El gobierno nacional desgasta aceleradamente su capital político, como analizamos la semana pasada, lo que impone la pregunta de cuál es la tolerancia social ante el ajuste que lleva adelante la gestión que hoy cumple su primer mes. Según la última medición de Taquion, las actitudes están divididas: 25,4% de los electores sólo tolera entre 1 y 2 meses, casi 30% entre 2 y 6 meses, 28% entre 6 meses y 1 año, apenas 10,2% más de 1 año y casi 7% más de 2 años (gráfico arriba). Así, un cuarto del total ya está a pocas semanas de agotar su paciencia; si se acumula ese segmento con inmediato siguiente surge un 55%, lo que sugiere que la posibilidad de una crisis manifiesta no va más allá del primer semestre de 2024.

En la reciente encuesta de Giacobbe (gráfico arriba), el panorama es más crítico: casi 35% dice que no puede resistir nada. Un 17,5% estira la tolerancia hasta 6 meses; nuevamente, más de la mitad (52,2%) agotaría su paciencia no más allá del primer semestre de 2024. Por otro lado, casi 15% dice que toleraría 1 año, casi 11% 2 años, apenas 2% hasta 3 años y 19,4% hasta 4 años. La primera minoría intensa muestra tolerancia nula y se ubica en el mismo orden de magnitud del voto obtenido por Unión por la Patria (UP) en octubre pasado (36,78%), mientras que los dispuestos a aguantar todo el mandato están muy por debajo del caudal que obtuvo Milei en las primarias de agosto y la primera vuelta de octubre (casi 30%).

Según la última medición de Trespuntozero, casi 43% de los electores tiene una tolerancia máxima de 6 meses para que el plan económico muestre resultados, guarismo que se ubica en el orden de magnitud del caudal de UP en el ballotage (44,3%). Un 40,6% podría aguantar entre 6 meses y 2 años, y casi 7% estira la paciencia hasta más de 2 años (gráfico arriba). Aquí hay relativa paridad entre una primera minoría cortoplacista y un segmento con aguante a mediano plazo, pero aun así el primer semestre de 2024 marca un umbral crítico para la gestión.

Esa baja tolerancia social tiene un principio de explicación en las percepciones relativas al impacto de las medidas del gobierno. La última encuesta de Circuitos reportó que 36,1% de los electores cree que los más beneficiados son los grandes empresarios, lo que se corresponde con el caudal de UP en la primera vuelta. Luego, 26,1% no sabe, 17,1% cree que se beneficia los trabajadores y 13,5% identifica a la casta política; sólo 7,2% cree que se benefician Pymes y comerciantes (gráfico arriba).

En cambio, según Circuitos, los afectados sí se perciben con nitidez: 61,5% identifica a los trabajadores, apenas 14,4% a la casta política y 12,5% no sabe; luego, casi 4% responde que son los grandes empresarios y casi 8% Pymes y comerciantes (gráfico arriba). Esto pone de manifiesto un costo social del ajuste distribuido de manera muy asimétrica.

Consistente con eso, según la última encuesta de Zuban Córdoba & Asociados casi 52% de los electores se siente afectado por los anuncios del gobierno y no apoya a Milei, vs 38,2% que se siente afectado pero mantiene su apoyo; por fuera de esa polarización asimétrica, hay dos minorías en torno al 4% con actitudes marginales, una que no se percibe afectada pero de todos modos no apoya al presidente y otra que no se percibe afectada pero sostiene el aguante (gráfico arriba). En cualquier caso, 56,1% le baja el pulgar a la gestión vs 43% que acompaña, lo que invierte el resultado del ballotage en sentido desfavorable al presidente electo en esa instancia.

Finalmente, el costo político del ajuste permea de manera negativa en la aprobación: casi 44% aprueba al gobierno, vs 55,4% que lo desaprueba (gráfico arriba). Nuevamente, el resultado de la segunda vuelta se invierte, lo que confirma que la legitimidad de origen de Milei como presidente electo fue erosionada en el primer mes de mandato y que la legitimidad de ejercicio no se corresponde con el resultado de noviembre pasado.