La historia oficial fue mezquina con Juan Bautista Bustos: lo ninguneó. O, peor aún, lo encasilló del lado de la “barbarie”, que en la lógica sarmientina presenta a los referentes federales como sujetos incultos, violentos y autoritarios.

Autoritarios son quienes no admiten límites a su poder ni toleran opiniones disidentes ¿Puede serlo alguien que gobernó casi una década al amparo de una Constitución que establecía el funcionamiento de los poderes republicanos, garantizaba la libertad de expresión y los principales derechos ciudadanos?

El 30 de enero de 1821, la Sala de Representantes aprobó el “Reglamento Provisorio para el régimen y administración de la Provincia de Córdoba” sobre la base del proyecto elaborado por los doctores José Gregorio Baigorrí y José Norberto de Allende. Sus 30 capítulos abarcaban una amplia gama de materias y, entre otras cosas, consagraba la división de poderes, el voto ciudadano, garantías y libertades individuales y el derecho al trabajo y la cultura. Las disposiciones económicas propiciaban el desarrollo de la agricultura y las actividades artesanales, en armonía con el resto de las provincias. Una pieza jurídica adelantada para su tiempo, una verdadera Constitución como no hubo otra en el país hasta 1853.

Para que la libertad de expresión no fuera letra muerta, Bustos trajo a Córdoba una segunda imprenta —no la había desde tiempos coloniales— y muy pronto brotaron periódicos, folletos y papeles de toda clase, a favor y en contra del gobierno, que fecundaron el debate político de ese tiempo controversial del país en ciernes. Se ocupó de la educación: modernizó la Universidad, descuidada desde que había pasado a manos provinciales, y creó la Junta Protectora de Escuelas para llevar la instrucción primaria a todo el ámbito provincial. Mejoró el sistema rentístico, organizó la Justicia y ordenó el funcionamiento administrativo provincial.

Federal a ultranza, defendió la autonomía provincial, bajo la impronta de la unión, el equilibrio regional y la organización nacional, poniendo a Córdoba en el meridiano político del país. Fue uno de los pocos contemporáneos que le tendió su mano a José de San Martín, mientras que el gobierno porteño le dio la espalda, impidiéndole concluir la campaña libertadora en el Perú.
Queda flotando la pregunta mordaz: si Bustos no era autoritario ni violento; si, como quedó plasmado en el Reglamento de 1821, creía en la libertad, el valor de la educación, el ejercicio de la soberanía popular y el orden legal y no descuidó la economía ni la administración, ni incurrió en casos sospechados de corrupción, ¿por qué se lo condenó al olvido, aún entre los cordobeses, su pueblo? ¿Por qué durante años generaciones enteras le dieron la espalda, sin reconocerle esos méritos? 

Es hora de hacer justicia y recuperar su memoria, porque Bustos es Córdoba.