Elisa Loncón, una mujer mapuche de 58 años presidirá la Asamblea Nacional Constituyente en Chile.

Fue elegida por mayoría absoluta: 96 de los 155 miembros de la Convención.

La Asamblea tiene como objetivo, crear una nueva Constitución que reemplace a la que rige al país desde los tiempos del dictador Augusto Pinochet.

Todavía falta un proceso largo en el cual todos los bloques deberán ponerse de acuerdo artículo por artículo, y donde, los partidos políticos tradicionales de derecha, centro e incluso de centroizquierda, no tienen poder de veto.

Por ello, se espera que el nuevo texto constitucional surja de los colectivos emergentes, de los nuevos movimientos políticos surgidos al calor de las protestas contra el gobierno y el sistema chileno, y, entre ellos, se encuentra, por supuesto, los pueblos originarios del país. Su ascenso es un cambió radical considerando que se trata de un grupo que no se encuentra reconocido en la Constitución vigente, algo que, sin dudas cambiará en el corto plazo.

Loncón ocupa uno de los 17 escaños que estaban reservados desde la elección para integrantes de los pueblos originarios, siete de ellos fueron para el pueblo mapuche, dos para el aimara y un representante de cada uno del resto: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

La elección de Loncón está cargada de un simbolismo muy particular en un contexto que Chile quiere definitivamente dar vuelta la página a una especie de “democracia tutelada” que atravesó el país tras el final formal del pinochetismo.

La votación no estuvo exenta de polémicas, especialmente en la calle, donde manifestantes se enfrentaron a la policía. En el discurso de asunción, la dirigente mapuche revindicó su origen refiriéndose al “llamado que hiciera la nación mapuche, para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país”. Al mismo tiempo, se mostró como una dirigente “racional”, llamando al diálogo con todos los sectores:

"Se puede dialogar con nosotros, que no nos tengan miedo, porque también se ha instalado mucho la política del miedo. O sea, se instala una candidata indígena, mapuche y hay mucho prejuicio. Entonces, esto también es un llamado a liberarnos de nuestros prejuicios y relacionarnos en igualdad de condiciones.”

Loncón entiende muy bien que para aprobar la nueva Carta Magna deberá tejer alianzas y formar consensos con los otros bloques de la Convención. La derecha cuenta con apenas 38 convencionales, por lo qué no podrá tener poder de veto respecto de ningún artículo ni mucho menos del texto completo una vez redactado.

Entre las medidas más revolucionarias que podría tomar la convención, además del reconocimiento a los pueblos originarios preexistentes a la creación del Estado chileno, es establecer que el sistema privado de manejo de bosques pase al ámbito público, instaurar definitivamente la educación nacional, pública, gratuita y laica, que el sistema privado de jubilaciones pase a la órbita estatal, y nacionalizar la propiedad del agua, una cuestión muy discutida en Chile en los últimos meses, privatizada por la Constitución vigente. Parte del debate más caliente, también, es la posibilidad de hacer de Chile un Estado Plurinacional, a la manera de lo que son actualmente Bolivia y Ecuador.

Los pueblos originarios exigen que se acepte su autonomía y sus derechos, al mismo tiempo que plantean mecanismos institucionales para garantizar sus territorios, el reconocimiento de su cultura, su lengua, etc. Desde el domingo, la Convención tendrá un plazo de un año para redactar la nueva Constitución, la cual aún deberá ser sometida a plebiscito en 2022, aunque esta vez el voto será obligatorio.

Todavía queda un largo camino por recorrer, pero, definitivamente, Chile está cambiando profundamente.