En la Provincia de Jujuy se libra la escenificación de una metodología por la cual ciertos sectores políticos pretenden imponer decisiones que ellos adoptan, a la fuerza, sin escuchar al pueblo e ignorando sus problemáticas. Lo que deja en claro la crisis de la “democracia delegativa”, en la que muchos de los representantes del pueblo surgen, a veces, como producto de manipulación de medios de comunicación, publicidad y marketing político, que nada tienen que ver con el criterio a tener en cuenta para elegir a quienes deben asumir las necesidades de aquellos que van a representar. Todo lo cual evidencia la necesidad imperiosa de trabajar por una “democracia participativa”.

El proceso de reforma de la Constitución de Jujuy se determinó por la ley provincial Nº 6302, en función de la cual se convocó al pueblo jujeño a una modificación de gran cantidad de artículos de la Constitución provincial. De acuerdo a la norma se establecía que los debates constitucionales debían desarrollarse a lo largo de noventa días. 

El gobernador Gerardo Morales (Radical-Pro), fue elegido presidente de la Convención, tras jurar como convencional pidió licencia, volvió a su cargo de gobernador y dictó decretos, como el que imponía graves sanciones a quienes se manifestaran, decreto que luego tuvo que revocar a causa de los reclamos que provocaba por su esencia antidemocrática. Mientras tanto, volvía a su función de convencional. De esa manera violó gravemente, el artículo 100 de la Constitución vigente de Jujuy que disponía, que “los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público provincial mientras ejerzan sus funciones”. 

Las ocho comisiones encargadas de trabajar las reformas concluyeron en menos de dos semanas su tarea y sus reuniones no fueron públicas, tampoco tuvieron registro taquigráfico, ni se dejó participar y aportar opiniones a representantes sociales y/o a ciudadanos/as.

A su vez, el texto de la reforma, tuvo muchas variaciones de último momento en algunos artículos importantes realizadas, por el gobernador-convencional Gerardo Morales, sin mayor discusión. 

La nueva constitución de Jujuy (NCJ) se aprobó el 20 de junio de 2023, en una sesión citada a las apuradas a las cinco de la mañana, a puertas cerrada, en medio de disturbios y represión policial en las calles. Ambiente ciudadano distinto del que debe tener la consagración de un nuevo texto constitucional, que debe regir el futuro de la convivencia ciudadana en la provincia.

Asimismo, gran parte de los medios de comunicación de la provincia apoyaron lo que hacía el gobernador, con opiniones favorables. Tampoco informaban o trataban las cuestiones de fondo que se debían transparentar y discutir para conocimiento de la sociedad. Más en esto, hay que resaltar, que los medios más importantes de difusión eran de referentes de partido justicialista (PJ), que es la segunda fuerza política en la provincia. Así, el presidente del PJ en Jujuy Rubén Rivarola es el dueño del diario “El Tribuno” y Guillermo Jenefes, elegido presidente del bloque del PJ en la Convención, tiene la propiedad del canal 7 de televisión y de LW 8 radio San Salvador; LW5 radio Libertador; LRA Perico y FM Trópico.

Todo el proceso constituyente se producía, en medio de protestas callejeras por legítimos reclamos no atendidos, ya que los docentes se quejaban que tenían un sueldo básico de $ 35.000; los trabajadores del sistema de salud por sus malas remuneraciones y los pueblos originarios reclamaban ser respetados en sus derechos, con motivo de los negocios que han surgido alrededor de la explotación del litio. A todo lo cual el gobierno provincial reaccionó con una represión selectiva (se buscaba encontrar excusa para detener a dirigentes), abuso de autoridad, allanamientos ilegales y graves violaciones a los derechos humanos. 

Por su parte, la justicia provincial cooptada y manipulada por el oficialismo desde un primer momento en el gobierno de Morales, miraba para otro lado y no actuaba ante los hechos ilegales e inaceptables que se producían, como cuando la policía provincial disparaba balas de goma a la cara de los manifestantes, lo que hizo perder un ojo a una persona; ante las agresiones de todo tipo a quienes protestaban; manejándose con camionetas de contratistas del estado para producir detenciones arbitrarias; aún más, se allanó el domicilio de Milagros Sala, que cumple prisión domiciliaria desde hace más de siete años, como si fuera culpable de las situaciones que se vivían en las calles de Jujuy. Allanamiento este, degradante, que puso en serio riesgo la vida del esposo de Milagro que está gravemente enfermo. 

Dichas circunstancias hicieron que muchos organismos de derechos humanos internacionales como nacionales se pronunciaron con preocupación e instaron que se terminara los procederes indebidos. Así, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una comunicación oficial por el cual se urgió al Estado argentino “a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”. De igual modo, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) envió al Presidente un comunicado afirmando que lo que sucedió en Jujuy “no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Con motivo de los reclamos internacionales Alberto Fernández dio instrucciones a sus abogados para que averiguaran las violaciones a la Constitución Nacional que tenía la NCJ. Esta medida se tradujo en una acción declarativa de certeza deducida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), planteando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la NCJ.

Lo actuado por el Poder Ejecutivo Nacional ¿Sirve de algo? ¿Podemos esperar resultados adecuados y con la urgencia necesaria por parte de la actual CSJN, cuyos miembros están sometidos a juicio político, por considerarlos incompetentes, con mal desempeño, carentes de autoridad moral e incluso estar incursos en situaciones que podrían tipificarse como delito? ¿Por qué el presidente de la Nación, a la vez presidente del PJ, no interviene el Partido en Jujuy? ¿Por qué Rubén Rivarola, presidente del PJ Distrito Jujuy, corresponsable de lo que pasa, es el primer candidato para las próximas elecciones a senador nacional por 6 años de la lista de Frente Unión por la Patria?

Sin embargo, por orden de Morales, el gobierno provincial se constituyó como querellante en más de 100 causas armadas con motivo de las protestas registradas hasta este momento. Lo cierto es que muchos de los cargos que se les hace a los manifestantes pueden tener multas de hasta un millón y medio de pesos y eventuales condenas hasta de 25 años de prisión. Inaceptable.

Como cruel moraleja, atento su accionar, del gobernador Morales ha sido elegido como candidato a vicepresidente de la Nación por el partido Juntos por el Cambio, en la fórmula presidencial con Horacio Rodríguez Larreta.

En una próxima nota analizaré las cuestiones inconstitucionales concretas que tiene la NCJ.