El Pacto de Mayo que se presentará para la firma en la vigilia del 8 al 9 de julio en Tucumán se originó en un anuncio del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso el pasado 1 de marzo. Luego de la caída del primer proyecto de Ley Bases en febrero, el libertario buscó dar un guiño consensual, pero su accionar político (ratificó el proceso de ajuste) mantuvo activo el conflicto. En ese marco, no sorprendió que la primera encuesta nacional al respecto arrojara resultados magros: entre marzo y abril, Pulso Research reportó que la percepción de que el pacto podía ayudar a resolver los problemas del país había cedido desde casi 38% a 35,1%, mientras que quienes creían que los empeoraría crecía desde casi 23% a 30,2% (gráfico arriba).

En mayo, la encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa) arrojó 42% de acuerdo vs 32% de desacuerdo con el pacto; por otro lado, 26% no sabía o prefería no contestar (gráfico arriba). Así, había  apenas una primera minoría de apoyo en un marco de opiniones divididas, muy lejos de un consenso mayoritario. En la misma línea, el informe mostraba que sólo 15% creía que el pacto debería firmarse tal como lo proponía el presidente, mientras que 33% se inclinaba por firmarlo luego de que fuera modificado y 29% pensaba que no debería firmarse (gráfico abajo).

En mayo apareció la única encuesta que mostraba un respaldo más amplio: según Isasi/Burdman, 53% estaba de acuerdo con el pacto, vs 34% en desacuerdo (gráfico abajo).

Ese mismo mes estalló la crisis en la provincia de Misiones, en el marco del proceso de ajuste llevado a cabo por la Nación y que en ese distrito (como en otros) impactaba en términos de un recorte de los fondos enviados por el gobierno de Milei. La encuesta nacional realizada por Analogías en mayo detectó que 45,4% de los electores a nivel país creía que el conflicto con la policía y los docentes que sacudió a la provincia mesopotámica podría replicarse en otras, vs apenas 29% que pensaba lo contrario (gráfico abajo).

En junio, Isasi/Burdman midió la crisis de Misiones a nivel país: 53% atribuyó la responsabilidad al gobernador de esa provincia, vs 42% que la cargó en el presidente (gráfico abajo).

¿Es posible mensurar el impacto de la crisis a nivel distrital? Según CB Consultora, entre mayo y junio el gobernador Hugo Passalacqua perdió 5,4 puntos porcentuales de imagen positiva en Misiones, al pasar de 63,4% a 58% (gráfico abajo). En el mismo lapso, la negativa creció de 33,5% a 39,2% (suba de 5,7 pp).  

Según el mismo estudio, a nivel intermensual la imagen positiva de Milei en Misiones cedió de 52,4% a 49,7% (2,7 puntos porcentuales menos; gráfico abajo), mientras que la negativa pasó de 42,6% a 45,7% (un alza de 3,1 puntos porcentuales). 

En ambos dirigentes las variaciones son menores, lo que sugiere que la crisis no tuvo un impacto mayúsculo (o bien que la herramienta de la encuesta no tiene la sensibilidad como para captarla, tal como la elevada imagen de Passalacqua en mayo no permitía anticipar la crisis). En cualquier caso, el presidente salió mejor parado que Passalacqua, lo que confirmaría la tendencia que arrojó la encuesta de Isasi/Burdman en el sentido de que la crisis afecta más a los gobernadores.

Yendo a los datos duros, el monitor fiscal que analiza las transferencias nacionales no automáticas a las provincias arrojó que en mayo de 2024 los distritos recibieron recursos (crédito  pagado) en un monto que implica una caída interanual nominal de 36,3% y una real de 83,3%. Todas las jurisdicciones sufrieron una baja interanual real. Los menores descensos se observaron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-35,5%), Salta (-36,3%) y Jujuy (-53,3%) y los mayores en La Rioja, San Luis, Santa Fe y Chubut (más del 99%; gráfico abajo).

Según la encuesta nacional de Zuban Córdoba realizada a 6 meses de gestión, apenas 30,2% califica de manera positiva la relación de Milei con los gobernadores, en tanto que quienes la perciben de manera negativa son más del doble: casi 66% (gráfico abajo). Eso la ubica como uno de los tres ámbitos de peor valoración del gobierno nacional; sólo el vínculo con el Congreso aparece en una posición más desfavorable.

En síntesis, con el Pacto de mayo, muchos de los gobernadores firmantes corren el riesgo de seguir dándole gobernabilidad a Milei a costa de su propia gobernabilidad en los distritos que administran. 

Esto puede atribuirse a varias razones, pero puede haber una de fondo: quizá no entienden que el juego que juega el presidente no es el que ellos están jugando. 

Como anticipó Ad Hoc en su informe de febrero pasado: “La confrontación no es sólo un arraigo de su personalidad, es su modelo de implementación. Es la competencia, no la cooperación, la que guía la economía y la acción política del Presidente”. Quienes sí parecen entender el juego son los gobernadores que no suscribirán el pacto y que han definido un posicionamiento netamente opositor a Milei, con el bonaerense Axel Kicillof a la cabeza.