La historización o cronología de ciertos hechos pasados, en muchas ocasiones, sirve para lograr una mejor y más profunda comprensión y, sobre todo, una correcta caracterización de otras situaciones que acontecen en la actualidad. 

Uno de los temas centrales de preocupación que ha generado un gran revuelo en estos días, tiene que ver con la información contenida en el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, la persona que atentó contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación el pasado jueves 1 de setiembre. En procura de intentar un análisis de lo sucedido, me permito recordar previamente algunos hechos. 

A inicios del año 2007, y después de varios años de desempeñarme exclusivamente en investigación de homicidios, recibí la orden del Fiscal General de la Provincia de Córdoba y del Director General de Policía Judicial de aquel momento, de conformar una nueva unidad dedicada a la investigación de las telecomunicaciones. 

Había varios motivos: desde el punto de vista técnico la importancia de las telecomunicaciones se había vuelto central en la vida de las personas. Si consideramos que el objetivo de una investigación criminal es la reconstrucción minuciosa y detallada de hechos delictivos, con el fin de determinar eventuales responsabilidades penales, la información que se podía obtener del análisis de las telecomunicaciones y de los equipos que se utilizan para lograr ese intercambio comunicacional a distancia, se había transformado en vital para el éxito investigativo.

Cuando nos adentramos en los detalles del requerimiento pudimos observar un fenómeno muy importante y que fue determinante para la creación de la nueva unidad. Porque lo que se busca en una sentencia es llegar a la certeza acerca de cómo ocurrió un hecho delictivo y quiénes fueron sus responsables. Pero en la práctica, resulta extraordinariamente difícil la producción de prueba técnica total y absolutamente contundente que permita al juzgador, llegar a ese grado de certeza exigido por la Ley. Por tal motivo, disciplinas y saberes que eran susceptibles de producir información indubitable, fueron sumamente valoradas en el campo de la investigación criminal. De ahí, por ejemplo, que en la historia de la investigación científica del delito, la Papiloscopía tuviera durante muchos años gran importancia y sus ramificaciones dieran origen a la naciente y valorada disciplina de la identificación humana. 

Fue en la década de ochenta, tras un nuevo fenómeno político-delictivo ocurrido en Latinoamérica y particularmente en Argentina, lo que motivó un nuevo y enorme desafío para la investigación científica del delito: las desapariciones forzadas de personas y la búsqueda de niños nacidos en cautiverio. 

Merced a la incansable lucha de un grupo de abuelas que buscaban afanosamente a sus nietos que sabían, podrían estar con vida en manos de apropiadores; y en tiempos dónde el mayor conocimiento técnico sobre descendencia era grupo y factor de la sangre de una persona, se realizaron una serie de contactos que permitieron dar con la genetista Mary-Claire King, una estadounidense que había comenzado a relacionar el parentesco de las personas a través de la química orgánica, de un modo que permitía lograr cierta certeza judicial. Así nació el Índice de Abuelidad, al que se arribó utilizando marcadores genéticos para detectar ciertas proteínas en sangre. Se analizaba sangre no los genes, y por supuesto ni se hablaba aún de análisis de ADN tal y como lo conocemos en la actualidad. Como ha ocurrido muchas veces en otras áreas de la investigación criminal, la necesidad forzó y hasta determinó la búsqueda de una respuesta, y en este caso en particular se dio porque las Abuelas se permitieron abrirse y buscar nuevos caminos de investigación forense aplicado a la búsqueda de sus nietos.

Otros de los avances y también relacionado con el fenómeno de la desaparición forzada de personas, fue el desarrollo de la Antropología Forense en Argentina, que adquirió merced a las particulares necesidades de nuestro país, ciertas características propias que han llevado a lograr estándares de excelencia internacional merced a los desarrollos del Equipo Argentino de Antropología Forense. 

Años más tarde y siguiendo la línea de necesidades judiciales, la importancia de la genética forense se hizo central en la investigación criminal, por una simple y poderosísima razón: permitía lograr índices casi indiscutidos de certeza, algo que remarcamos, tiene un altísimo valor para los jueces y juezas a la hora de tomar una decisión. 

Los hechos ocurridos en la madrugada del 25 de enero de 1997 vinieron a generar otro profundo cambio en los modos de investigar el crimen en la Argentina. Esa noche, el reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas, fue asesinado de dos disparos y su cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un automóvil que utilizaba para cubrir la temporada turística en la costa argentina. El de Cabezas fue considerado un crimen político y uno de los mensajes mafioso más siniestros que se recuerde desde el regreso de la democracia en Argentina.

La enorme tormenta política que desató la urgencia por descubrir quién o quiénes habían instigado y cometido este asesinato generó la necesidad de extraer todo el potencial a las escasas pruebas con que se contaba; pruebas que, en ese caso en particular, se había procurado eliminar intencionalmente. La telefonía celular en la Argentina era incipiente y sus costos prohibitivos le permitían el acceso solo a cierta elite muy pudiente. Pero no obstante había comunicaciones tanto entre teléfonos celulares como con líneas fijas. Y por lo tanto el análisis de las comunicaciones se impuso como una nueva e imperiosa necesidad en el curso de esa investigación. Por ese motivo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió invertir una suma millonaria en dólares para adquirir la licencia de un sistema denominado Excalibur; un recurso tecnológico que visto desde el presente, conformaba un viejísimo y precario sistema de análisis de las comunicaciones. Pero que en su momento fue revolucionario y hasta determinante para poder avanzar en esa causa. 

Los operadores de ese primer y rudimentario sistema de análisis tomaron conciencia de dos cuestiones: que podían y debían mejorarlo, en primer lugar. Y que la relevancia o futura relevancia de la investigación de las comunicaciones iba a ser central en el futuro de la investigación criminal de la Argentina y del mundo.

Esto, a su vez, generó dos fenómenos hacia el interior de las fuerzas: en primer lugar, un gran interés por el desarrollo de nuevos sistemas. Y, en segundo lugar, que estas nuevas producciones y metodologías de trabajo fueran acompañados por un gran secretismo en torno a los nuevos conocimientos: quienes lo poseían se convertían en personas muy relevantes en cualquier tipo de investigación criminal y al mismo tiempo, o por esa misma razón, eran muy poco proclives a divulgar sus conocimientos. 

Respecto de la relevancia de las telecomunicaciones, podemos afirmar que para 2007, la estadística brindada por las prestatarias de los servicios de telecomunicaciones en el país aseguraba que en la Argentina había en circulación aproximadamente 2,6 líneas de telefonía celular por habitante, una de las cifras más altas de la región, e increíblemente una de las más altas del mundo.

Y justamente por la necesidad del caso Cabezas, la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue pionera en el desarrollo y capacitación en esta área. La incipiente oficina creada para esos primeros y rudimentarios análisis de las comunicaciones dieron lugar, muy pronto, a una estructura mucho más poderosa, que dentro del esquema organizacional de la Policía

Bonaerense recibió el nombre de Dirección de Análisis y Apoyo para las Investigaciones en las Comunicaciones (D.A.A.I.C.). Uno de sus primeros jefes fue un oficial jefe, Hugo Matzkin, que años más tarde llegaría a Jefe de Policía; y que rodeado de un equipo de jóvenes policías, se lanzaron a la compleja tarea de intentar un desarrollo local. Eran tiempos de secuestros, y por lo tanto el análisis de las comunicaciones se había transformado en algo vital. 

En ese contexto, algunos integrantes de la Policía Bonaerense recordaron a un ex Cabo, programador y autodidacta en sistemas informáticos, que hacía un tiempo había renunciado a su miserable sueldo policial y se había radicado en los EEUU, dónde se dedicaba a la programación y la animación digital. Fue complicado lograr hacia el interior de la fuerza que se comprendiera la importancia de esta persona, pero finalmente se logró repatriarlo. Junto al equipo liderado por Matzkin, lograron el desarrollo de un nuevo sistema informático, el V.A.I.C. (Vínculos por Análisis Informáticos de las Comunicaciones), un desarrollo informático local que, a pesar de ciertas cuestiones técnicas, constituía una notable evolución respecto del Excalibur, porque había sido desarrollado por investigadores y para requerimientos específicos de investigación criminal. 

Los secuestros no solo eran un problema en Buenos Aires, sino que muy pronto proliferaron bandas locales en distintas provincias de la Argentina. Esto, nuevamente determinó otra necesidad: la de crear la División Antisecuestros en la Policía de la Provincia de Córdoba, inicialmente a cargo del Comisario Ch. Nieva, histórico jefe de la División Homicidios, que había tenido un grave cuestionamiento judicial, y que había logrado sortear. Sin posibilidades de regresar a su oficina de origen, pero con un enorme caudal de experiencia, Nieva fue puesto al mando de la naciente División Antisecuestros. Pero era un policía clásico y las nuevas metodologías de investigación no eran su fuerte. Por esa razón me permití sugerirle la necesidad de aggiornarse a los nuevos tiempos, dónde la prueba en materia de telecomunicaciones era absolutamente vital para lograr el éxito investigativo en materia de secuestros extorsivos. 

Así lo hizo: incorporó un muy joven oficial y un experimentado y joven suboficial: el subinspector Ariel Ávila y el cabo primero Adrián López, quienes muy pronto se convirtieron en los investigadores más consultados en materia de telecomunicaciones en Córdoba. Porque Ávila y López habían tomado en serio su capacitación y habían acudido a sus pares de la Policía Bonaerense, quienes les brindaron sus saberes y experiencias. 

Pero como en toda organización política, muy pronto tomaron conciencia de su relevancia, y con apoyo de la Jefatura de Policía —no hay que olvidar que tiempo después de la gestión de Nieva, asumió el doble comando de la División Antisecuestros y del E.T.E.R., un comisario al que todos comenzaban a visualizar, llamado Alejo Paredes— muy pronto como decía, Ávila y López lograron crear la D.A.I.C, la División Análisis e Investigación de las Comunicaciones de la Policía de Córdoba, casi un espejo de sus pares bonaerenses, convirtiéndose en una oficina con una gran centralidad en lo que a investigación criminal se refiere, durante esos años.

Hacia inicios de ese 2007, un escándalo de proporciones comenzaba a vislumbrarse en el horizonte: una denuncia de la Fiscal Federal López de Filoniuk había dejado en evidencia que desde la D.A.I.C., y utilizando de manera fraudulenta la firma escaneada de Fiscales de Instrucción del Poder Judicial de Córdoba, se solicitaba de manera ilegal información sobre movimientos telefónicos con fines que no eran precisamente de investigación criminal. 
Por ese motivo a mediados de ese año se impuso la necesidad de crear una oficina que desarrollara esta especialidad en el seno del Poder Judicial de Córdoba, lo que contó con el total apoyo de la Fiscalía General de la Provincia y del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. 

La naciente oficina denominada Procesamiento de las Telecomunicaciones, tenía jerarquía de División dentro de la arquitectura institucional de la Policía Judicial, y se ubicó estratégicamente bajo la órbita del Departamento Análisis del Comportamiento Criminal, por la siguiente razón: en nuestra época, el análisis integral de las comunicaciones permite reconstruir con muchísimo detalle y un alto nivel de precisión, los movimientos de una persona, a tal punto que permiten conocer sus acciones diarias: a qué hora comienza sus actividades y a qué hora las concluye; cuál es su círculo de contactos y relaciones; sus costumbres y hábitos, entre otros muchos datos de enorme relevancia criminalística y criminológica. Por esa razón, el análisis integral de las telecomunicaciones pasó a ocupar, junto con los análisis genéticos, un enorme protagonismo. Pero con un elemento a su favor: el costo económico del análisis de las telecomunicaciones, estaba dado por un equipamiento informático no muy sofisticado; al que se le sumaba un software que se hizo muy popular en cierta época, denominado I2, y otros programas que permiten extraer información de los equipos; y la capacitación de los recursos humanos necesarios para operar el sistema, que era lo más complejo de lograr, porque para llegar al nivel de analista se requería una experiencia de al menos 3 años de trabajo y dedicación continua, simplemente porque implicaba conocer un nuevo lenguaje comunicacional.

No obstante esa dificultad, el costo económico era relativamente bajo en relación a las técnicas investigación genética, y el alto índice de certeza que producía llevó a que se denominara el análisis de las telecomunicaciones en Córdoba, como el “ADN barato”.

Pero estaba claro que había otro problema. Y era la confiabilidad y la integridad de la información, un punto en el que el Poder Judicial de Córdoba siempre hizo mucho énfasis. La experiencia de años de trabajo en la investigación de homicidios, había permitido visualizar esta cuestión como el verdadero Talón de Aquiles en muchos procesos judiciales: una institución dedicada a la investigación criminal puede tener los mejores analistas criminalísticos y criminológicos, y el mejor equipamiento. Pero la cadena de custodia de la prueba, y su trazabilidad, es tan relevante como todos los elementos anteriores juntos. 

Desde inicios del 2000, uno de los más lúcidos funcionarios judiciales que me ha tocado conocer y con quien he tenido la suerte de poder trabajar, el actual Vocal de Cámara Dr. Gustavo Reinaldi, por entonces Ayudante Fiscal de la Unidad Judicial Homicidios, visualizando y anticipándose a este grave problema de la cadena de custodia, diseñó junto al por entonces empleado de la Unidad Judicial Homicidios, Marcelo Fenoll —actual Fiscal de Cámara— y al suscripto, un breve prescripción que permitía comenzar a dar respuesta a este enorme problema de la cadena de custodia.  

Con el correr de los años, el tema de la cadena de custodia se transformó en una cuestión de primer orden dentro de una estructura de investigación, tan imprescindible para la validez de la prueba como la capacidad de análisis que permite su correcto análisis. Por esa razón, una de mis recomendaciones mientras me desempeñaba como Director del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Poder Judicial de Córdoba, es que esa tarea tendría que ser desempeñada no por abogados como habitualmente suele ocurrir en el caso del Poder Judicial de Córdoba, sino por profesionales universitarios en logística, de tal modo que se implemente un sistema que permita lograr una trazabilidad, seguimiento y sobre todo confiabilidad que entiendo, aún a los sistemas judiciales les cuesta alcanzar. Sabemos que la distribución de diarios y revistas tiene un circuito conocido y predecible. Que los alimentos llegan en tiempo y forma a los comercios, para abastecer las necesidades de los consumidores. Si queremos viajar a un país asiático dentro de seis meses o un año, hay sistemas que permiten elegir, en este mismo momento y desde nuestro escritorio, exactamente los vuelos y sus conexiones a realizar, con total precisión. En ese contexto de avances brindados por la logística y los sistemas informáticos, no resulta admisible que los secuestros de prueba relacionados a casos judiciales se degraden o se pierdan por mera negligencia, inoperancia o intencionalidad disfrazada de torpeza.

En el caso del intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la República y aunque aún nadie ha descartado la intencionalidad, todo indicaría que merced a una extrema torpeza o a un hecho accidental, sumado a una deficiente cadena de custodia de la Policía Federal Argentina y del personal del Juzgado interviniente, una cantidad importantísima de datos se han malogrado o han desaparecido para siempre del equipo de telefonía celular que usaba Fernando Sabag Montiel. Entendemos que se ha conservado valiosísima información en la Sim Card y en la tarjeta de memoria que se utilizó en ese equipo. Pero los intercambios comunicacionales que se hicieron en aplicaciones como WhatsApp o Telegram puede que resulte imposible poder llegar a reconstruirlos, si es que el equipo fue reseteado. Es decir, que si bien se contaría aún con información muy valiosa, todo indica que se podría haber perdido para siempre información vital para la investigación y que tal vez nunca lleguemos a conocer, dado que esas aplicaciones, por su gratuidad, generan la mayor cantidad de tráfico actual de información. 

Queda la posibilidad de acudir a las empresas, con un impredecible resultado, y que de llegar insumirá en el mejor de los casos, muchísimo tiempo. O a la información que resulte de la interrelación con otros equipos de telefonía celular, particularmente del círculo de personas en el que se movía el agresor, que al igual que la reciente detenida Brenda Uliarte, podrían resultar imputados en un futuro. Pero materialmente va ser altamente improbable que se logre reconstruir la información tal y como se hubiera obtenido de haber podido accederse al equipo que manejaba el imputado Sabag Montiel.

Más allá de que jamás debería haber sido personal de la Policía Federal Argentina quienes intentaron recuperar la información del equipo de Sabag Montiel, dado que la penosa actuación de la custodia de la Vicepresidenta estuvo a cargo de policías de esa institución, y debería ser motivo de por lo menos prudencia a la hora de la evaluación de los hechos, lo sucedido ha dejado en evidencia la urgente e imprescindible necesidad de implementar medidas que permitan la trazabilidad, custodia y contralor fiable de la prueba. Un sistema integrado que no solo deben abarcar a los funcionarios policiales intervinientes, sino que comienza con el levantamiento mismo de la prueba y sigue a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto incluye, como en éste caso, operadores de distintos ámbitos, tanto judiciales como policiales. E incluso, luego de una sentencia se deben establecer las condiciones para el archivo o la correcta disposición final de esos elementos de prueba. 

Pero lamentablemente la logística, como disciplina académica de enorme trascendencia en el mundo moderno, no ha sido tenida en cuenta aún por las estructuras judiciales y policiales, y su importancia, más allá de discursos, sigue minimizada.

Como vimos, la necesidad, la urgencia y los fracasos, han sido siempre los grandes motores de soluciones y aprendizaje en la historia de la investigación criminalística y criminológica en la Argentina. El escándalo que podría significar la pérdida para siempre de información vital para la investigación del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, puede que, judicial y políticamente, se intente disimular. Pero debería determinar un cambio radical en materia de conservación, integridad de la prueba y debida cadena de custodia, que trascienda fueros y jurisdicciones; y sobre todo, que se aplique de manera uniforme a todas las estructuras de investigación de la República Argentina. 

Una respuesta a un problema de semejante magnitud podría ser que se comience a considerar la posibilidad de una nueva especialidad criminalística: la de Logística y Trazabilidad de la Prueba Forense. Un área independiente de todas las otras, que permita instruir, asegurar y dar certidumbre sobre la integridad de cualquier medio de prueba mediante un sistema que lo avale y certifique. No hacerlo, implicará apañar un discurso que muy pronto volverá hacerse pedazos contra la realidad, en una Argentina en la que los adivinos y los hechiceros, lamentablemente, han logrado mucha más fiabilidad que el sistema de justicia.