Históricamente, el modelo de crecimiento económico argentino se ha basado en el extractivismo, un tipo de extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2009).

Ejemplos de este tipo de actividad son la industria de hidrocarburos, la minería metalífera, agricultura extensiva, entre otros.

Hoy, una vez más, el Estado presenta políticas públicas que promueven incluso extractivismos de cuarta generación, como respuesta para “salir” de la crisis sanitaria-económica-ambiental, y avanzar en el desarrollo socio-económico. Esta generación de extractivismo, como lo presenta Eduardo Gudynas (2015), se caracteriza por las mayores intensidades y aportes de energía y materia para obtener los recursos. Y lo más preocupante es que, lo anterior, se da en un contexto de confinamiento que mantiene a la ciudadanía “aislada” de la información y la posibilidad de participar.

El Estado Argentino ha sido reinventado en varias circunstancias, lo que se ha reflejado en sus políticas de desarrollo y construcción social durante los últimos veinte años. Ya sea por la fuerza de la economía y los mercados o por las intervenciones de organizaciones sociales, la ciudadanía ha cuestionado reiteradamente el rol estatal y ha forzado permanentemente su reformulación.

Actualmente, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), constituye el nuevo escenario para pensar el rol del Estado en Argentina.

La pandemia se extendía sobre el territorio y, en función a las experiencias de otros países que ya la estaban transitando, era clave que aflorara el Estado (con la fuerza, la estructura y la conformación que tuviera en ese momento) como el actor principal para gestionarla. En este contexto, el Estado emergió como el coordinador de la crisis asociada a la pandemia, pero también como el mayor responsable en redefinir su relación con los grupos económicos de poder y la ciudadanía, fortaleciéndose frente a la población de formas que no tienen precedentes.

Frente a esto, resultaría muy interesante y necesario que los representantes gubernamentales hagan foco en dicho avance, trabajando sobre esta base en los nuevos procesos de formulación de políticas públicas orientadas –fundamentalmente- al desarrollo del país pospandemia.

En este punto, es esencial que el gobierno considere la participación ciudadana en todos los proyectos que se gesten para transitar los cuatro años de gestión que le quedan por delante. El Estado, como principal coordinador, debe propiciar los espacios para que los modelos de desarrollo sean revisados durante y luego de la pandemia.

Es imperante, en este marco, pensar el modelo que el gobierno va a fomentar frente a la vinculación entre sus ciudadanos y la naturaleza (o sus recursos naturales). Las políticas públicas deben ser gestadas desde una base democrática participativa fuerte y permanente. Trabajar sobre propuestas extractivistas sin someter ese “gran modelo de desarrollo” a la consulta ciudadana, es volver a un proceso de debilitamiento y desconfianza.

La pandemia es una crisis sanitaria, ambiental, social y económica, pero fundamentalmente es una crisis de desarrollo. Por lo que resulta imperante que se reformulen las políticas públicas, el rol del Estado y primariamente, la participación ciudadana en los procesos de re-construcción social en Argentina.