Hoy, en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba se conocerán los extensos fundamentos de la sentencia relacionada al caso que tuvo como damnificados a Valentino Blas Correas y a su grupo de amigos sobrevivientes: Camila Toci, Cristóbal Bocco, Mateo Natalí, y Juan Cruz Camerano.

No hace falta precisar demasiado en los detalles de los hechos, porque casi nadie ignora en Córdoba que en la madrugada del 6 agosto de 2020 los cinco jóvenes circulaban a bordo de un automóvil cuándo fueron baleados por integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba, porque no se detuvieron en un control vehicular.

Ni tampoco hace falta recordar, que tras esta injustificada y atroz agresión, un numeroso grupo de policías se esmeraron mucho más en conseguir y plantar un arma ilegal, alterar la escena del crimen y armar una consistente mentira para justificar lo que había ocurrido, que en procurar asistencia médica a Valentino Blas, que agonizó y murió rodeado de policías que nada hicieron para impedir el fatal desenlace.

La histórica y aceitada práctica de la Policía de la Provincia de Córdoba de disparar sin justificación alguna sobre personas desarmadas, y posteriormente de plantar armas simulando un enfrentamiento armado, esta vez chocó frontalmente con la determinación de una madre que, movida por el inconmensurable dolor generado por la injusta muerte de su hijo, logró visibilizar como nunca antes, el accionar arbitrario, injustificado y abiertamente criminal de un numeroso grupo de policías. Pero además ese reclamo logró desnudar que el accionar policial, lejos de constituir un caso aislado, fue producto de una práctica secreta pero institucionalmente aceptada por la Policía de Córdoba.

El reclamo de justicia de Soledad Laciar, de su hijo Juan y de toda su familia conmovieron a la sociedad cordobesa hasta sus cimientos y generaron una enorme repercusión mediática. Fue esa extraordinaria repercusión la que generó una temprana alerta en el gobierno provincial que intentó reaccionar políticamente, pero todo demuestra que lo hizo de manera contradictoria y tardía.

Cuando se advirtió que la verdad sobre lo ocurrido iba a salir a la luz, se decidió que el hábil y experimentando fiscal de instrucción José “El Gringo” Mana —a quien muchos consideran el verdadero fiscal General en las sombras— fuera a fondo con la investigación de los hechos. Y así lo hizo. Respetando por supuesto, el límite político del caso: dentro de la Policía de Córdoba, todo. Fuera o más allá, nada.

En principio, el plan se cumplió. Pero quedó un “cabo suelto”: el “enlace” entre la Policía de la Provincia de Córdoba y el poder político, que había sido confiado a un policía protegido del exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, elegido para un eventual reemplazo del Jefe de Policía.

A entender de Mosquera, el comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, tenía los requisitos necesarios para ocupar en un futuro próximo o no muy lejano, el máximo sillón de la Policía de Córdoba: en primer lugar, podía hablar ante los medios más o menos de corrido, un don que el ex Jefe de Policía Gustavo Vélez, carecía por completo. En segundo lugar, y aunque estaba lejos de ser un intelectual, tenía un discurso mínimamente aceptable, sin tantos modismos y términos ridículamente policiales, que lejos de comunicar, alejan y ponen distancia. Además, Cumplido era cutis blanco y de cabello rubio, algo muy valorado publicitariamente por los encargados de medios de la Policía de Córdoba, más allá que eso jamás sea reconocido públicamente, y de que el origen étnico mayoritario en la institución policial no se corresponda precisamente con ese fenotipo. Pero sobre todo, Cumplido era el policía elegido porque disfrutaba agradar, muchas veces de manera desmesurada, a sus jefes políticos.

EL JEFE QUE NUNCA FUE

Hasta aquella madrugada del 6 de agosto de 2020, para el ambicioso comisario mayor Cumplido todo había sido promisorio y alentador en su carrera. Tan bien le iba que incluso se habría mudado a un coqueto barrio cerrado, dónde vivía alejado de la inseguridad y sobre todo se codeaba con gente mucho más importante que los simples policías con los que le tocaba trabajar. Ya por ese tiempo se consideraba un amigo personal del por entonces ministro Alfonso Mosquera, y todo indicaba que su llegada al máximo sillón policial era solo una cuestión de tiempo.

Por eso le resultó muy difícil digerir los pedidos que su gran amigo Mosquera le hizo tras ocurrir el caso Blas. Particularmente asumir que en nombre de esa amistad, debía pasar a retiro y guardar silencio, aún con la imprecisa oferta de ocupar un nuevo y difuso cargo de “enlace” entre la Policía de Córdoba y el poder político; cargo en el que fue formalmente designado y que nunca llegó a ejercer.

Pronto caería en la cuenta de que Mosquera se había transformado en su ex amigo, y un rato más tarde, en su enemigo. No pudo comprender que haber sido imputado en el Fuero Anticorrupción era un claro gesto de amistad política. Muy dolido, y aun creyendo que haber conseguido el sobreseimiento en dicho Fuero fue un gran logro personal, comenzaría a ponerse el enorme traje de candidato a diputado nacional, y a ventilar de manera creciente los comentarios, diálogos y hasta el contenido de los chats que había mantenido con Alfonso Mosquera en relación al caso Blas, sin advertir que su enorme herida narcisista lo llevaría a explicar cuestiones que ni a él le convenían se supieran.

Fruto de esas revelaciones se conoció, por ejemplo, la extraña condición del vehículo que se le había dado para desempeñar su cargo de “enlace”, lleno de privilegios y oscuridades respecto de su titularidad y mantenimiento; y que Cumplido demoró un tiempo enorme en devolver, porque además, nadie se lo reclamaba.

También se conoció el por momentos confuso rol de Lucas Sebastián Mezzano, exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, que citado al juicio, dejó más dudas que certezas y un rosario de manifestaciones cuanto menos, insólitas.

Pero también se llegó a saber que muy temprano, no más allá de las dos de la mañana de esa fatídica madrugada de agosto de 2020 —mucho antes de lo que se había mencionado públicamente—los mandos policiales y el poder político habrían conocido detalles precisos sobre la muerte de Blas y el intento de manipular la escena del crimen, plantando un arma ilegal.

COMPROBADA CAPACIDAD DE DAÑO

Al igual que en el caso del ex matrimonio político-policial entre el ex secretario de Seguridad, Diego Pablo Hak y el ex jefe de Seguridad Capital, el ex comisario general Jorge Sergio "La Rosa" Gómez, Cumplido procuró destrozar políticamente a su ex mentor y ex amigo personal, Alfonso Mosquera, cuando advirtió que él —Cumplido— había caído en desgracia. En el juicio quedó pendiente un careo con Mezzano y se intentó uno con el propio Mosquera, que, convenientemente, nunca se llevaron a cabo, por las imprevisibles consecuencias a las que se hubiera podido arribar.

Ya muy golpeado políticamente, al ministro Mosquera se le hizo muy difícil sobrellevar otro golpe de la tropa, que tardíamente advirtió que nunca fue ni será propia. Luego de otra escandalosa muerte, la de Jonatan Romo en La Falda, y las rápidas atribuciones de responsabilidades internas dentro de la Policía de Córdoba —más parecida a vendettas que a cambios lógicos y racionales— le tocó el turno en esta ocasión al comisario general Julio César Faría, el nuevo caído en desgracia, quien encendió el ventilador y comenzó a decir ante quien lo quisiera escuchar, que todo lo pregonado por el ministro Mosquera y el Gobierno de Córdoba en relación a la capacitación policial, era absolutamente falso.

En línea con aquellas no tan viejas fidelidades, hoy Faría se encontraría muy próximo a la principal coalición opositora al gobierno provincial, asesorando en el armado de un supuesto plan de seguridad. Así es la profunda confianza política que genera el Estado Mayor Policial en relación a sus directos mentores políticos, cuyos integrantes se muestra genuflexos y serviciales solo mientras le conviene.

La renuncia encubierta de Mosquera se hizo esperar demasiado y recién decantó cuándo se midieron los enormes costos políticos de semejantes culebrones frente a las próximas elecciones. Pero sobre todo, cuándo se vislumbró lo que implicaría su declaración en el caso Blas.

No obstante, jamás estuvo en los planes del gobierno reemplazarlo antes del fin del mandato del gobernador Schiaretti, razón por la que el actual ministro Julián López tuvo que hacerse cargo de un lugar que no formaba parte de su especialidad ni tampoco deseaba, completamente jaqueado por reclamos de seguridad, con una institución policial en crisis y en medio de una compleja y reñida contienda electoral, que, como dijo un conocido periodista, será una campaña política que se realizará a bordo de un patrullero.

Pero eso no fue todo: en el juicio, el fuego cruzado entre Mosquera y la Jefa de Policía Liliana Rita Zarate Belletti dejaron en evidencia que también allí el afecto mutuo había terminado, si es que alguna vez había existido.

Todo lo relatado deja claramente expuesto que la corporación policial cordobesa, es una entidad con una enorme y peligrosa autonomía, y sobre todo, una gran capacidad de daño político; a punto tal que los últimos funcionarios a cargo de la seguridad en la provincia, fueron no solo esmerilados, sino que sus carreras políticas fueron virtualmente destrozadas por acción de los propios policías en los que habían confiado.

UN ENORME ERROR DE CÁLCULO

Tal vez los (in)disimulados temores ministeriales a una institución policial con probada capacidad de inferir daño, ha generado una falta de reflejos que ha impedido al gobierno provincial vislumbrar la enorme relevancia institucional que ha significado llevar adelante un proceso judicial ejemplar como el que durante meses se celebró en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, y que constituye un modelo de organización y trabajo que no tiene parangón con ningún otro proceso relacionado a violencia policial que se haya celebrado en el país, por lo menos en este siglo. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la organización estuvo a la altura de las megacausas por delitos de Lesa Humanidad que dieron tanta visibilidad a la Argentina a nivel internacional.

Pero gracias al excesivo respeto muy próximo al temor que infunde la corporación policial cordobesa en ciertos funcionarios políticos, y también merced a malos consejos policiales, o a una patológica tendencia a escucharlos, es que el poder político cordobés no pudo advertir que tal vez nunca fue necesario tomar distancia o poner en la vereda del frente a Soledad Laciar ni a su familia.

Y que a pesar del desagrado de algunos, hubiera sido mucho más productivo escuchar sus lógicos reclamos, respetando verdaderamente su dolor, que intentar que su voz se diluya en el mar de la indiferencia. Porque Soledad Laciar, —portadora de una inteligencia práctica y adaptativa enorme, y de una simpleza que genera credibilidad y empatía inmediata— se sobrepuso a todo y logró la solidaridad de un altísimo número de cordobeses y cordobesas, consiguiendo capitalizar tal vez sin pretenderlo, los resultados de ese proceso judicial histórico, convirtiéndose en una figura de relevancia social y política que no para de recibir visitas y ofrecimientos de toda índole.

Con mucha más aceptación social que el ex juez Guillermo Johnson —aquel que interviniera en el célebre caso Maders y que renunciara al Poder Judicial para intentar ser gobernador de la Provincia de Córdoba— Soledad Laciar, dueña de un realismo a toda prueba, escucha sin inmutarse cada palabra y cada propuesta, incluso las que pretenden llevarla a lo más alto del poder político provincial. Y luego de agradecer la confianza y la consideración, sin responder y sin perder de vista en ningún momento que su patria es su familia —lo cual agiganta cada vez más su figura— espera con paciencia dar con el lugar que le permita desplegar todo su potencial, sin interferir con su principal tarea de mamá, y sobre todo, trabajando en un lugar en el que se sienta cómoda y sin presiones.

Por ahora sigue concentrada en sus próximos desafíos: por un lado, la “Ley Blas”, que modifique el Código Penal Argentino en lo relacionado a tenencia y portación de armas ilegales por parte de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias. Y que agregue un tipo específico que sancione severamente a quienes planten un arma para perjudicar a las víctimas o intenten simular un enfrentamiento armado. Por otro, en la causa “Blas II”, de inminente comienzo.

De manera paradojal, y como dijimos, sin buscarlo de manera consciente, Soledad Laciar logró capitalizar un proceso judicial sin precedentes, ante un gobierno provincial que gasta millones en publicidad política y no advierte, merced a aquel primer posicionamiento frente al caso, que ese impresionante logro también le pertenece.

LA CAJA DE PANDORA

Al declarar en el curso del debate, Alfonso Mosquera admitió que el caso de Blas Correas “fue una de las páginas más oscuras de la policía” de Córdoba, y que sin lugar a dudas se trató de un hecho de “violencia institucional y violatorio de los derechos humanos”. Y el tribunal, en la lectura del veredicto fue enfático en resaltar que el de Blas fue un caso de “violencia institucional”.

A partir de lo que ha surgido del debate por la causa Blas parece haberse abierto la Caja de Pandora. Porque por todos lados y en casi todos los casos, ahora las víctimas y sus familiares reclaman haber padecido violencia institucional. Desde las mamás de los bebés fallecidos en el Hospital Neonatal, hasta las víctimas del siniestro vial de Traslasierra, pasando por amplio abanico de casos, surgen cada vez con mayor fuera, los reclamos que buscan posicionarse como casos de violencia institucional. Habrá que ver cómo los integrantes de la Cámara Octava definen e incluso circunscriben el concepto y los alcances de la violencia institucional, en lo que será el primer fallo que se expida al respecto. Y cómo y de que manera esta nueva mirada de la relación de los ciudadanos de a pie frente a los agentes estatales, se interpreta. Pero todo parece apuntar a que los alcances del concepto se extenderán como una mancha de aceite, con límites aún muy difíciles de precisar, pero que seguramente tendrán un peligroso efecto expansivo para los gobiernos.

LOS NOMBRES DETRÁS DE LA PROEZA

Mas allá de algunos pequeños y olvidables detalles, como el hecho de que las cuestiones más relevantes dentro del debate se registraron los días viernes —las penúltimas palabras de Soledad Laciar; la lectura del veredicto; y la lectura de fundamentos, por poner solo un ejemplo— en lo que no parece ser una coincidencia, sino una inteligente elección de los días con menos repercusión de las noticias; más allá de eso, hay que resaltar la enorme y descomunal tarea que llevaron adelante los integrantes de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, tanto de los tres vocales que en esta ocasión tuvieron la gran responsabilidad de juzgar el caso Blas, como así también de todas las funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados que los acompañaron en la tarea y que demandó un esfuerzo muy superior al habitual.

El Tribunal Superior de Justicia, en un acto interno, ya destacó esta enorme empresa, que hoy concluirá parcialmente con la lectura de los fundamentos de un monumental fallo que según trascendidos, se estima tendrá más de 1500 páginas, y que como hemos mencionado, genera una enorme expectativa por conocer algunos aspectos puntuales.

En medio de una profunda crisis entre algunos miembros del Tribunal Superior de Justicia y los integrantes del Ministerio Público Fiscal, desde la Cámara Octava del Crimen emergen figuras que tal vez sin desearlo ni buscarlo, y gracias a un trabajo silencioso y comprometido de años, se visibilizan y se proyectan con brillo propio. En este caso y por un impedimento legal, no pudo integrar la tríada de jueces el enorme jurista Eugenio Pérez Moreno. Pero la tarea llevada adelante por los vocales Mario Centeno, Juan Manuel Ugarte, y Marcelo Nicolas Jaime —quien condujo con firmeza, tacto y enorme inteligencia un juicio sumamente complejo— es realmente digna de destacar, como con justicia lo han hecho los miembros del Tribunal Superior de Justicia.

No obstante, la enorme catarata de recursos que seguramente plantearán las partes a partir del próximo lunes, lo hecho es una proeza que no solo estuvo a la altura de las circunstancias de un juicio verdaderamente histórico para Córdoba, sino que tal vez se convierta en un modelo de trabajo que otros tribunales no solo de la Provincia intenten seguir, como un modelo a imitar.

Por último, hay que destacar el rol de los fiscales de cámara y los eficientes y celulares equipos de trabajo que los asistieron permanentemente: mujeres y hombres desconocidos para la mayoría de los que transitaron en cualquier calidad el juicio; pero que conocían a la perfección los pormenores más pequeños de una enorme y muy compleja causa. En la conducción de esa tarea, Fernando López Villagra hizo como siempre, un prolijo y silencioso trabajo producto de su dilatada trayectoria en el Ministerio Público.

Pero tal vez por azar o porque siempre eligió esos ciclópeos desafíos, el fiscal de cámara Marcelo José Hidalgo generó en todos los que siguieron el juicio y en quienes lo conocen de años, una profunda convicción de que se estaba ante un funcionario que la fuerza de los intereses ni los mareos que producen las alturas, han conseguido doblegar o torcer. Aunque pueda tratarse de una ilusión personal —y seguramente lo sea— creo conocer algo de las “internas” de tribunales, y créanme, intento escribir sin que ellas me condicionen por completo. Y en esa búsqueda nunca lograda de objetividad, sé que por momentos el controversial fiscal de cámara Hidalgo ha generado más de un dolor de cabeza con sus planteos y posiciones únicas y particulares.

Pero también aún creo poder reconocer a un buen hombre. A una persona noble que tal vez como muchos podrá ser criticada. Pero jamás se podrá poner en duda su vocación de servicio, su honestidad y sus principios inquebrantables, que los familiares de las víctimas como Soledad Laciar, una y otra vez, han sabido reconocer a simple vista, a pesar de sus preconceptos iniciales.

Seguramente ha sido la suma del aporte multifacético, diverso y muchas veces controversial de todos esos funcionarios, empleados y auxiliares —la mayoría solo conocidos en tribunales y en algunos casos en la Academia— que junto a las partes y sus representantes legales, constituyó el modo en el que se pudo lograr esta proeza que significó el histórico fallo del caso Blas Correas, del que todos los cordobeses y cordobesas deberíamos estar orgullosos.

Y que esperemos, sus fundamentos se conviertan en una bandera que aumente y visibilice derechos. Y esta vez —y no como en otros casos— sea considerado y estudiado seriamente por los integrantes de la Policía de Córdoba.

Para que por fin, de manera honesta y sin superficialidades, se intente comprender que respetar la vida es una obligación de todos. Y que ese precepto, aunque les pese, también los incluye a ellos, a los policías: los principales destinatarios de este fallo que, entre palabras, esconde un gigantesco hecho político y social, que claramente dejará una marca geológica en la historia de Córdoba.