Dudar de las víctimas fue –y en algunos sectores sigue siendo– uno de los argumentos más crueles para negar la realidad.

Qué hacía sola por ahí, no son horas, van provocando, dónde estaban sus padres... La lista de prejuicios es interminable y todos llevan a lo mismo: dudar de la víctima y, de una u otra manera, inculparla.

Lo ocurrido días atrás en Canal 12, independientemente de la voluntad de la periodista, del conductor o de la producción, da cuenta de una línea editorial inadmisible. Dudar, insinuar, poner en cuestión a la víctima mediante una pregunta frontal alimenta la lógica de la violencia sexual y refuerza los estereotipos de lo que es/debe ser una mujer.

En la conversación social, en un diálogo entre pares, hay espacio para discutir. Pero los mensajes de los medios de comunicación instalan sentidos de hondo calado y desde un lugar de hegemonía. Lo que se dice y se muestra por televisión tiene un efecto de verosimilitud muy difícil de contrarrestar, y aun cuando en las redes sociales hubiera un repudio unánime, como sucedió en este caso, la televisión sigue alcanzando públicos y franjas etarias mucho más amplias.

Por eso, si en un canal de televisión se entrevista a una mujer abusada y se habilita la pregunta ¿te sentiste culpable?, lo que se está haciendo, como mínimo, es abrir la posibilidad de que «algo habría hecho» que podría/debería generarle culpa. ¿Le preguntarían si se siente culpable porque le robaron la cartera? Cuando se trata de un robo, de un delito contra la propiedad, la culpa está clara. ¿Por qué, entonces, cuando hablamos de un delito contra la integridad sexual hay quienes piensan que hay que pedir todos los detalles escabrosos, deslizar insinuaciones revictimizantes y sacar conclusiones piadosas, en el mejor de los casos? Todo menos ir al fondo de la cuestión, a la pregunta acerca de qué nos pasa como sociedad para que una y otra vez se legitime, por acción o por omisión, el machismo, paradigma de la violencia, de la desigualdad, del abuso de poder.

La auténtica empatía con las víctimas es una conquista social que se ha traducido en la ley 26485, de Protección Integral de las Mujeres, y la 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual; en particular, el artículo 3, que dice: “Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”. Pero además, existen recomendaciones de buenas prácticas de la Defensoría del Público, del INADI y de numerosas convenciones y organismos internacionales que los medios deben conocer y aplicar.

Las jefaturas máximas –los dueños, según el caso– son los responsables de que toda la planta de personal se forme en esta materia, en un proceso continuo. Porque adquirir perspectiva de género y enfoque de derechos no es un evento, no es sólo un curso y un certificado. Es un proceso de aprendizaje y cuestionamiento constantes, asumiendo que todas y todos vivimos en una cultura patriarcal y que nadie está a salvo de caer en los estereotipos sexo-genéricos. De allí la urgencia de aplicar la Ley Micaela en todos los medios de comunicación.

Una violación es un acto de extrema violencia, no hay duda. Sobre lo que sí persisten las confusiones es sobre los diferentes tipos de violencias y cómo éstas conviven entre sí. Violencia física, violencia simbólica y violencia mediática constituyen un entramado y, aunque en diferentes situaciones pueda primar una sobre otra, coexisten. Por eso interpelar a una mujer violada, o exponerla con preguntas que sugieren que algo habrá hecho, desde la posición de poder que dan los medios, es legitimar la desigualdad y reproducir patrones socioculturales que provocan más violencia. Nada más lejos de la responsabilidad social de los medios de comunicación.