaron más de 30 víctimas fatales y cientos de heridos. Se militarizó la sociedad, en especial durante la cuarentena. Se reprimió fuertemente al MAS por medio de distintas expresiones de “lawfare”. Luis Arce llegó al poder prometiendo que investigaría y penaría judicialmente estos abusos. Las bases de este partido y sectores del movimiento obrero y popular tienen como una reivindicación central la sanción de Áñez y sus ministros.

Sin embargo, al mismo tiempo, resulta bastante difícil vincular a esta ex senadora con el “golpe de Estado” como tal. Ella ocupó una posición de tercera y cuarta línea durante los momentos previos a la salida de Evo Morales del poder. Igual que varios de los emperadores romanos, se hallaba retirada en una provincia apartada cuando, de pronto, le cayó el trono encima. Por eso, lo lógico hubiera sido juzgar a Áñez por lo que hizo desde el momento en que asumió el poder en adelante. En otras palabras, abrirle otro juicio distinto. ¿Por qué no se hizo de este modo? Porque una ex presidenta goza de fuero legal; sus actos en el gobierno solo pueden ser juzgados por el Parlamento. Simultáneamente, para iniciar un juicio parlamentario o “de responsabilidades” a un ex presidente, se necesita una mayoría de dos tercios. Y en este momento el MAS no cuenta con esta cantidad de congresistas. Por eso no podía –ni puede– juzgarla por la vía constitucional. Ahora bien, como tampoco podía dejar a Áñez sin tocar, el oficialismo optó por la vía, cuestionable desde muchos puntos de vista, de incorporarla al “caso golpe de Estado”, con los cargos de “terrorismo, sedición y conspiración”. Apostó a demostrar que quienes se beneficiaron del hecho, también lo causaron. La lógica se resiente, quizá, pero no es la lógica la que lleva la voz cantante. En este tipo de procesos, que el periodista Pablo Stefanoni ha llamado “atrapa-todo”, con causas generales y sin delitos claros, lo que prima es la política. Los límites, por lo tanto, estarán dados por la correlación de fuerzas que logren establecer, en su enfrentamiento, el gobierno y la oposición bolivianas.

Vuelve la polarización irresoluble

De un lado, muchos en el MAS quieren seguir “enderezando tuertos” y sancionar de una u otra forma a los principales líderes de la derecha y la centroderecha por su papel en la “dictadura de Áñez”. Otros se muestran más prudentes, pero son los menos. Del otro lado, en el campo opositor se ha producido un verdadero certamen de retórica para condenar tanto el fondo como la forma del procedimiento descrito. Con pocas excepciones, los líderes opositores se han entregado a la hipérbole: “Volvió la dictadura [de Morales]”. “Peor que una dictadura militar”. “El mayor abuso en la historia”, etcétera. También se han quejado ante los organismos internacionales. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, reflejando el eurocentrismo histórico de la elite tradicional boliviana, ha planteado que todos los grandes casos judiciales de los gobiernos de Áñez y Evo Morales sean vistos por comisiones o cortes internacionales. La iniciativa ha sido aplaudida por los grandes medios de comunicación, que están en apronte contra la “persecución política”. Además, ya ha habido una primera ronda de protestas multitudinarias –la principal de ellas en Santa Cruz de la Sierra– y seguramente habrá más en el futuro inmediato. El gobernador Camacho ha ofrecido Santa Cruz como “santuario” de los que se sientan perseguidos y ha prometido que si vuelve a La Paz será para “volver a derrotar a un gobierno tirano”. Las federaciones de cocaleros de Cochabamba anunciaron también que se movilizarán contra “los mismos actores del gobierno de facto [que] hoy pretenden desestabilizar al Gobierno presidido por el hermano Luis Arce Catacora”.

En suma, la polarización boliviana ha vuelto. Nunca se había ido del todo, ya que responde a una lucha de fondo y largo plazo entre clases sociales y grupos étnico-raciales, pero había perdido pólvora luego de la aplastante victoria de Arce en las elecciones de octubre de 2020. Apenas se tomó una medida directa contra una representante de las clases medias blancas, estas volvieron al escenario político cargadas con una explosiva rabia contra el MAS. A la vez, este partido, que moviliza a grandes sectores plebeyos, está lleno de resentimiento por lo que tuvo que sufrir en el 2020. Rabia contra resentimiento: así se recrean, una vez más, las condiciones de la suerte de “guerra civil larvada” que arrastra Bolivia desde hace mucho y que, si bien no se expresa abiertamente por el “espíritu epocal”, que es el democrático, está siempre allí, deformando las relaciones políticas, tensionándolas y resquebrajándolas.

¿Cómo va a desarrollarse este enfrentamiento en el futuro? No podemos saberlo del todo. Dependerá de si el MAS carga contra más opositores o no; de si logra estabilizar el caso contra Áñez con la batería de denuncias parlamentarias y extraparlamentarias que ha anunciado que va a presentar en su contra y, de manera fundamental, del curso de la crisis económica que atraviesa el país. Hoy esta parece jugar a favor del oficialismo, ya que inhibe la acción directa de los grupos opositores: por indignada que esté, la gente no puede luchar, incluso si es acomodada, cuando necesita trabajar y producir. Pero mañana, si los problemas fiscales obligan al gobierno a tomar medidas impopulares de ajuste de la economía, la crisis puede comenzar a jugar a favor de la oposición.

¿Las formas importan?

En Bolivia el aparato judicial carece de autonomía y busca él mismo ponerse al servicio de los gobiernos de turno. Los dos bandos se echan la culpa mutuamente por este fenómeno, pero la verdad es que trasciende las ideologías y los distintos períodos de gobierno. El objetivo central de los fiscales y jueces no es otro que conservar sus empleos (y las prebendas asociadas), un objetivo que depende críticamente del poder político, como ha recordado hace poco el director de Humans Rights Watch, José Miguel Vivanco, a propósito justamente de lo sucedido en Bolivia.

Es cierto que, por lo que se dijo antes, cualquier actuación judicial, sin importar su naturaleza, hubiera igualmente causado la indignación de los opositores. Sin embargo, de las declaraciones de Mesa tras la detención de Áñez se infiere que a este le hubiera resultado más difícil estrellarse contra una acusación por violación de los derechos humanos. “Las responsabilidades por los hechos de Sacaba y Senkata [las dos masacres de campesinos y vecinos que se perpetraron durante la gestión interina] deben investigarse”, admitió el ex presidente. Además, varios intelectuales y periodistas progresistas, tanto dentro como fuera del país, han mostrado su preocupación por el inicio de un nuevo período de “lawfare”, solo que de signo ideológico distinto. Vivanco, por ejemplo, que fue un activo defensor del MAS frente a Áñez, se declaró “decepcionado” de Luis Arce por haber caído en la misma “instrumentalización de la justicia” de la que él fuera víctima en el pasado.

Entre un 30 y un 40% de la población boliviana nunca le dará ninguna posibilidad al MAS. En el último tiempo esta porción, que posee casi todo el capital cultural del país, ha girado hacia la extrema derecha y sueña con recrear lo sucedido en 2019 (de ahí las palabras de Camacho: “La única vez que vuelva a La Paz será para volver a derrotar un gobierno tirano”). En estas condiciones, el partido de gobierno no puede cometer errores que lo lleven a perder, así sea temporalmente, su hegemonía política. Solo ella le permite mantenerse “vivo”. En el pasado, el error que lo condujo a reducir su influencia sobre la sociedad y, por esta vía, a perder el poder, fue la insistencia en la reelección de Evo Morales. ¿Es equivalente a este error la actual decisión de enjuiciar a Áñez de la manera en que lo hizo? Es temprano para saberlo. Lo que podría decirse es que, sin ser tan grave en teoría, resultó en todo caso un paso en falso.