Hace un tiempo, llegó a nuestro país y en especial a la ciudad de Córdoba, una nueva forma de flexibilización laboral que comienza a afectar gravemente la actividad legal que llevan adelante taxis y remises.

Consiste en la prestación de un servicio ilegal de transporte automotor de personas, que se publicita y/o contrata por medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas (que claramente no son ni de taxis, ni de remises), lo llamativo es el grado de publicidad que le dan algunos medios cordobeses, sabiendo que esta perjudicando la fuente de trabajo de otro trabajador o trabajadora cordobés “hermano", que lleva su actividad dentro del marco de la ley, a diferencia de los otros. Dice el Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos…”. ¿Acaso creen el resto de las actividades que este problema que hoy padecen taxis y remises, no puede llegar a tocar sus propias puertas también de otra forma, sabiendo que estamos hablando de flexibilización laboral?

Se trata en su mayoría, de empresas multinacionales extranjeras, que desembarcan en aquellos territorios en los que desde el propio Estado no se visibiliza una firme protección de la fuente de trabajo, ni los de los derechos que tienen los trabajadores locales (garantizados no solo en leyes laborales vigentes, sino también en la propia Constitución Provincial y Nacional).

Asimismo, también avanzan en territorios en los cuales, quienes legislan (especialmente en los Concejos Deliberantes), no aprueban Ordenanzas que prohíban el desembarco de este servicio ilegal.

Pocos días atrás, el Secretario General del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (Héctor Miguel Arias), presentó en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, un anteproyecto contra estas aplicaciones ilegales (que fue recibido por las máximas autoridades del citado recinto legislativo), quedó en ser estudiado por parte de todos los bloques del propio Concejo (desde el Sindicato y las bases del gremio, están a la espera de que se avance sobre el mismo para su aprobación, con todas las mejoras que puedan hacerle al proyecto presentado desde el sector de el taxi).

Desde los Municipios se debe proteger sin matices la actividad de los taxis y remises (que se encuentra regulada mediante la Ordenanza pertinente).

Asimismo, es necesario señalar que quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la ley, sin habilitación Municipal, que es publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; genera una clara competencia desleal en relación al taxi y al remis.

Eso sucede, debido a que los primeros no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad; no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados); no tienen radio; GPS; botón de pánico; ni inspecciones municipales; cualquiera se sube o se baja del auto; evaden impuestos; tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo, poniendo en riesgo no solo el propio sistema, sino fundamentalmente a miles de fuentes de trabajos, lo que es inadmisible e inaceptable.

No se sabe si cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los conductores, ni estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónicas, serían responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros, no tributan impuestos y/o tasas provinciales y/o municipales.

La clase trabajadora en Córdoba y en toda la República Argentina; exhorta y reclama a quienes legislan en los concejos deliberantes y a quienes gobiernan en los respectivos Ejecutivos municipales; que hagan cumplir la ley y que avancen en todas las medidas que sean necesarias para defender el trabajo local; pues, en definitiva, entre otras razones, para eso son los representantes del pueblo, y ese mismo pueblo es quien paga sus salarios.