El rol del Estado empresario: aproximaciones al caso Vicentín
El coronavirus reconfiguró muchas percepciones acerca del vínculo entre lo individual y lo colectivo y, a la vez, contribuyó a una revalorización de lo público frente a lo privado, en un contexto en el cual la inversión de los Estados a nivel global amortigua la caída de la actividad generada por el Covid-19.
Diversas encuestas aportan evidencia empírica de esas tendencias en la opinión pública: un estudio de la consultora Proyección realizado en abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostró que el Estado era valorado como el tercer actor más importante para el desarrollo del país (47% de las respuestas, por detrás de trabajadores y Pymes; gráfico arriba).
Además, un 60,2% creía que el Estado tenía que tener más presencia y control en la producción y el empleo (gráfico abajo).
Las opiniones se dividen al sondear la posibilidad de una participación estatal en las empresas a las que ayude económicamente durante la pandemia: según RTD, 40% está de acuerdo con esa posibilidad y 47% está en desacuerdo (gráfico abajo).
En cambio, según Métrica Digital, casi 44% acuerda con que el Estado tome participación en las empresas a las que ayuda y casi 36% no acuerda (gráfico abajo).
Respecto a cuál es la mejor fórmula para reactivar la economía argentina, el 52% está a favor de una mayor intervención estatal y 37% se decanta por lo contrario, según RTD (gráfico abajo). Así, un promedio aproximado de estas tres mediciones resulta en una posición “estatista” de 45,3% y una “no estatista” de 43,2%.
Este plexo de creencias sobre el rol del “Estado empresario” es clave para ponderar las tendencias respecto al caso Vicentin. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención del grupo (hecho ya concretado) y el envío de un proyecto de ley de expropiación que se discutirá en el Congreso.
Según la encuesta nacional de consultora CB, casi el 47% de los electores argentinos está de acuerdo con la intervención y 43,6% está en desacuerdo (gráfico arriba).
La distribución de preferencias reproduce, con diferencias estadísticamente no significativas, el caudal obtenido por el Frente de Todos (48,24%) y Juntos por el Cambio (40,28%), respectivamente el pasado 27 de octubre de 2019. En la encuesta nacional de Zuban-Córdoba, casi el 47% considera que la intervención es necesaria y casi el 31% la ve como innecesaria (gráfico abajo).
El grupo tiene una deuda total U$S 1.350 millones, gran parte de la cual fue contraída a través de créditos otorgados en la gestión Macri que hoy están siendo revisados, con el dato clave de que Vicentin fue, al mismo tiempo, el principal aportante privado a la campaña electoral del expresidente. En esa línea, casi el 73% de los argentinos cree que Macri ejerció mucha o alguna influencia en el otorgamiento de esos créditos (gráfico abajo).
Unos U$S 1.000 millones de la deuda corresponden a préstamos bancarios (principalmente, del Banco Nación) y el resto a empresas agrícolas. El Gobierno Nacional argumenta que interviene para rescatar a Vicentin de la debacle financiera (Alemania e Italia lo están haciendo con las aerolíneas Lufthansa y Alitalia, respectivamente), preservar las fuentes laborales y procurar el recupero de las deudas a acreedores estatales y privados. En ese marco, según Zuban-Córdoba, casi 47% cree que el Estado interviene para salvar los puestos de trabajo (gráfico abajo).
En tanto, según CB, el 55,5% cree mucho o algo en la afirmación presidencial de que el gobierno no tiene en mente andar expropiando empresas y 40,6% no le cree nada (gráfico abajo).
En síntesis, el repaso de tendencias respecto a la intervención estatal en las empresas en general y en el caso Vicentín sugiere que el clima de opinión reproduce, con matices, la distribución de preferencias de octubre de 2019: una primera minoría “oficialista” algo por debajo del 50% vs una posición “opositora” con alrededor del 40%. Sólo una medición se desvía de este plexo de regularidades estadísticas: según M&F, el 21,4% aprueba expropiar la empresa y casi 47% lo desaprueba (gráfico abajo). Es probable que el desvío de este dato respecto a la relativa consistencia de los demás se deba a las resonancias que puede evocar el término “expropiación”.
