Hoy nuevamente en el Senado de la Nación, se dirimirá el debate sobre el aborto en el marco de las reglas de la institucionalidad argentina. Por segunda vez desde 2018, en un proceso democrático, del cual puede hacer gala el pueblo argentino, llega a la cámara alta un proyecto que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Durante la sesión de hoy, los senadores y senadoras expondrán un amplio abanico de argumentos para acompañar o rechazar el proyecto en discusión. Confío en que, en virtud del camino recorrido por este debate en nuestra sociedad, se eleve la calidad del mismo en el recinto: no se discute sobre posiciones o creencias personales, sino sobre un problema de salud pública y la responsabilidad de brindar respuesta ante una situación de lamentable abandono de miles de mujeres que cada año toman la decisión de interrumpir su embarazo en la clandestinidad.

Desde la campaña salvemos miles de vidas, junto a otros/as profesionales, buscamos dar visibilidad a esta problemática, con la que recurrentemente nos hemos encontrado en nuestras experiencias laborales. Nos guste o no, hay mujeres que deciden no continuar con su embarazo y las consecuencias de la clandestinidad que entraña actualmente dicha decisión, las vivimos en nuestra práctica diaria, las padecen esas personas gestantes y sus familias, las asiste el Estado cuando ya es demasiado tarde, o cuando las consecuencias insumen una cantidad de recursos y una carga sobre el sistema de salud, que podría ser evitada.

El proyecto que se discute hoy en el Senado busca subsanar esa situación brindando condiciones de legalidad, seguridad y gratuidad a quienes deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, aceptando su decisión, garantizando un derecho, evitando la muerte de mujeres que, en general, corresponden a los segmentos de menores ingresos de nuestro país.

No obstante, también propone mejorar las condiciones en las que las personas gestantes atraviesen dicha etapa aumentando la protección social y el acompañamiento durante el embarazo, el puerperio y los primeros 3 años de vida del recién nacido/a, a través del Plan de los 1000 dias.

Por su parte, para el Estado representa la posibilidad de tener registro e información confiable que permita el diseño de políticas públicas activas para prevenir maternidades forzadas, organizar y hacer más eficientes el uso de los recursos, estudiar y mejorar el diseño de las estrategias de planificación familiar, el derecho al acceso de la salud sexual y reproductiva, entre otro amplio espectro de oportunidades que el prohibicionismo cercena.

Se propone entonces, una discusión integral sobre las condiciones de las personas gestantes y sobre el rol del Estado ante un problema sanitario. Mucho esfuerzo ha insumido de parte de colectivos de mujeres, sociedades científicas, trabajadores y trabajadoras de la salud, la dirigencia política y un sinfín de espacios de nuestra sociedad que desde hace años trabajan activamente por dar visibilidad a este conflicto y por construir propuestas a la altura del mismo. Es necesario que todo este esfuerzo sea acompañado por los senadores y senadoras desde la cabal comprensión de lo que hoy se debate, desde una profunda responsabilidad institucional y desde el compromiso con brindar respuesta a los problemas reales que aquejan a nuestra sociedad. Aborto legal, seguro y gratuito o aborto clandestino, esa es la discusión. Senadores y Senadoras, hagan historia.