El costo político de la (in)seguridad
Claves de una derrota y los enormes costos de la improvisación en materia de seguridad.
En una elección que tenía un seguro ganador y que era Rodrigo De Loredo —certero pronóstico basado en encuestas llegadas desde lejanas tierras— hubo un dato que generó una gran alarma en los íntimos del candidato, pero que permaneció invisibilizado para muchos o para casi todos: la información daba cuenta que las últimas tres semanas el candidato a intendente de JxC no paraba de perder electores, merced a malas decisiones relacionadas con seguridad y narcotráfico.
Todo indica que con parte de la información que se aproximaba a la realidad, y en su desesperación por lograr el cargo de alcalde de la Ciudad de Córdoba —que en las encuestas se aseguraba ya era suyo— no solo persistió, sino que se escaló aún más en esos errores que lo llevaron finalmente a la derrota.
Esto se convirtió en el secreto mejor guardado dentro del reducidísimo círculo íntimo de De Loredo, que no quiso o no pudo hacer un cambio de rumbo. Porque tanto hacia fuera como hacia dentro de su propia coalición, el mensaje era otro: vamos ganando. Y por mucho. Una forma de hacer campaña que las costosísimas consultoras con lujosas oficinas en el microcentro porteño, vienen instalando desde hace un tiempo a esta parte. Y que muchos parecen haber olvidado, habían servido incluso para dirimir quien iba a ser el candidato a gobernador de JxC y quien candidato a intendente de la Ciudad de Córdoba.
Los militantes de JxC, pero sobre todo los allegados ocultos y jamás reconocidos, —muchos de ellos operadores de prensa, en algunos casos autopercibidos y autoproclamados “progresistas”, pero encandilados por promesas de cargos o pauta— estaban eufóricos con esos números absolutamente dibujados: el triunfo de “Rodrigo”, según ellos, estaba asegurado. Tal vez por esa razón no tuvieron capacidad de ver o advertir que el candidato no paraba de cometer errores en sus propuestas relacionadas a seguridad y en los temas de narcotráfico que jaqueaba algunos de sus candidatos y candidatas.
Soher El Sukaría, luego de que De Loredo reconociera la derrota, hizo referencia a esos “datos” triunfales: “fue una enorme sorpresa”, dijo. Porque realmente, hacia el interior de JxC se sentían los seguros vencedores. Claramente la candidata a viceintendenta formaba parte de los desinformados, lo cual habla no solo del rol al que se la redujo, sino también el modo de hacer política de Rodrigo De Loredo: todo se maneja de manera muy celular y exclusivamente con su equipo íntimo. Esto es algo que muchos integrantes de la coalición amarilla percibían y les llamaba la atención, pero muy pocos se animaron a criticar. Y cuándo lo hicieron lo manifestaron de manera muy solapada. Como dicen los policías, por temor a seguras represalias.
¿UN PROBLEMA DE LA “ENCUESTOLOGÍA”?
Un conocido periodista de Canal 12 de Córdoba comentó, a raíz de los resultados en las elecciones municipales de la ciudad, que había un gran problema con la “encuestología”, ya que últimamente no acierta nada.
En una época dónde la estadística y la ciencia de datos hacen predicciones cada vez más precisas, hay una cuestión que tal vez en Córdoba aún no es tan evidente: el problema es que los “encuestólogos”, son en realidad enormes empresas publicitarias encubiertas. Su cometido principal es instalar un “producto político”, no producir información cierta y fiable. Y por esa razón se pone mucho más énfasis en trabajar alrededor del enorme, descomunal narcisismo que tienen muchos candidatos, que en una labor científica de pronóstico político, que si es serio y riguroso, —y aún con lógicos márgenes de error— tiene un enorme poder predictivo.
Pero el cometido de estos mercaderes no es otro que instalar y vender “un producto”. Y convencer al candidato, o al que los contrata, de lo bien que está llevando adelante su campaña. En el mejor de los casos, se intenta aproximarse a los resultados anunciados, pero esto en realidad es secundario para las empresas de publicidad política, porque de cualquier modo siempre se podrá decir que el electorado es impredecible. Como años atrás en la meteorología y también en la política, siempre está el margen para decir que “pasaron cosas”.
Hay además otra cuestión y la anunciábamos al inicio: estas gigantes de la publicidad política tienen sus sedes en la Ciudad Autónoma. Y las encuestas “para el interior” son mucho menos exigentes que los trabajos que se hacen para ese país tan amigo de la Argentina que es Buenos Aires: se asigna un equipo “B” o “C” en el mejor de los casos. Nunca el “A”. Y el sondeo sobre terreno, el trabajo de campo vital para estos estudios, es casi siempre virtual. Generalmente todo se maneja desde Buenos Aires, desde un call center. Y como si todo esto fuera poco, los muestreos abarcan universos muy pequeños, simplemente porque detrás hay más negocio que ciencia, y una tarea seria puede no ser económicamente redituable.
Esto, que podría parecer un diagnóstico de crítica al centralismo porteño, en realidad es una triste radiografía de la estadística política y la ciencia de datos en nuestra provincia: en pleno auge de esta disciplina, en nuestra provincia sigue siendo una rareza, a tal punto que todos los candidatos necesitan viajar a Buenos Aires para que personas que tienen una referencia muy vaga e imprecisa de la cultura y hábitos de las y los cordobeses, nos hagan pronósticos sobre nuestras preferencias políticas. Y los resultados son por momentos tan grotescos como cuándo desde Buenos Aires nos enseñan como se baila cuarteto o cuándo nos presentan la película biográfica de alguien tan cordobés como Rodrigo. No me refiero en este caso a De Loredo, sino al Potro, más allá de que los resultados finales —de la película y de las elecciones— sean parecidos.
¿DISTINGUIÉNDOSE DE JUEZ?
Al reconocer su derrota, De Loredo hizo todo lo contrario a lo que hizo Luis Juez en las recientes elecciones para gobernador: reconoció rápidamente la derrota. Tal vez, los enormes preparativos para una fiesta que tuvo muy pocas posibilidades de ser, y la presencia de muchísimos invitados —literalmente no faltó nadie— que habían venido solo a buscar una foto con un candidato triunfante, conminó a que De Loredo terminara rápidamente semejante papelón.
“Los hice venir al pedo” fue la honesta frase que dijo el candidato, y que reflejó lo que todos los invitados a la boda que nunca ocurrió —sin decirlo— pensaban y decían por lo bajo. Y que se exteriorizó en la virtual, masiva y pocas veces vista, huida de los visitantes del búnker cordobés de JxC.
Claramente vinieron convencidos por los números y salieron eyectados por la realidad. Jorge Rial, burlándose de esto, dijo por Twitter: “se chocaban los aviones privados llenos de dirigentes políticos para salir de Córdoba rumbo a Capital”
Aún los resultados oficiales no estaban. Pero sí las proyecciones. Y quien se consideraba seguro ganador merced a encuestas más flojas de papeles que el falso médico del COE, visiblemente desencajado, reconoció que “esta vez las encuestas nos dieron al revés”, admitiendo que todo había sido un enorme fiasco.
Juez no quiso subir al escenario, indignado con alguno de los presentes y a quienes seguramente a partir de ahora les comenzará a facturar la doble derrota de JxC en Córdoba. Pero tuvo algo en común con De Loredo, que posiblemente ninguno de los dos reconozcan jamás: las promesas en relación al problema que más angustia a los cordobeses —la inseguridad— apuntaron más al efecto del marketing que a lograr resultados posibles y reales.
SOBRE SILENCIOS Y PAVADAS: LAS PROPUESTAS DE CAMPAÑA RELACIONADAS A LA SEGURIDAD
Como nunca antes había ocurrido desde la recuperación de la Democracia, la principal preocupación ciudadana en Córdoba estuvo relacionada con la inseguridad. Y no es para menos: los niveles delictuales han llegado a límites alarmantes, y todo indica que lejos de disminuir, esos índices van a seguir escalando.
Ha sido la propia ciudadanía que padece a diario la inseguridad la que ha instalado en la agenda política el tema. Y por primera vez, todos los actores políticos que disputaban la suma del poder público en la provincia y en la Ciudad de Córdoba, parecen haber aceptado casi de manera unánime que urge iniciar un proceso de cambio.
El problema es cómo; es decir, qué camino se elige: gilada, maquillaje, reforma o cambio. Y si bien constituye un avance que la seguridad sea uno de los ejes de todas las propuestas electorales —algo que no había ocurrido antes— no menos importante es reconocer la naturaleza de esas propuestas, para poder discernir si son solo se intentan cambios de nombre, aumento de efectivos u otros cambios cosméticos; o si por el contrario se intenta un proceso más profundo y radical.
LOS (ENORMES) COSTOS POLITICOS DE LA SEGURIDAD
En los despachos políticos se ha comenzado a advertir los enormes costos no ya económicos, sino de capital político que genera la inseguridad. Y claramente los principales dirigentes han tomado nota de ello.
La enorme trascendencia pública que tuvieron —y tienen— casos de violencia institucional como el de Valentino Blas Correas, Joaquín Paredes, Jonatan Romo y Ezequiel Castro —solo por nombrar algunos porque de lo contrario la lista sería muy extensa— esmerilaron de una manera muy importante la gestión del saliente gobernador Schiaretti. Y tuvieron una repercusión real pero aparentemente invisible —nunca fue cuantificada— en el resultado de las elecciones a gobernador.
Martín Llaryora al parecer fue uno de los que tomó nota de ello. Y tal vez por esa razón fue y sigue siendo excesivamente cauteloso y sobre todo muy reservado en sus propuestas en relación al tema de seguridad. Todo indica que aprendió muy pronto la dimensión política que puede tener un hecho criminal: cuando era un joven alcalde de la Ciudad de San Francisco le toco presenciar cómo la opinión pública se le agitaba, se dividía y generaba peligrosos oleajes políticos a raíz del caso Bertotti, que fue el caso Dalmasso, pero bien gerenciado desde lo investigativo y lo comunicacional.
Por su parte, muchos coinciden en afirmar que Martín Llaryora ganó las recientes elecciones a gobernador no solo por su propio mérito, sino que fue el propio Luis Juez quien se ocupó de perder los valiosos puntos que lo colocaron en un segundo lugar. Y eso fue entre otros desatinos, gracias a que las propuestas de Juez para hacer frente a la inseguridad, fueron realmente lamentables.
En plena campaña y sin ninguna necesidad, propuso un Jefe de Policía que hasta anteayer era parte del mismo grupo de policías que hoy salía a denostar furiosamente. Personas con los que compartió más de 30 años de trabajo sin decir una sola palabra. Solo cuándo se vio fuera, salió públicamente a criticar. Juez pretendió que el nombre suplantara la propuesta. Un error político enorme.
Pero amén de eso, el “equipo de seguridad” (ponele) que lo acompañaba, no tuvo una propuesta seria y consistente: no hubo plan, ni análisis, ni estadísticas, ni presupuestos, ni datos. No hubo absolutamente nada. Incluso daba la impresión que el “equipo” que lo asesoraba en materia de seguridad, parecía literalmente armado por sus contrincantes políticos: más parecido a una comisaría del ayer, tan chabacana como anticuada. Muy distante de un moderno y capacitado equipo de prevención técnica del delito, que es lo que realmente se necesita políticamente en este momento.
Por eso da la impresión que de haberse concentrado en exigir una propuesta estudiada, seria y creíble en materia de seguridad, Juez hubiera conseguido más votos, que le hubieran permitido superar el porcentaje que lo llevó a no ser gobernador de Córdoba.
Pero haber permitido que lo rodeara un “equipo” cuyo mayor mérito radicó en dedicarse a idolatrar su imagen —algo que coincidentemente es muy propio de la cultura policial y de la cultura política cordobesa y argentina— mientras luchaban por cargos que nunca existieron, los llevó a la derrota. No planificar con visión de Estado fue lo que le restó los valiosísimos puntos que lo alejaron de la gobernación.
LA SIGUIENTE BATALLA
Esta demanda electoral insatisfecha de propuestas, generó que el tema de la inseguridad se instalara como eje central en las elecciones municipales de la Ciudad de Córdoba, con mucha más fuerza que en las elecciones provinciales.
Desde estas páginas hemos venido advirtiendo sobre el imparable proceso de municipalización de la seguridad que se viene dando en el país, que es inminente en Córdoba, y que todo indicaba se iba a convertir en un eje central en la agenda política de la ciudad. Y por eso mismo, era predecible que fuera uno de los temas que más polémica y discusión generara.
El motivo no es otro que el que ya enunciamos: la seguridad es la primera preocupación de cordobesas y cordobeses. Quienes, a fuerza de sufrir y padecer diariamente sus tremendas consecuencias personales, económicas, emocionales y sociales, paulatinamente van abandonando un rol pasivo de bronca, y se ha comenzado a exigir resultados, porque todos están absolutamente hartos de las excusas.
Rodrigo De Loredo tomó nota de la demanda. Y aprovechando la presencia del expresidente Mauricio Macri en Córdoba, y que todo parecía indicar que el oficialismo en la provincia de Córdoba iba a perder la mayoría en la legislatura, lanzó el osado proyecto de transferir a la órbita municipal 10.000 policías con inmuebles, mobiliario, equipamiento, vehículos y presupuesto, en un monto que en los números reales rondaría entre los sesenta y cinco mil millones de pesos ($65.000.000.000) y los ochenta mil millones de pesos ($80.000.000.000) del presupuesto provincial.
Ya estaba coordinado que el expresidente Macri saliera en su apoyo y el tiempo dirá si ese apoyo fue significativo e importante, o si por el contrario se transformó en un ancla atada al cuello de De Loredo. Lo felicitó públicamente por la valentía y recordó el traspaso que se materializó en 2016 de la Policía Federal Argentina a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que omitió decir es que presupuestariamente, hay una diferencia enorme: el país más amigo de la República Argentina —CABA— tiene previsto para 2023 un presupuesto de 6,9 billones de pesos ($6.900.000.000.000), que supera tres veces el presupuesto para el mismo período de la provincia de Buenos Aires, que es de 2,15 billones de pesos ($2.154.000.000.000). Y que es muy superior al de toda la Provincia de Córdoba, que asume un gasto total para 2023 de 1,74 billones, de los cuales solo el 9% están destinados a Seguridad y Justicia. El presupuesto (total) de la Ciudad de Córdoba queda muy atrás de todos los mencionados, en un lugar muy modesto: solo 225.850 millones.
Comparar presupuestariamente al Reino de CABA con la Ciudad de Córdoba, no resiste ningún análisis. Porque además de la enorme inequidad económica, CABA tiene una superficie de 203 km cuadrados. Y solo la ciudad de Córdoba, tiene 782 kilómetros cuadrados, sin contar el Gran Córdoba. Transporte subsidiado, combustibles subsidiados y un largo etcétera de servicios que gozan de tarifas que no son iguales para el resto de los argentinos, generan el espejismo de que el traspaso se trata solo de una cuestión de coraje político, sin tener en cuenta las abismales diferencias presupuestarias.
BLITZKRIEG CORDOBESA
En la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la Blitzkrieg o guerra relámpago, el ejército alemán se consideró invencible. Invadieron gran parte de Europa en tiempo récord; le declararon la guerra a los EEUU, se extendieron al continente africano, combatieron activamente en Italia. Y absolutamente embelesados por los resultados, decidieron invadir Rusia, un país al que el poderío alemán subestimó por completo. ¿Qué peligro podría significar el pobre y desordenado Ejército Rojo ante el invencible Ejército Alemán? Según el análisis de los seguros vencedores, no representaba ningún peligro: sería solo un paseo. Así fue como embriagados por los éxitos militares y sin nadie que contradiga fuertemente la decisión, se inició una campaña sobre territorio ruso que no solo terminó siendo desastrosa, sino que fue terminal para la existencia misma del Estado Alemán. Hubo un enorme error de diagnóstico que sobreestimó las capacidades propias y subestimó las ajenas. Y eso llevó a que se generaran demasiados frentes al mismo tiempo, que era imposible sostener.
De Loredo, tal vez envalentonado con los resultados electorales de las pasadas elecciones provinciales y estimando en base a las “encuestas” que sus números iban a ser mucho más holgados que los de Juez, antes de ganar, comenzó a tomar decisiones de Estado. Y al parecer asumió que la estructura administrativa y operativa de la Municipalidad de Córdoba y las relaciones con su poderosísimo gremio —el SUOEM— era un tema que ya tenía completamente resuelto, merced a su enorme capital político y su gran capacidad de administración de la cosa pública, que solo registra su paso por ARSAT.
Por eso, y ante una eventual mayoría legislativa en la provincia —que finalmente no se dio— salió a calificar con un bueno menos a un reciente gobernador electo que aún no ha debutado como tal, que sigue siendo Intendente Municipal, y que todos saben y ha quedado absolutamente demostrado en las últimas horas, tiene aspiraciones políticas que van mucho más allá de la Provincia de Córdoba. Igual que las del propio Rodrigo De Loredo.
Pero no solo eso. Además De Loredo propuso —literalmente— desdoblar la Policía de Córdoba de la misma forma que funcionó años atrás. Muy pocos recuerdan que en la Provincia de Córdoba convivían una Policía del Interior y una Policía de Capital hasta finales de los años ‘60 y comienzo de los ‘70. Era literalmente, Volver al Futuro en materia de seguridad.
Más allá de cuestiones constitucionales que no hubiera sido ni tan fácil ni tan sencillo superar, por la ausencia de consensos políticos, de haberse llevado adelante esta propuesta, se hubiera generado un conflicto muy complejo con el resto de las intendencias y comunas de la provincia, y en particular con los intendentes del gran Córdoba, que reclamarían con total razón, los mismos derechos y el mismo presupuesto que reclamaba el propio Rodrigo de Loredo para los ciudadanos cordobeses en relación a la seguridad.
Pero como si fuera poco, eligió meterse en un frente que le parecía —o lo asesoraron, diciéndole como a Juez— que era “sencillo” y “de fácil administración”: el de la Policía de la Provincia de Córdoba. Una estructura tan indomable y políticamente peligrosa como pocas, que generó enormes dolores de cabeza a políticos con muchísima trayectoria. Ni el propio Jefe de Policía que nunca fue —Faría— salió a respaldarlo en esta “propuesta”.
Todo indica que en política como en la guerra, pero sobre todo en materia de seguridad, iniciar nuevos frentes antes que asegurar bastiones, puede ser un gravísimo error que puede conducir rápida y estrepitosamente al fracaso. Y los policías que han pasado por el Estado Mayor, si algo desarrollan es un marcado instinto de supervivencia política que no se debe desdeñar.
MODELOS DE SEGURIDAD Y EPITAFIOS
La crisis de seguridad en Córdoba es una realidad innegable. Y es lo que ha motivado la discusión de la municipalización de la seguridad, que hoy está en el centro de la agenda política. El mayor mérito de este debate es que por fin parece que se ha aprendido que predicar sobre seguridad no es cuestión solo de policías, sino que es alta política de Estado.
La Policía de Córdoba, tal y como hoy la conocemos, tiene tres caminos: será maquillada; será reformulada; o será reemplazada. Las dos últimas son opciones que por muchas razones, requieren de un mediano plazo, mínimo, de entre 10 y 12 años. Es decir, de varias gestiones de gobierno. Y requiere sí o sí, de imprescindibles consensos políticos.
De la primera opción no nos ocupamos en este artículo, porque la opción cosmética no debería ni ser considerada por alguien que se proyecte políticamente de manera seria. Pero la mencionamos porque está visto que el fenómeno del suicidio político es una realidad.
La paridad de fuerzas de los dos principales frentes políticos que hoy se da en la legislatura cordobesa, puede ser una señal de oportunidad para comenzar a considerar proyectos de reforma o reformulación a mediano plazo de la Policía de la Provincia de Córdoba y de todo el sistema de seguridad cordobés. Y es algo que debería considerarse seriamente, porque puede que sea una oportunidad histórica única.
Pero siendo realistas, tanto una reforma y con más razón una completa reformulación, implican afectar enormes partidas presupuestarias, porque se debe asumir que la seguridad eficiente es uno de los servicios más costosos desde el punto de vista económico para un Estado. Por esa razón, las opciones no son muchas. Y todo indica que lo políticamente posible hoy, es generar una estructura municipal de seguridad de un tamaño presupuestariamente aceptable, que tenga progresividad y vaya evolucionando paulatinamente en el tiempo.
Queremos insistir con esto: un proyecto serio de seguridad implica conocimiento real del tema; mucho trabajo de planificación; decisión y consensos políticos; dos o tres períodos de un gobernador o de un intendente; y mucho dinero de los contribuyentes. No hay soluciones mágicas.
Por lo tanto, lo más lógico y sensato es que ya superada la etapa electoral, los que fueron elegidos se concentren en estudiar y elegir entre modelos de seguridad alternativos al actual, que contemplen la cuestión de la violencia institucional como un eje central a desarrollar. Que promuevan una discusión en torno a modelos posibles. Y no se debe descartar que la decisión, incluso, sea sometida a una consulta popular.
De otro modo, las propuestas de seguridad y las improvisaciones, que como hemos visto tienen más de título que de contenido, serán no ya un tema que malogra una campaña política, sino una cuestión que implosione completamente una gestión política. Y para los políticos que se equivoquen, tal vez sus errores se conviertan en las primeras palabras de su futura lápida política.
Muchos hoy, tal vez en silencio, ya están lamentando esta dolorosa realidad. Por el bien de todos, esperemos que los elegidos hayan tomado nota.